La solución debe venir de la política y no de la justicia, es lo que el justicialismo cree que debe lograr con relación a su pelea encarnizada por el financiamiento para las campañas políticas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero en la práctica la negociación viene complicada y los jueces amenazan con frenarles el proceso de internas hasta tanto alcancen un acuerdo, lo que sería un verdadero papelón institucional.

Los partidos de la oposición recurrieron el Decreto por el cual el Gobernador ordenó suspender la aplicación de parte de la ley electoral, en particular lo referido al financiamiento estatal y les negó todo tipo de fondos para encararlas. Fue por esto que se desató la guerra que incluyó la imposibilidad de destrabar leyes importantes para la provincia.

La primera conciliación obligatoria convocada por el jefe de la Corte, Pedro Llorente, fracasó de manera estrepitosa. Es por esto que trascendió que los jueces de la Suprema Corte podrían firmar una resolución en las próximas horas y entre otras posibilidades analizan la de suspender las elecciones de Capital y San Carlos previstas para el domingo 22.

Por esto lo que se está negociando por estas horas es aplicar el límite que fija la ley 7005 que fuera sancionada en 2002 y que regula el financiamiento de las campañas electorales y sus respectivas publicidades. Según esta norma cada partido podría obtener hasta 11 millones de pesos, y lo que el Justicialismo pretende es que se elimine la prohibición de contratar espacios de manera directa. Esto porque no hay tiempo suficiente para una licitación, según dicen en el PJ.

Los argumentos que esgrime el PJ se resumen en que hay que buscar una salida negociada para que cada agrupación contrate de manera personal sus espacios publicitarios. Esto por el elevado valor de los mismos, y porque el oficialismo ha perdido capacidad de negociar precios teniendo en cuenta que les debe a los dueños de los principales medios casi 150 millones de pesos.

Si este acuerdo se alcanza caerían todas las intenciones de Francisco Pérez, que por decreto les negó el financiamiento de las campañas publicitarias, y cuya decisión impidió la aprobación del presupuesto 2014 en la Legislatura. A cambio se podría avanzar en una salida negociada que permita el desarrollo de las PASO y evitaría un papelón político.

Esto es precisamente lo que se ha propuesto el justicialismo horas antes de contestar el pedido de los radicales ante la Justicia. Es que este viernes habrá una nueva audiencia de conciliación y el miércoles será la próxima. Se espera que ese día se conozcan definiciones, teniendo en cuenta que para el domingo 22 están previstos los primeros comicios.