Hay quienes ubican a América Latina como el continente más violento después de África. Pero, aparentemente, no tienen en cuenta los conflictos armados que han atravesado Europa del Este y Medio Oriente y que, desde los años 90, parecen haber cobrado más víctimas que los denominados problemas de seguridad de los países más pobres. Así analiza María Celina Fares, magíster, profesora e investigadora en Historia de la UNCUYO.

“Lo que sí es cierto –continúa– es que la violencia ha mutado de perfil en América Latina, y particularmente en Argentina. No se trata de una violencia política justificada por proyectos antinómicos en torno a la construcción del Estado, como lo fuera en el siglo XIX o en función de los enfrentamientos ideológicos entre derechas e izquierdas, como en el siglo XX. En la actualidad se trata de una violencia aparentemente privada, silenciosa y sin pretensiones de justificación, que nos habla de una degradación de las relaciones sociales, y que ha sido asociada generalmente con la pérdida de status social, provocada por los derroteros económicos de las primeras décadas democráticas”.
 

Décadas democráticas en Argentina: crisis y la necesidad de equilibrar

La magíster María Celina Fares explica que la década perdida del 80, heredera de la deuda externa y el desmantelamiento del aparato estatal potenciado por la dictadura, terminó con la crisis hiperinflacionaria de 1989. Esto pareció habilitar el giro hacia un neoliberalismo descontrolado, que no previó los costos sociales que generaron las políticas de achicamiento del Estado, privatización y liberalización de la economía. La crisis del 2001 evidenció que la estabilidad monetaria había sido sólo un espejismo de lo que, creíamos, era el Primer Mundo.

El aumento de la violencia, que se dio como correlato y en forma creciente a estas crisis, puso sobre el tapete la necesidad de equilibrar crecimiento con distribución, de restituir el deteriorado vínculo entre representantes y representados, y de ampliar la agenda de derechos humanos, pero no alcanzó para frenar la demanda social centrada en la falta de políticas públicas estructurales destinadas a resolver la cuestión social. De hecho, en los sectores más altos, ha ido in crescendo un imaginario que criminaliza la pobreza, activando los sentimientos de inseguridad y las consecuentes prácticas de reclusión en barrios cerrados, donde acceden al consumo de bienes como seguridad, salud y educación, los que en las épocas doradas del Estado de Bienestar fueron públicos y compartidos por amplios sectores de la sociedad.

Además, Celina Fares detalla que existieron momentos clave, como el crimen de Cabezas en Buenos Aires o el de Bordón en Mendoza, que plantearon la necesidad de consensuar, entre las dirigencias, políticas que permitieran encarar el tema de la seguridad sin desvincularlo de la corrupción. Estas no se prolongaron en el largo plazo ni estuvieron acompañadas por planteos más estructurales que habilitaran para institucionalizar nuevos modos de articulación social, que replantearan las formas de relación laboral, que atendieran a la necesaria rehabilitación del espacio público y la restitución de los deteriorados lazos de relación social.

Ciertamente, el diagnóstico del problema no puede ser simplista, enfatiza la investigadora en Historia de la UNCUYO. “Si bien la pobreza y marginalidad son centrales, no existe un solo factor explicativo del problema. No se puede señalar sólo al mercado o al Estado como únicos responsables de las formas de violencia que signan los tiempos recientes. Existen factores de índole global, como la expansión del narcotráfico y el acceso a las armas, que tienen dramáticas secuelas en países como el nuestro, con sectores sociales altamente vulnerables. Pero también las transformaciones culturales tienen incidencia en las nuevas modalidades de violencia. Tanto el desuso de la viejas formas de control social que ejercían la familia, la educación y la religión, como los usos de las nuevas tecnologías de comunicación, inciden en la formas de relación social y requieren de nuevos abordajes que permitan pensar por dónde pasa hoy la construcción de valores e instituciones”.

Para concluir, la especialista postula que el horizonte donde plantear nuevas formas de resolución de los problemas que generan violencia debe pensarse con una doble lógica: la pública o estatista, altamente especializada, que obligue a los dispositivos de poder a garantizar controles anticorrupción de manera de desactivar el crimen organizado; y la lógica social o ciudadana, altamente humanizada, que potencie las redes y movimientos sociales afincados en los lazos de solidaridad y servicio, que desplace los de competencia y consumo y que impulse el deseo de la vida compartida por sobre el impulso de la vida suprimida.
 

Por Carla Iacovino, becaria de Prensa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales