El Senado de la Nación introdujo cambios al proyecto de ley aprobado en Diputados para otorgar un resarcimiento económico a los empleados de YPF que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada. Se trata de una iniciativa consensuada entre el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda (FIT) que contaba con aval unánime de la Cámara baja, que ahora deberá ratificar los cambios del Senado o sancionar el texto original. La oposición apoyó en general, pero acusó al oficialismo de “dilatar” la ley y rechazó las modificaciones, que obtuvieron 35 votos a favor y 22 en contra.

El texto reconoce una indemnización por parte del Estado Nacional para los extrabajadores que se desempeñaban en la empresa hasta el 1.º de enero de 1991, o sus herederos o derechohabientes, que no hayan sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada. Sin embargo, los senadores le hicieron algunas modificaciones al proyecto, entre las que se destaca el establecimiento de un valor mínimo para las acciones, que será de 311 pesos.

También se eliminó de la iniciativa original un artículo que suspendía por 150 días hábiles todas las causas judiciales llevadas a cabo por los extrabajadores para percibir las acciones del Programa de Propiedad Participada. Así lo informó la senadora oficialista María Esther Labado, quien aclaró que “no va a haber una dilatación” en el tratamiento del proyecto por parte de Diputados, que lo trataría “de manera inmediata” por compromiso de su par Héctor Recalde. 

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Higonet (PJ La Pampa), destacó que la ley “viene a reparar una inequidad histórica con los trabajadores que no adhirieron al Programa de Propiedad Participada”. Higonet explicó que ese régimen buscaba “darle un derecho en la propiedad de las acciones a los trabajadores como una retribución por los años de trabajo” en la petrolera, pero precisó que 36 mil agentes quedaron afuera de este programa. La oficialista consideró, sin embargo, que el texto proveniente de la Cámara de Diputados contenía “artículos que no están claros y que podrían dejar nuevamente las puertas abiertas a la industria de los juicios”.

Los bloques de la oposición respaldaron el proyecto en general –en votación a mano alzada–, pero rechazaron los cambios introducidos a instancias del bloque mayoritario. La radical mendocina Laura Montero pidió “no seguir dilatando esta reparación histórica”. “No quiero volver a mi provincia con las manos vacías”, lamentó, al exigir votar el texto venido de Diputados.

En el mismo sentido se expresó el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), quien denunció “dilaciones” a pesar de que el proyecto fue “aprobado por unanimidad y presentado por el mismo oficialismo” en la Cámara baja. Pereyra intentó responder a esta actitud al sostener que “esto no fue consensuado con el Poder Ejecutivo”. “¿Por qué se sigue manoseando a los trabajadores desde hace tantos años? ¿No quieren pagar? ¡Digan la verdad!”, exclamó.

Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-UNEN) abrió otro frente de tormenta cuando pidió que el Senado habilitara la entrada al recinto de tres representantes de los extrabajadores de YPF, algo que el kirchnerismo descartó de plano. El jefe del bloque K, Miguel Pichetto, consideró “importante mantener la línea de conducta” de la cámara y deslizó que “hasta se trata de una cuestión de estilo”. “Cuando quisieron entrar los movimientos sociales en la (resolución) 125, dijimos que no. Tampoco entró la Mesa de Enlace. No le gustará a algunos, pero esto es así”, fue el argumento de Pichetto.

El opositor no quedó conforme. “Es una vergüenza que este Senado no deje entrar a tres representantes (de los “exypefianos”) elegidos por ellos. Es un dato más de la impostura y la vergüenza que hay aquí”, despotricó Solanas.