El expresidente del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y actual diputado del Frente para la Victoria (FpV), Omar Parisi, discutió a través de Twitter la deuda no registrada del organismo que condujo durante la gestión de Paco Pérez dada a conocer el lunes, cuando las autoridades provinciales revelaron la auditoría de corte realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Por su parte, la secretaria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y militante del Partido Obrero, Raquel Blas, aseguró a través de Facebook que hay un "pacto" entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ).

Tras la presentación del informe de la AGN, quien fuera titular del IPV, publicó algunos tuits en los que expresó su desacuerdo con el tratamiento que se le dio en la auditoría a este instituto. Parisi explicó para Unidiversidad que él no niega la deuda de 425 millones de pesos, pero que "hay una verdad a medias, tendenciosa y mal intencionada". En este sentido, argumentó que "no existe deuda no registrada", sino que "es una deuda que está con todos los papeles administrativos y legalmente conformada". "No sé a qué se refieren con deuda no registrada, ¿quién no la registra?", dijo, y en base a eso publicó un tuit que pide a Prensa del Senado, desde cuya cuenta se fue informando casi en vivo los resultados del informe, que aclare a qué se refiere con esa expresión. 

Parisi también dijo que 425 millones es la deuda que tiene el IPV con sus proveedores, pero que quienes hicieron el estudio no saben, "o sí saben y no lo demuestran", que cuando en el IPV se certifican obras de origen nacional, los fondos se transfieren de la Nación al Instituto y éste paga. Entonces, lo que han hecho -continúa el diputado- es sumar todos los certificados, sean de la Nación o sean de la Provincia, y con eso consolidar una deuda. Lo que hay que hacer, según Parisi, es reclamar esos 300 millones de pesos que la Nación le debe al IPV por contratos de financiamiento. "No estoy hablando de plata que hay que ir a pedir por favor que te la den. No. Hay contratos", agregó. Según el legislador, si se le resta esa plata a la deuda no registrada, la deuda provincial real que tiene el IPV es de alrededor de 150 millones de pesos.

También invitó, a través de su cuenta de Twitter, al presidente del Instituto, Damián Salomone, y al ministro de Hacienda, Martín Kerchner, a debatir públicamente el tema. En este aspecto, declaró que "sería bueno que, ya que ellos tienen una postura y yo tengo otra, lo discutamos públicamente, para debatir con documentos en mano, para ver quién tiene razón, en definitiva". Parisi aseguró que le hizo esta invitación a Kerchner al mediodía, luego de la presentación, y que el ministro le dijo que "ya se juntarían a charlar". 

Parisi también recordó que el diputado Néstor Parés (UCR) hizo una denuncia contra el IPV en la Fiscalía de Estado, pero nunca salió a la luz la respuesta de la fiscalía, que, según Parisi, contestó que el instituto de viviendas "había hecho todo bien y que siguiéramos en el mismo camino, que estábamos invirtiendo la plata como correspondía".

La posición de Raquel Blas 

Por su lado, Raquel Blas sostuvo, a través de Facebook, que existe un pacto entre el PJ y la UCR. Defendió su postura con tres argumentos. El primero es que en el traspaso de mando Pérez-Cornejo debería haber habido una reserva respecto de lo que se estaba recibiendo, porque no sólo estaba el tema de las irregularidades, que son muchas y calificó como "graves", sino que también está el asunto de los decretos. "De alguna manera, haciendo esa reserva, tenés un tiempo prudente para revertir incluso los decretos que pueden haberse hecho. Eso no se hizo", expresó. 

El segundo argumento consiste en que con todas las denuncias que se han hecho, y con todos los elementos y las herramientas que han presentado con respecto a éstas, el tiempo ha pasado y las autoridades "no han hecho nada".

Por último, Blas criticó que, en vez de formular las denuncias penales que corresponderían, y teniendo el gobernador la máxima autoridad para hacerlas, deriva todo a la Fiscalía de Estado, que está en manos del PJ, ya que su titular es el exlegislador por esa fuerza y exfuncionario Fernando Simón.

"Acá queda a las claras que hay una maniobra dilatoria y un negocio en el medio que, para nosotros, ha tenido que ver con todo lo que fue sucediendo en el medio de traspaso, desde la Ley de Endeudamiento, siguiendo por Avalúo, por Impositiva, por Presupuesto, que contó a grandes rasgos con todo el banque del PJ, sacando algunas excepciones. La votación mayoritaria fue por ese lado", declaró la sindicalista y militante obrera.

Blas dijo que esto último le parece un "hecho lamentable", pero que ya se venía viendo. Aseguró que a los trabajadores les queda "más ajuste, más palos, menos escuelas, menos educación" y agregó que le parece "una estafa al pueblo de Mendoza, al que no lo votó, pero sobre todo a aquellos que lo votaron a Cornejo". 

Publicación en Facebook de Raquel Blas.