La querella de los excombatientes que impulsa la investigación por las torturas que sufrieron los soldados en las islas Malvinas durante la guerra de 1982 con Gran Bretaña celebró que "la causa avanza después de muchos años de impunidad", y reclamó que se confirmen los procesamientos de los cuatro oficiales imputados y "se amplíen las indagatorias" a otros militares denunciados. "Estamos conformes con los últimos avances que hubo en la causa y los procesamientos que se produjeron últimamente. Creemos que después de cuatro años se empieza romper el frente de impunidad que determinados sectores impusieron para que esta investigación no avanzara", señaló Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.

El Cecim, junto con la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense integran la querella en este expediente en el que se analizan delitos considerados de lesa humanidad.

El 18 de febrero, la justicia federal de la ciudad fueguina de Río Grande procesó a cuatro exoficiales del Ejército: Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino por torturas y abusos cometidos durante el conflicto del Atlántico Sur en la isla Gran Malvina.

Malvinas: pidieron detener a militares en la causa por torturas a soldados

La Fiscalía Federal de Río Grande pidió la detención de 26 militares en la causa que, desde hace más de una década, investiga a oficiales y suboficiales por torturas y otros crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante la guerra de Malvinas en 1982.

En su dictamen, la jueza federal Mariel Borruto interpretó que los imputados cometieron delitos durante una dictadura que les negó a las víctimas sus derechos de defensa.

"Para la magistrada, los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, período en el que se encontraban suspendidas las garantías constitucionales", explicó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM.

En ese sentido, aportó que, para la jueza, "los soldados no pudieron denunciar al Estado criminal que había promovido las torturas" que recibieron por parte de sus superiores durante el conflicto bélico de 1982. 

Los acusados apelaron sus procesamientos y ahora deberá resolverse en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, si esas medidas son confirmadas o recurridas. "En esta causa siempre estamos llegando y empezando de nuevo. Esperemos que se confirmen los procesamientos y que se amplíen las indagatorias y los procesamientos. Ya declararon 24 militares y esperamos que en los próximos meses haya avances", añadió el letrado.

Esta causa se inició en 2007 y tiene a 95 militares denunciados por 105 casos cometidos contra más de 120 víctimas, que padecieron hechos de tortura en todas las unidades de Ejército, Armada y Fuerza Aérea que estuvieron en Malvinas durante la guerra.

Hace cuatro años, los excombatientes se presentaron incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar que el Estado argentino no producía avances en la investigación. En junio de 2019, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, ratificó: "Los supuestos actos de torturas cometidos por exmilitares contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben".

Con base en ese dictamen, los tiempos de la investigación avanzaron. En diciembre de 2019, los imputados se presentaron a indagatoria ante la jueza, negaron haber participado de maltratos contra conscriptos (como estaqueamientos o enterramientos) y declinaron la posibilidad de contestar preguntas de las partes.

"Hubo una metodología de tortura que se aplicó en el continente durante la represión ilegal y que luego se trasladó a Malvinas. Hay casos de estacamientos denunciados en el centro clandestino de detención ilegal de La Perla, en Córdoba. Eso también pasó en la guerra", apuntó Alonso.

Por ahora, la investigación se limita a investigar hechos ocurridos en Puerto Yapeyú, en la isla Gran Malvina, donde estuvo desplegado un regimiento de Ejército originario de Paso de los Libres, en Corrientes. En tanto, en el Cecim esperan que cuando se empiece a procesar el resto de las denuncias, la investigación sobre torturas en Malvinas se convierta en una "megacausa" por delitos de lesa humanidad.

Guerrero Iraola agregó que los querellantes "batallaron contra los esquemas de poder, las fuerzas armadas, ciertos sectores de derecha que publicaban editoriales en medios importantes en los que bajaban la línea de la impunidad". "Nos acusaban de mentirosos o caranchos. Pero ahora estamos en condiciones de avanzar sobre los crímenes cometidos contra los soldados conscriptos, que han sido la última víctima colectiva de la dictadura", sentenció el abogado.