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21 DE NOVIEMBRE DE 2024
Alicia Ramos es Directora de Investigación y Producción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la dependencia del Estado que –Ley de Medios mediante– reemplaza al antiguo COMFER en la aplicación de multas a la radio y la televisión. Es parte del equipo que llegó al organismo junto con Martín Sabbatella en octubre del 2012. En esta nota se refiere a las razones por las que hasta ahora se realizaron tan pocas multas sobre violencia mediática, cómo achicar los tiempos sancionatorios y cómo abordar la transformación cultural de una sociedad patriarcal más allá de la sanciones.
Imagen Ilustrativa
En lo referido a sanciones, y acá hablo por el Área de Fiscalización, encontramos que había algunas sanciones vinculadas a violencia de género, pero en realidad no en la dimensión en que los medios infringen estas cuestiones. Entonces, en conjunto con la Dirección de Evaluación, pensamos en una estrategia para capacitar a los fiscalizadores del organismo, que son quienes detectan infracción en la observación de la radio y la televisión. Y la primera capacitación con la que arrancamos es la de violencia de género, que ya se hizo. La dictamos también para el Área de Evaluación, que son las personas que evalúan ese material que estaría en infracción y que les derivan desde Fiscalización.
¿Cómo resultó la evaluación?
Fue una sorpresa encontrar que quienes fiscalizan tenían muy claro qué es la violencia de género, no es que les faltaba mirada crítica. Pero quizá había confusión en la forma que adquiría esta infracción: muchas vulneraciones de derechos vinculadas a la violencia de género estaban pasadas en los partes como infracciones al artículo 68, que tiene que ver con la protección de la niñez. Entonces, en la capacitación enfatizamos la necesidad de visibilizar específicamente el cumplimiento de los artículos 70 y 71, vinculados a la Ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia. Y ahora tenemos previstas dos capacitaciones más: en el tema de niñez y adolescencia y en discriminación en general.
¿Registraron cambios en la tarea de quienes fiscalizan y evalúan a partir de estas capacitaciones?
Sí, hubo cambios, aunque son muy recientes porque la capacitación fue hace un mes. Pero estuve mirando los partes de evaluación y noté que hay más visibilización de la violencia específica de género. También empezamos a tener más reclamos desde la sociedad en el Observatorio, específicamente vinculados a violencia de género, muchos sobre publicidad. El más relevante fue el de Baby Etchecopar de hace unas semanas, ese fue un caso que tomamos desde el Observatorio a partir de una denuncia que nos llegó.
¿Con qué creés que se vincula el aumento de denuncias sobre violencia mediática desde la sociedad civil?
Yo creo que tiene que ver con la intervención de las redes sociales, sobre todo en el caso de las publicidades. Así nos llegó al Observatorio el reclamo por la campaña Perdón, de Schneider, debido a los afiches de vía pública. A partir de esa denuncia, subimos a nuestra página web un comunicado repudiando el afiche, aunque no era nuestra área, ya que no se trataba de radio ni televisión. Y ahí la empresa se comunicó con nosotros y bajaron campaña en 24 horas.
¿Cómo argumentaron una campaña tan misógina?
Dijeron que había sido un error, que habían intentado utilizar el humor y que por ignorancia les pasó esto.
El argumento del humor para encubrir la misoginia ya no tiene validez.
Justamente, desde el Observatorio estamos haciendo un informe que se llamará algo así como El humor envejece, y que intentará explicar que en estos años de conquistas legales para las mujeres hay muchos temas que ya no nos causan gracia. Nos parecen agresivos y violentos. El caso Etchecopar en ese sentido fue paradigmático: no hay recurso válido para discriminar a las mujeres, ni el humor ni la parodia.
¿Baby Etchecopar fue citado por el Observatorio?
Lo citamos y no vino.
El sistema de sanciones que prevé la Ley de Medios es muy lento. Pueden pasar años desde que un programa comete una infracción y el momento en que la pena se hace efectiva. ¿Están trabajando en disminuir esos plazos?
Sí, estamos viendo con el Área de Sumarios cómo la multa puede llegar antes en lo que depende de los trámites administrativos dentro mismo de AFSCA. Después está la posibilidad de descargo de las productoras ante Jefatura de Gabinete y ante la justicia ordinaria, que ya no depende de nosotros. También estamos implementando otras cosas. Por ejemplo, hace unos meses hubo un suicidio de una maestra en las Cataratas. A nosotras nos avisó una periodista que esta imagen estaba en Internet y que estuviéramos atentas, porque seguro iban a empezar a pasarla en los medios, y al ratito ya estaba en C5N y en canal 23. Entonces inmediatamente se les comunicó a esos canales que ya tenían una presunta infracción económica por esa difusión que estaban haciendo, y esto fue absolutamente efectivo, la pasaron un solo día. Pero debemos ser cuidadosos con esto, porque hay un margen muy estrecho para que no lo tomen como censura.
¿Qué desafíos visualizás en la tarea de AFSCA para erradicar la violencia mediática?
No hay una sola tarea, creemos que hay que ir por todas las acciones para desnaturalizar las prácticas instaladas. Tenemos una herramienta muy valiosa que es la Ley de Medios y debemos acompañarla con gente que produzca y que mire en sintonía con el enfoque de derechos. El megaobjetivo que nos proponemos es comenzar a desnaturalizar las prácticas vinculadas al humor, a lo que es violento, y marcando que la Ley es amplísima en términos de derechos pero que hay que militarla y hacerla conocer.
¿Qué piensan hacer en relación a lo que no son específicamente sanciones, y que tiene que ver con cambios estructurales y culturales vinculados a la forma en que la sociedad concibe la radio y la TV, y que hasta ahora fue con un alto grado de misoginia?
En principio, seguir trabajando con el Observatorio y con los informes que hacemos desde este organismo. Acaba de lanzarse un Observatorio similar en Santiago del Estero. Creemos que a medida que se problematicen estas cuestiones, la tarea de estos organismos se revitaliza y eso nos permite llegar a otros lugares. Por otra parte, estamos dando charlas en escuelas primarias y secundarias y tenemos un espacio en una cátedra del Instituto Superior de Publicidad. También estamos pensando campañas, pero eso está en galera todavía. Y en reuniones que comenzamos a tener con directivos de canales –a raíz del artículo 66 de la Ley sobre accesibilidad para personas con alguna discapacidad–, nos solicitaron capacitaciones para los productores, arrancamos a fines de mayo con canal 9.
¿En qué temas están pidiendo ser capacitados los canales?
En todo tipo de discriminación, no sólo hacia las mujeres. Y están todos los canales interesados.
AFSCA debe implementar que los medios privados firmen el Acuerdo Compromiso para el Desarrollo de una Sociedad con Equidad de Género, que ya firmaron los medios del Sistema Público en noviembre. ¿En qué estado está esto?
Tienen interés en firmarlo pero aun no hay nada concreto. En las reuniones que estamos teniendo con los directivos nos queda claro que quieren infringir lo menos posible.
¿Por la multa económica o por la sanción social?
Por las dos cosas. Creo que saben que AFSCA mira y está presente. Una empresa de publicidad nos trajo a una reunión el detalle de los artículos de la Ley que saben que no deben infligir.
En lo específico de violencia mediática, el tema es que sepan qué es la discriminación específica de género.
Claro, pero yo creo que hay más ignorancia que voluntad de misoginia. La Ley 26485, lo mismo que la 26061 de Protección de la Niñez, son leyes que hay que hacerlas conocer, hay que militarlas, para que sean respetadas, para que se conozcan los derechos que protegen.
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