El voto debe ser secreto porque así lo define la Constitución provincial, pero en la práctica se conoce de antemano y hasta se armó una conferencia de prensa para anunciar un rechazo en bloque. Este es el caso del radicalismo que pondrá bolillas negras a los pliegos enviados por el Ejecutivo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia, otro en Fiscalía de Estado y el tercero en el Tribunal de Cuentas. De alguna manera, la oposición medirá fuerzas a través de esta decisión porque pone en blanco quiénes y cuántos son los legisladores que responden a Cambia Mendoza, el gran bloque que armaron los radicales junto al PD, al PRO y a otra media docena de partidos minoritarios. El anuncio se realizará a las 20.

Además, estarán en esta votación los legisladores que responden a Matías Roby, el despedido del Ejecutivo provincial. Se trata de José Escoda y María José Ubaldini, que de seguro cumplirán las órdenes de su jefe, quien ha denunciado la compra de voluntades políticas en los últimos días. También, el senador justicialista Matías Stevanato, votaría en contra de los pliegos.

Pero hasta el viernes el mismo Roby no sabía en qué lugar se posicionaría. Esto porque no quiere darle el verde a Francisco Pérez, pero mucho menos a Alfredo Cornejo. El ex ministro de Salud cree que el radical no podrá juntar a todos, que al menos dos legisladores dentro de su bloque se darán vuelta. Además, considera que lo que está intentando Cornejo es amedrentar a su tropa con anuncios anticipados.

Además, si la voluntad del referente del PRO, Gustavo Cairo, se inclina por la bolilla negra en sintonía con Frente Cambia Mendoza, el justicialismo tiene pocas chances de conseguir los votos necesarios para aprobar los pliegos. Esto es porque, si los tres nombramientos consiguieran 16 votos de rechazo en contra del radicalismo, 3 del PJ y sumado a Cairo, además de la abstención de la senadora del FIT, Noelia Barbeito, serían 20 de los 37 votos que hay en esa cámara. Sin embargo, si Roby decide su voto a favor, serían 17 los rechazos contra 20 bolillas blancas, sumado a la abstención, con lo que se lograría su aprobación.

Así, la votación de este martes está plagada de tensión y sospecha. Por un lado, porque Roby denuncia compra de voluntades políticas. Pero por otro, porque el oficialismo siente que la oposición no lo deja gobernar. Está claro que Francisco Pérez demoró meses y hasta años en nombrar algunos de esos cargos, y lo mandó en el medio de una interna feroz por apoderarse de los votos necesarios para los comicios de junio.

Por qué secreto

La forma de selección para estos tres cargos está fijada en la Constitución provincial a través del artículo 83. La norma especifica que corresponde al Senado prestar o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para los nombramientos que, por esta Constitución o por la ley, deban hacerse con este requisito. Además, fija que el voto será secreto, pero no establece sanciones si esto no ocurre, tal como está planteando el radicalismo desde el viernes.

El acuerdo se considerará prestado si el Senado no se pronuncia sobre la propuesta del Poder Ejecutivo dentro del término de treinta días, a contar desde aquel en que el mensaje entró en Secretaría y estando la Cámara en funciones. Para esto falta una semana aún y la fecha de votación es este martes.

La Constitución dice que, en caso de ser rechazado un candidato, el Poder Ejecutivo no podrá insistir en él durante dos años y deberá proponer el nuevo candidato dentro de los treinta días siguientes. En todos los casos, la propuesta deberá tener entrada en sesión pública y ser tratada con dos días de intervalo por lo menos.
 

Acéfalos

Francisco Pérez demoró la decisión de nombrar a las tres figuras para esos cargos. Lo que le achaca el radicalismo es que hayan surgido tras un acuerdo político que no se puede ocultar, porque proviene uno de cada línea interna del PJ y porque se conoció días antes de que ese partido sellara su fórmula para la interna.

Pérez ha dejado otros cargos importantes sin nombrar. Uno es el del escribano General de Gobierno, Guillermo Amaya, quien se jubiló el 31 de abril del año pasado y es una figura clave porque todos los actos de Gobierno llevan su firma. Incluso es el custodio de las declaraciones juradas de los funcionarios y otras cuestiones no menores.