“Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad” es el nombre de la investigación que refleja la situación que viven cientos de mujeres en las cárceles del país. En líneas generales, el informe indica que en el trato deshumanizado, discriminatorio y humillante interviene tanto el personal penitenciario como el médico. Por ejemplo, el 85 % de las encuestadas manifestó haber experimentado durante el trabajo de parto algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario.

El mismo fue elaborado por la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y establece que deben aplicarse a las mujeres embarazadas medidas alternativas a la prisión, como arresto domiciliario o bien que continúen en libertad mientras se instruyen las causas judiciales.

"La violencia obstétrica es la más invisibilizada porque se genera en una instancia de mucha vulnerabilidad", dijo a Radio U la coordinadora del Equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), Verónica Manquel.

Entre los datos surge que si bien el derecho a estar acompañada por una persona de confianza debe ser garantizado sin discriminación, no es usual que se informe a las mujeres detenidas sobre esa posibilidad. Gran parte de las encuestadas no sabía que podía requerirlo. Cuando solicitaron acompañante, en casi dos tercios de los casos (el 63,7 %), el pedido fue rechazado.

De los relatos recabados surge además que un 94 % de las mujeres inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria, y gran parte de ellas –el 76 %– específicamente dentro del pabellón donde se alojan.

Si bien un 72,7 % de las mujeres informaron que fueron conducidas al hospital en una ambulancia, un 18 % fueron trasladadas en camión y un 6% en otros móviles, como un patrullero.

En casi la totalidad de los casos abordados en este estudio (97 %), las mujeres fueron acompañadas por personal de seguridad y en el 54,5% fueron trasladadas con alguna medida de sujeción (18 de las 33 mujeres entrevistadas), ya sean esposas o “pateras” (esposas en las extremidades inferiores). Todas las mujeres de este último subgrupo estaban alojadas en la Unidad 33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires.

A modo de recomendaciones específicas, el informe subraya entre otras cosas que debe capacitarse al personal judicial sobre la temática del parto respetado y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica; que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas; que el Ministerio de Salud habilite mecanismos para la recepción de denuncias por hechos de violencia obstétrica, y que se ocupe de impartir, dentro de los servicios penitenciarios, cursos de preparto para todas las mujeres; y que los servicios penitenciarios dispongan de guardias obstétricas y pediátricas activas, además de erradicar el uso de medidas de sujeción e inmovilización en mujeres próximas a dar a luz o que hayan parido recientemente.

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