Los cinco proyectos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir el próximo 1ro de marzo en la Justicia Nacional, fueron convertidos en ley esta medianoche con los votos del Frente para la Victoria y sus bloques aliados, y rechazo casi total de la oposición.

El kirchnerismo consiguió sancionar el paquete legislativo tras un maratónico debate de ocho horas, donde también logró aprobar un régimen para la designación de jueces subrogantes para tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, el oficialismo cerró el capítulo iniciado con la sanción de la reforma procesal penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la facultad de investigar.

Este modelo, ya adoptado por muchas provincias, permite mayor oralidad y participación de las víctimas en el proceso, entre otros avances.

Las iniciativas sancionadas este jueves corresponden a una norma de implementación del Código Procesal Penal de la Nación; nuevas leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; una ley de “organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal”; y modificaciones al Código Penal sobre diversas causales de suspensión del juicio a prueba.

Las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1ro de marzo del año próximo, si bien la versión original del proyecto contemplaba la implementación este mismo año.

La oposición volvió a concentrar sus críticas en la reforma del Ministerio Público Fiscal, al advertir que la propuesta oficial le otorga demasiadas atribuciones a la Procuraduría General, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.

Otra de las reiteradas objeciones fue que el proyecto no establece la fecha de la puesta en marcha del nuevo Código en la Justicia Federal, que contiene los delitos complejos como narcotráfico, corrupción y trata de personas, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Graciela Giannettasio (FpV) cuestionó a la oposición por centrar sus críticas a la nueva Ley de Ministerio Público en la figura de Gils Carbó, acusada de designar fiscales “afines” al Gobierno.

Al abrir la discusión, Giannettasio advirtió que “el núcleo” de las críticas de los bloques opositores “no está puesto en el Ministerio Público ni en la redacción de la norma, sino en la persona que lo ejerce”.

“Tratar de deslegitimar la discusión por alguien en particular no me parece en absoluto honesto”, consideró la miembro informante del oficialismo, aunque aclaró: “yo no tengo que defender a nadie y a nadie blindaría ni blindé nunca”.

La bonaerense, que además integró la comisión bicameral que estudió la implementación de la reforma procesal penal, indicó entonces que “si privamos a la gente de un factor que la empodera no vamos a poder tener justicia”.

Por eso, negó que “con estas leyes se vote el blindaje” al poder y alertó que “hay gente en el recinto que quiere que este gobierno no termine en paz”. “Algunos quieren que no haya acceso a la justicia para todos y lo demuestran de distintas maneras”, insistió.

La posición del radicalismo fue resumida por Manuel Garrido, quien denunció que con la nueva Ley del Ministerio Público “estamos generando un organismo sin frenos y contrapesos básicos en una democracia”.

“Estamos estableciendo una monarquía dentro de nuestro sistema democrático: no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo”, explicó el legislador.

Según advirtió durante la sesión, la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, “tendrá libertad de acción sin rendición de cuentas, poniendo y sacando fiscales sin los debidos procesos”.

Juan Carlos Zabalza, presidente del bloque socialista, aportó también que “no tiene lógica que los fiscales de distrito sean designados a dedo por el procurador, porque tienen gran poder en la asignación de causas y en la facultad de decidir cuándo se desestima una acción penal”.

Por su parte, Pablo Tonelli (Unión Pro) se opuso a las leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal y de organización del Poder Judicial, al asegurar que “violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” ya que todavía no se hizo efectivo el traspaso de la Justicia Nacional.

La camporista Anabel Fernández Sagasti recogió el guante y explicó que dicho traspaso “se paralizó” por la falta de aceptación de un tercer convenio con la Nación por parte de la Legislatura porteña, ya que “reclaman el traspaso con los cargos y el presupuesto”.

“¿Por qué todas las demás provincias tenemos que hacernos cargo de nuestra Justicia y todos los argentinos tenemos que pagar la Justicia de la Ciudad cuando se traspase?”, se preguntó la mendocina.

De todos modos, fue Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien encabezó las críticas más duras hacia la oposición, a la que acusó de “hundir a la democracia”.

Conti tildó de “ridícula, mezquina e intolerable la campaña difamatoria de la oposición junto con el diario La Nación y el monopolio, de que queremos cooptar a la Justicia y buscamos impunidad”.

La legisladora sentenció que los argumentos de la oposición para oponerse a los proyectos de aplicación del nuevo Código obedecen a una “cuestión política”.

“Es una oposición que no puede caminar y construir territorio, entonces busca los estrados judiciales para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos”, disparó la kirchnerista.

En tanto, Margarita Stolbizer (GEN) señaló que “no es bueno tener leyes con la mitad del Congreso” ya que “le quita legitimidad al resultado”. “Necesitamos una reforma basada en el consenso”, apuntó.

La precandidata presidencial se sumó a las críticas contra “el poder absolutamente ilimitado y la enorme discrecionalidad de la Procuración para la asignación de funcionarios y la asignación de casos a esos funcionarios”.

Además, Stolbizer advirtió que “hay un objetivo de urgencia en la posibilidad de disponer el nombramiento de más de 2300 funcionarios antes de la finalización de este gobierno”.

Al encabezar el cierre por el Pro, el jefe del bloque, Federico Pinedo, sentenció que “esto es un vergonzoso camino de impunidad” y agregó que “el Gobierno propone que aprobemos varias leyes que le permitirían al kirchnerismo designar arbitrariamente a los jueces y a los fiscales”.

“Lo que no tienen en cuenta es que el derecho a tener fiscales y jueces imparciales, de la ley y no del poder, es del pueblo y los políticos no pueden arremeter contra esto, buscando impunidad de forma abierta o encubierta”, remarcó.

El vicepresidente del bloque de diputados oficialistas, Pablo Kosiner, fue el encargado de cerrar el debate y reivindicó la reforma impulsada por el kirchnerismo para “democratizar” el Poder Judicial.

“Seguimos reivindicando la reforma de la Justicia y la necesidad de democratizarla cada vez más”, enfatizó Kosiner, y en este sentido insistió en que “los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos por la voluntad popular”.

El salteño pidió además “dar el debate para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias”, sobre lo cual tiene presentado un proyecto de ley.

Cómo fue la votación

Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación: 133 votos a favor, 81 votos en contra y 3 abstenciones (Myriam Bregman, Pablo López y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda).

Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal: 130 votos a favor y 88 votos en contra.

Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal: 130 votos a favor y 88 votos en contra.

Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa: 163 votos a favor y 55 votos en contra.

Modificaciones al Código Penal sobre extinción de la acción: 187 votos a favor, 29 votos en contra y 2 abstenciones (Nicolás del Caño y Myriam Bregman).