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Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.
Si la urbanización del piedemonte continúa al ritmo que en los últimos años, el impacto sobre ese territorio aumento entre 2 y 7 veces. Foto: Ariella Pientro.
Verónica Gordillo
Publicado el 12 DE FEBRERO DE 2019
A los largo de los 1244 km2 que conforman el piedemonte viven 10 mil familias, y si continúa el avance urbano al ritmo de los últimos años, el impacto sobre ese territorio y aguas abajo se multiplicará entre 2 y 7 veces, entre otros aspectos porque el agua corre a mayor velocidad. Este es uno de los resultados del informe que lideraron profesionales del Instituto Nacional de Agua (INA) y que fue la base para que el Ejecutivo frenara por un año la aprobación de emprendimientos.
La decisión del gobernador Alfredo Cornejo de firmar el decreto en el que estableció la emergencia ambiental del piedemonte, y suspendió las autorizaciones para construir en la zona por 12 meses, generó ruido en las comunas, entre los empresarios y especialmente entre los vecinos, muchos de los cuales sienten una gran incertidumbre respecto de su situación.
Ese ruido se trasladó al séptimo piso de Casa de Gobierno, donde el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, presentó los resultados del informe. En medio de los cuchicheos de los presentes que colmaron la sala, el funcionario repitió la razón que los llevó a tomar la decisión. Dijo que por más de 30 años la urbanización del piedemonte se hizo de modo desordenado, que muchos gobiernos se hicieron los desentendidos y que en ese desorden los que más se beneficiaron fueron algunos privados, que vendieron condominios sin las autorizaciones en regla, sin servicios, sin realizar obras indispensables de contención aluvional.
Cornejo paralizó las construcciones en el Piedemonte
El Gobernador decretó la emergencia ambiental en esa zona por el impacto negativo que están generando los emprendimientos inmobiliarios. La decisión tiene como sustento un informe del Instituto Nacional del Agua sobre riesgos aluvionales. Bronca de ...
En este sentido, el funcionario comentó que paralizaron 15 proyectos hasta tanto regularicen el papeleo, y que responsables de sólo 5 de ellos se acercaron para intentar completar la documentación.
Mingorance puso el foco en las 10 mil familias que habitan en la enorme extensión de terreno que pasa por Capital, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo, y que luego del anuncio sintieron una gran incertidumbre e incluso fueron a las comunas para saber qué debían hacer. Aseguró que en agosto tendrán lista la zonificación del territorio, es decir que sabrán qué se puede hacer en ese territorio, dónde se podrá construir, dónde no y cuáles serán las condiciones.
Si bien aceptó que hay vecinos que están asentados en áreas de peligrosidad aluvional, dijo que son los menos y que ni bien determinen quiénes están en la zona roja, comenzarán a trabajar con ellos. Además pidió a los ciudadanos que se abstengan de comprar un terreno en la zona, y a los que iban a comenzar a construir, que no lo hagan.
Piedemonte: apoyan freno de obras pero advierten falta de consenso
Así opinó el director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas, Alberto Molina. Dijo que la decisión es positiva, pero que faltó acuerdos y que no está claro cómo seguirá el proceso.
La lupa sobre el piedemonte
Víctor Burgos, profesional de INA y quien coordinó el estudio “Evaluación de Amenazas Aluvionales en el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”, presentó los resultados del mismo, que entre otros aspectos analizó los riesgos aluvionales y los impactos de las actividades existentes en la zona. Además, se plantearon acciones y propuestas concretas para mitigarlos.
Burgos recalcó que el piedemonte es de propiedad eminentemente privada, ya que el Estado tiene contados espacios: Divisadero Largo, el Parque General San Martín y el camino del ingreso al Cerro Arco.
El profesional comentó que el punto de partida del informe fueron las 22 cuencas y las 199 subcuencas que hay en la zona, que se extiende desde el Cerro La Cal, camino a Villavicencio; hasta el Cerro Bueyes, en Agrelo. Trabajaron con información geográfica de base, con datos de hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos e hicieron un análisis en el que contemplaron el escenario actual y futuro en cuanto a las urbanizaciones. Con base en 13 variables realizaron un mapa de amenaza aluvional, en el que determinaron cuándo considerar a un sector de alta, de media y baja peligrosidad.
La urbanización le gana a la ley en el piedemonte
Lo afirmaron representantes de las comunas y de organismos oficiales. Profesionales del Ejecutivo y el INA evaluarán las amenazas aluvionales en la zona.
Zonificación
Teniendo en cuenta los resultados del estudio, es que la vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, explicó que representantes de todos los organismos y comunas que tengan relación con este territorio comenzarán a trabajar en la zonificación del mismo, para determinar qué actividades se permitirán, cuáles se prohibirán y las exigencias que se deberán cumplir para cada actividad.
El trabajo de esa comisión será clave para las familias que habitan la zona, porque determinará quiénes viven en zonas de alto peligro, por lo que será necesario trasladarlos, y quienes lugares de riesgo medio, donde es imprescindible realizar obras de contención aluvional.
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