En una entrevista con Unidiversidad Noticias, Marisol Calustro expuso su versión de los hechos del 5 de mayo, luego de que su esposo Walter Villca fuera detenido esa noche por ser el presunto autor del robo a mano armada de una camioneta en Godoy Cruz. Asimismo, detalló la discriminación institucional que sufrieron al momento de acudir a la defensoría oficial, dado que la familia no posee los recursos económicos necesarios para pagar un abogado privado.

El episodio ocurrió el jueves 5 de mayo cuando Calustro estaba tendiendo la ropa en el patio de su casa. Aproximadamente a las 23.00, Marisol advirtió que había una persona arriba del techo vestida de civil y que, además, portaba un arma. Ante tal situación, la mujer ingresó a su domicilio rápidamente por miedo. “Yo pensé que era un robo”, aseguró la esposa de Villca.

Frente a la negativa de la familia de abrir la puerta, los uniformados violentamente ingresaron golpeando la puerta de la cocina. “Le echaron gas pimienta a mi esposo en la cara porque nosotros no les abrimos en ese momento, porque nos resistimos a abrir la puerta”, sostuvo Calustro. Antes de ingresar al domicilio ubicado en Guaymallén, la mujer de origen boliviano asegura recordar que los oficiales la amenazaron diciéndole que le iban a romper la casa.

“No sabíamos qué pasaba, ninguno nos decía nada”, continuó relatando. Posteriormente, les exigieron a todos que se tiraran al suelo, incluso a su hijo menor, no sin antes cometer abuso de autoridad sobre este último. “A él le metieron dos cachetadas”, afirmó su madre.

Luego de este mal momento, Marisol les pidió la orden de allanamiento a los policías. Pero se quedó sorprendida con la respuesta que recibió, ya que “no tenían ningún papel”. Recién a la hora, los uniformados le presentaron la orden que según ellos les fue enviada por fax.

“Ellos me dijeron que nunca hacían un allanamiento a esa hora, que siempre el allanamiento se hacía de día pero como en este caso fue el robo de un vehículo a las 19.40 en Godoy Cruz, ellos vinieron como encontraron la patente”, dijo Calustro. “No trajeron ningún perito –prosiguió sus dichos– ni policía científica para saber si era él o no”.

“Es una discriminación porque somos bolivianos”, es la hipótesis que baraja la familia con respecto a la detención de Villca. “Hace tres años viví discriminación también. Yo sé cómo se siente una víctima porque a mí me pasó con mi hijo. Cuando salía de trabajo se había ido al parque y le metieron un tiro para robarle el auto. Tuve que pedir favores para que lo operaran a mi hijo, sabiendo que él pagaba obra social”, confiesa la mujer de Walter. Y concluye: “Nunca haría una maldad, yo sé cómo se siente”.

Con respecto a la defensa del caso, Marisol dijo: “En este momento tenemos que decidir quién nos va a defender. Hay que tener plata para pagar a un abogado privado. Nosotros no tenemos plata”. Al momento en que acudieron a la defensoría oficial, les advirtió: “Yo no busco cámaras, no busco testigos. Nosotros con los expedientes nos hacemos cargo”. Incluso, quien debiera actuar en su defensa dudó de su inocencia. “Ni yo te creo a vos”, fue la frase que recibieron y la que los terminó de confundir.

Al borde de las lágrimas, la esposa de Walter reclama por justicia en el caso de Walter Villca, el cual se suma a otros tantos episodios de discriminación institucional. “Siempre nos portamos bien, pagamos nuestros impuestos como tiene que ser, la camioneta tiene pagada la patente y el seguro”, añade.

Según el abogado Lucas Lecour, “nada justifica la manera en la que se hizo el allanamiento, la agresividad con que la policía actuó”. Asimismo, sostiene que este hecho muestra el problema del sistema provincial. “Estamos comprobando, tras varias denuncias, que es un modo de actuar permanente”, profundizó el especialista en derechos humanos y presidente de la organización Xumek.

Entre los principales abusos que comenten en los allanamientos, se encuentran el uso de gas pimienta, el robo de elementos de los domicilios e incluso golpes. “Es algo cotidiano que la fiscalía no está investigando a pesar de que la mayoría de los imputados lo manifiestan”, asegura indignado Lecour.

Según la hipótesis del abogado, “este es el clásico sistema penal que tiene el cliente fijo, que es la persona que tiene mayor vulnerabilidad, menor conocimiento o, como en el caso de Villca, el hecho de ser migrante, el hecho de no ser argentino”. Este procedimiento judicial forma parte la violencia institucional que padecen las personas que más lo necesitan.