La justificación de la elección de las reinas vendimiales siempre termina fundamentándose en la promoción turística y la industria del vino. La territorialidad que, según la ministra Gabriela Testa, aportan las elecciones distritales de las reinas puede ser reemplazada por hechos locales como las peñas, los y las bailadoras de nuestras danzas provinciales, la celebración de cada hecho productivo por zonas. Se podría, incluso, celebrar el cierre de la cosecha de cerezas, almendras, frutas de carozo y multiplicidad de otros hechos culturales.

Ese acto representativo de sus majestades es un circuito plagado de violencias. En el caso de que sostuviéramos ese esquema de representación, las elegidas ganarían un sueldo que no les alcanzaría para cubrir ni siquiera los atuendos y maquillajes que las hacen objetos estéticos diferenciales. Muchas de ellas deben cubrir esos gastos de sus bolsillos, y en ese caso estamos hablando de desigualdades salariales no acordes con su función. Esto las pone en lugar de una desigualdad laboral y económica que el mismo Estado decide sostener.

Al interior del propio circuito de elección, hay disparidades de género. Visibilizamos la violencia simbólica porque es la madre de todas las demás, pero si nos adentramos en ese suceso vendimial, nos encontramos con violencias laborales y violencias psicológicas –cuántas veces hemos leído disputas de pareceres de las reinas por el primer y segundo puesto, siendo esto el evento más leído por excelencia–.

Lo real es que todas las postulantes llegan allí porque quieren y desean representarnos. Su deseo es respetado. Me pregunto: ¿cuántas de ellas han podido estar en lugares en donde sus voces sean respetadas? La imagen lo es todo: llega la reina al barrio, al evento de turismo, casi como un objeto de asistencia y decoración. Y no me digan lo contrario, porque jamás escuché a alguna de ellas definiendo políticas en el sector del turismo ni de la industria del vino y frutihortícola.

Es un momento oportuno para dar la discusión sobre esta elección, ya sea para sostenerla o para eliminarla. Tenemos marcos normativos que nos acompañan y es imperioso dar cuenta de las violencias que circulan en estos procesos.

La Ley Micaela permite la transversalización de la mirada de género en el Estado, por lo que la reflexión es sobre las prácticas estatales que legitiman violencias y no sobre el deseo de las postulantes a representarnos como embajadoras en el mundo. El Estado provincial ha comenzado las capacitaciones, no cabe duda de que estas representaciones sociales se deben poner en cuestión.

Cuando la violencia simbólica se ejerce con el auspicio del Estado, devienen consecuencias nefastas. Intervenir, reflexionar sobre este evento es prevenir que una mujer muera cada 22 horas en Argentina –según datos de enero de 2021–. Para eso, la Ley Micaela nos invita a repensar el lenguaje, las representaciones culturales, la identidad, los cuerpos sexuados y las lógicas cotidianas que legitiman relaciones de poder donde se sostiene la diferencia como desigualdad.

En definitiva, la violencia simbólica es la más sutil, madre de todas las violencias que, con sus herramientas de dominación, discriminación y desigualdades, nos hace caminar a las mujeres desde una prisión doméstica a una cosmética. No más elecciones de reinas, majestades, mundos ficcionados. Si nos quieren representantes de nuestros recursos, que sea por nuestras capacidades, habilidades y merecimientos.