El juez comercial Javier Cosentino determinó este viernes que YPF quedará a cargo de la operación de la petrolera Oil Combustibles por los próximos dos meses y que luego tendrá prioridad de compra para quedarse con la empresa. El magistrado resolvió "adjudicar a Destilería Argentina de Petróleo S.A. e YPF S.A. la gestión de la empresa en marcha de Oil Combustibles S.A.", según consta en el fallo de 17 páginas que emitió hoy.

Al elegir a YPF y Dapsa, el juez Cosentino ponderó que fueron los únicos oferentes que propusieron hacerse cargo de todo el personal, el pago de los sueldos y que podían garantizar la continuidad operativa de la empresa. 

"Dapsa e YPF garantizan, sin condicionamientos y asumiendo el riesgo de la operación, el abastecimiento de la `totalidad´ de la red de estaciones de servicio de bandera Oil con combustibles de calidad", sostuvo el juez. "Propusieron afrontar en forma directa el abastecimiento exclusivo de combustible de la totalidad de la red de estaciones de servicio de bandera de Oil, garantizando la disponibilidad de productos de la más alta calidad, a precios de mercado y en condiciones de competitividad para los operadores de estaciones de servicio, tomando a su cargo el riego de la operación comercial", remarcó el juez.

Además, YPF ofreció pagar 3,3 millones de dólares por mes para la administración de la empresa, lo que permitirá pagar los sueldos de todos los trabajadores, una situación que no estaba prevista en las otras propuestas.

A criterio del juez, la oferta de YPF y Dapsa superó a las realizadas por Trafigura, Vitol, Lukoil y la cooperativa de trabajadores de la refinería de San Lorenzo. Asimismo, el juez Cosentino les otorgó a YPF y Dapsa "el derecho de igualar la mejor oferta de compra de un tercero que pueda presentarse" ante el llamado a licitación que se realizará en los próximos meses, por lo que esas empresas estarían cerca de quedarse con Oil de manera definitiva. 

Oil Combustible le pertenecía al empresario Cristobal López, quien se encuentra detenido en el marco de una causa en la que se lo investiga por no haber rendido al fisco 8000 millones de pesos recaudados a través del impuesto a la transferencia de combustibles.