Osman Cayla, arquitecto y presidente de la Colegio de Arquitectos de Mendoza-Regional Este (Camre), nos cuenta qué es lo que perciben como institución y su experiencia personal acerca de la problemática de vivienda social que existe en Mendoza.

Para Cayla, la problemática de vivienda social es un tema bastante complejo porque, en definitiva, el punto más importante a tener en cuenta es la falta de recursos por parte de las personas que necesitan solucionar el conflicto. En estos casos, siempre tiene que intervenir el Estado para aportar total o parcialmente los recursos que la familia necesita para construir su vivienda propia.

Con respecto a la dinámica de trabajo, el arquitecto nos cuenta que generalmente se trabaja en terrenos tomados por las mismas familias, donde se debe, en una primera instancia, legalizar el terreno tomado y, en los casos en que no se pueda realizar, trasladarlos a otro loteo. Esta última opción es de una dificultad mucho mayor debido al desarraigo que sufren una vez que se posicionan en cierto lugar. De aquí se desagrega otro conflicto que viene de la mano con lo ya mencionado y es el ordenamiento territorial de ese segmento.

Estos grupos de personas, que generalmente están marcados por no tener trabajo en blanco y estable o por lo que se llama comúnmente “vivir al día”, suelen tener códigos internos que son muy difíciles de comprender y manejar, por lo que se debe hacer un importante trabajo social con profesionales que los ayuden a comprender cuál es la forma de vida dentro de una sociedad.

El especialista relató una experiencia que vivió en un asentamiento en Guaymallén: “No habían trazado de calles ni servicios, era toda una masa de viviendas que estaban interrelacionadas. Estaban ‘colgados’ de la mayoría de los servicios públicos, compartiendo el agua que había sido tomada de otra propiedad. No es este el caso, pero hay ejemplos de personas que prefirieren asentarse cerca de canales o arroyos, utilizándolos para extraer agua como así también desechar aguas servidas”. Cayla contó que la experiencia de este programa en Guaymallén fue muy interesante. Se realizaban reuniones allí mismo, en las que se trataba de explicarle a las familias la necesidad de realizar un ordenamiento territorial, abriendo calles e instalando ciertos servicios.

Luego de estas charlas con las familias, el Estado, por medio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), les construía el núcleo sanitario, que comprendía la cocina y el baño, una vez que los terrenos habían sido legalizados y la apertura de calles había sido realizada. Posteriormente, y con ayuda mutua, ellos mismos construían sus casas. En este caso, como el asentamiento era de personas trabajadoras de ladrilleras de la zona, los ladrillos se los donaba la empresa y lo que faltaba de materiales para la vivienda lo aportaba el Estado, siendo la familia la que ponía la mano de obra. Se llegaban a construir entre una y dos habitaciones alrededor de ese núcleo sanitario y el ordenamiento tomaba su forma.

El arquitecto contó que existe otro proyecto en la provincia que se está llevando a cabo en ese mismo departamento. Este programa ya tiene antecedentes en el país y en el mundo, donde un maestro mayor de obras ingresa en las villas de emergencia del departamento con el proyecto de “Construcción Social con Cualquier Tipo de Material” para asegurar siempre una estructura segura. En este programa se fue capacitando a la gente, buscando alternativas para las distintas situaciones, y se obtuvieron resultados muy interesantes.

El presidente de la Regional Este también comentó los proyectos que se llevaron a cabo en la zona. Uno de ellos fue el caso de Junín. La iniciativa constaba de una vivienda de superficies mínimas, 65 m2, de arquitectura muy tradicional y sin terminaciones, en algunos casos con servicios mínimos. Este método mejoró en los proyectos posteriores, como el que se realizó en el distrito de Medrano de ese departamento, donde se construyó otro barrio de no más de 30 casas con ciertas mejoras. La mayoría de estos proyectos están en un promedio de 20 viviendas.
 

El rol del Procrear

Cayla mencionó que en San Martín existen proyectos de magnitudes más importantes, lógicamente porque el departamento demanda mucha más cantidad de casas. Actualmente se está terminando un complejo de viviendas del Plan Procrear con más de 500 hogares al que se suman, además, cuatro proyectos más que se están llevando a cabo.

La operatoria que hubo en vivienda social y viviendas de clase media ha sido muy importante. Fue hasta noviembre de 2015, en parte porque esto respondía en buena medida al plan Procrear y fue en ese mes cuando se paralizó el programa. En este sentido, Cayla mencionó las estadísticas que hablan de una reducción del 20 % en la construcción con respecto a ese año.

“Hay colegas que aún no pueden cobrar sus honorarios debido a que los préstamos de sus clientes quedaron congelados desde esa fecha (en la mayoría de los casos se les paga cuando se recibe el primer desembolso), y es por ellos que decidimos elevar una petición a la legislatura provincial para que se informen y tomen cartas en el asunto”. Desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza (Camza) tienen presente la idea de sugerir una combinación entre el IPV y Procrear para poder darle una solución a este inconveniente.

Acerca del nuevo Procrear, desde la institución no tienen conocimiento alguno de los nuevos parámetros del plan, pero mencionan una problemática muy grave que existe en esta nueva gestión donde definen al crédito sólo para la compra de viviendas en desmedro de la construcción de viviendas. Esta modalidad beneficia a inmobiliarias, particulares o familias de clase media y alta que tienen la posibilidad de comprar viviendas nuevas o existentes, pero sin generar mano de obra genuina y, por lo tanto, sin generar movimientos en la economía local.