Qué pasa si decís 'no' a la política de privacidad de WhatsApp: cronología de una postergación

Sociedad

La medida se tomó después de que el Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Comercio Exterior y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, presentaran ante la Justicia una cautelar solicitando a la compañía que se abstenga de limitar el funcionamiento de la aplicación.

Bello también aclaró que la nueva actualización "no supone compartir más información entre WhatsApp y Facebook" y está vinculada a informar al usuario que en los canales de conversaciones que mantenga con empresas y entidades públicas podrá intervenir "un tercero" o "desarrollador" que "gestionará" esa comunicación. "Se trata de un canal adicional, no reemplaza nada. Es una opción para que empresas puedan tener un canal de atención complementario, pero si el usuario decide no utilizarlo, esto no tendrá efectos sobre su cuenta", aclaró Bello, y aseguró que funciona como "un call center más", como "ir a la oficina comercial para ser atendido o llamar por teléfono".

El presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia, Rodrigo Luchinsky, dio detalles sobre la presentación de la medida cautelar al hablar en segundo turno ante los senadores de la comisión. Consideró que "merece una investigación más profunda" la potencial recopilación de información que WhatsApp compartiría con otras empresas del grupo.

"Habría que determinar en qué medida está contenida en la letra chica de las políticas de privacidad y condiciones de servicio", declaró el funcionario sobre la explicación brindada por el representante de WhatsApp.

Bello explicó, tras la intervención de Luchinsky, que la actualización de una política de privacidad "no tiene efectos de competencia porque no tiene efectos de mercado",. Aseguró también que la empresa "colecta muy pocos datos de los usuarios".

En último término expuso Martín Becerra, investigador del Conicet, trazó un balance general sobre la situación de posiciones dominantes de este tipo de compañías a nivel global. Becerra mencionó la "incapacidad de los países de adaptar marcos legales al funcionamiento de plataformas digitales globales" y "la obligación de radicación legal de las compañías que ofrecen servicios en una jurisdicción determinada".