El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, funcionarios de esa cartera y el titular de la ATM, Claudio Gil, explicaron a diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales los alcances del acuerdo celebrado entre la provincia y la petrolera YPF, que contempla distintos aspectos impositivos y técnicos.

Uno de los puntos incluidos en el Acuerdo transaccional es el pago de 150 millones de pesos por parte de YPF en concepto de diferencias en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de producción de crudo y gas natural y a la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público; a las diferencias en cuanto a la liquidación del canon por renta extraordinaria, y diferencias en el ajuste por inspección.

Sin embargo, el acta complementaria tiene tres partes, según explicó Zandomeni. Una de ellas es el “convenio transaccional”, “otra parte que tiene que ver con la exploración, y otra parte que tiene que ver con los no convencionales”, pero el decreto “lo que aprueba es el temario para trabajar en política energética, justamente con una empresa que nos da el 82 % de las inversiones de Mendoza y produce más del 60 % del petróleo y gas en Mendoza”.

Por su parte, Gil dio detalles respecto del acuerdo transaccional y expuso que hay un marco previo, que es que YPF estaba “bajo inspección, bajo fiscalización, desde hacía más de dos años debido a una situación real que era que la empresa presentaba una nota administrativa, donde colocaban que pagaban el 2 % de alícuota de Ingresos Brutos amparándose en el Acuerdo Federal Fiscal donde decía que tenían el 2 % de techo, y que la Ley Impositiva, del año 2012 hasta el 2014, en la provincia de Mendoza fue variando la alícuota”.

“Por eso teníamos abiertas fiscalizaciones, que estaban en trámite, y cuando nos convocan para analizar este tema técnico”, se determina “cuánto era el valor que estaba incluido dentro de esa deuda que tenía YPF, además de otros ajustes que tienen que ver con la inspección, que son técnicos”. “Entre los dos conceptos” se llega “a un valor de 137 millones de pesos y luego tenemos todo lo que tiene que ver con regalías petrolíferas” y la renta extraordinaria, acotó.

A su turno, el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien encabezó la reunión, hizo referencia a la adenda por la cual se estipula como fecha de aprobación legislativa el próximo 31 de agosto, manifestando que existe la posibilidad de extender ese plazo hasta fines de setiembre.

La información ofrecida por Zandomeni y su comitiva no convencieron a los legisladores de la oposición.

En tanto, desde la oposición, el diputado Jorge López (UCR), consultó acerca del “monto que la provincia debería demandarle o cobrarle a YPF”, a lo que el director de la ATM respondió que el artículo 43, inciso b) del Código Fiscal, “permite al Poder Ejecutivo poder hacer quitas” y que “este acuerdo transaccional” “tiene que ver con que ha pagado todo el capital de las deudas que existían y no existe ninguna otra inspección hasta este período de junio de 2014. Solamente está en discusión una parte que tiene que ver con el petróleo que se utiliza para los subproductos. Todo lo demás está incluido”.

Asimismo, Martín Kerchner (UCR) preguntó sobre el monto que tenía previsto reclamar la provincia al momento de sentarse a la mesa de negociación, a lo que Gil dijo que “no había un monto cerrado”. “Sí había un monto de capital, que es lo que se incluyó en el convenio”. También consultó sobre el porqué de la demora del Poder Ejecutivo en remitir a la Legislatura el convenio, a lo que Tanús contestó que fue una “decisión  política”, “porque hubiera sido rechazado por la Legislatura y la provincia había firmado un convenio con la Nación y con YPF en este caso”.

“Claramente el radicalismo, la izquierda y el Partido Demócrata estaban en contra del acuerdo que firmó el gobernador”, por lo que si se enviaba el decreto para su ratificación “hubiera sido rechazado”, añadió. Ahora, expresó, se trata también “de dar un marco de legalidad” con el fin “no de presionar” sino “para que evalúe el radicalismo si hay que posponer el convenio”. “Son aspectos que el futuro gobierno deberá renegociar con YPF si no tiene ratificación esto, pero sí debe posponerse para darle esas herramientas al gobierno que entra”. “El rechazo sería malo para Mendoza”, subrayó.

Ambas comisiones legislativas acordarán nuevos encuentros con funcionarios del Ejecutivo para continuar analizando la temática.

Escuchá la palabra de Zandomeni de la mano de la periodista Noelia Delgado para Radio Universidad.