El lunes 1 de febrero, un grupo de jóvenes realizaba una competencia de rap en el Parque Canota de Maipú y la policía irrumpió violentamente. Desde Correpi denuncian una lógica represiva contra los grupos vulnerables como es el caso de las juventudes. Uno de los detenidos, Emanuel Silva, continúa privado de libertad.

“Tenemos que seguir repudiando la represión estatal por parte de la policía de Mendoza, que se desarrolla dentro de la ilegalidad extrema. Y que tiene un claro mensaje disciplinador y de control social hacia un sector de la población, el más vulnerable, que es la juventud”, repudió Eliana Ocaña, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

En esa ocasión la policía arribó al parque, “donde estaban desarrollando una competencia de rap y freestyle” y, según cuentan los testimonios, “se dirige a les pibes revisando sus pertenencias, como buscando entre ellas el motivo o la persona para detener”. Ocaña explica que el ambiente era tranquilo y social: “Había además familias, niños y personas haciendo otras actividades”.

En ese momento, una de las personas requisadas fue Emanuel Silva: “Le revisan la mochila, tenía solamente un envase vacío y aun así la policía busca el motivo para llevarse a Emanuel. No solo para detenerlo sino para golpearlo, violentarlo de todas las formas delante de todos”, relató la integrante de Correpi.

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Cuando el resto de las personas actuó en su defensa y comenzaron a grabar los videos que se viralizaron. Ahí se vio, agrega Eliana Ocaña, “cómo un policía saca el arma reglamentaria, apuntando y amenazando de muerte; cómo llegan más móviles amedrentando con itakas, y cómo les pegan a Emanuel”.

En ese momento también detuvieron a dos jóvenes mujeres, Carla y Antonella. Las violentaron “no solo física sino psicológica y simbólicamente”, a través de amenazas y hostigamientos. Fueron detenidas en condiciones extremadamente ilegales por policías hombres.

“En la comisaría 10 de Maipú les hicieron pasar frío, hambre, no les pasaban abrigo o comida que les habían llevado las familias, les quitaron la medicación, les negaron el derecho a una llamada, las incomunicaron (...) Las maltrataban con que no podían ir al baño o no les daban agua. Se les burlaban, las verdugueaban, maltrataban a las familias que estuvieron afuera en todo momento a pesar de la lluvia”, describió Ocaña.

Las dos jóvenes fueron liberadas el miércoles a las 14, pero Emanuel Silva continúa en la comisaría 10, imputado por resistencia a la autoridad y aún incomunicado. Ocaña contó que todavía no lo visita el abogado oficial y en grupo van a la dependencia a averiguar por su situación. También “le llevaron fruta, cigarrillos, comida y una carta para que sepa que no está solo”.

Desde Correpi responsabilizan al intendente de Maipú, Matías Stevanato, “que se desentendió de todo y también sostiene una política de persecución a la juventud”; al fiscal Munticone; al ministro de seguridad Levrino y al gobernador Suarez “que desde el comienzo de su gestión y aún más a partir del 20 de marzo del 2020 siguen priorizando la respuesta punitiva y restrictiva sobre la población más vulnerable y sobre los sectores organizados”.

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Ocaña aseguró que la violencia policial “no es un caso aislado” y desde el inicio de la cuarentena se ha profundizado ya que a nivel nacional y provincial se ha depositado en las fuerzas de seguridad la garantía de cumplimiento del DNU de aislamiento y distanciamiento.  

En todo el país, durante la cuarentena, registraron “casos de fusilamiento por gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones seguidas de muerte, sumado al hostigamiento y represión que se vive en los barrios, la represión a las tomas, las detenciones arbitrarias, torturas en lugares de detención, la represión en movilizaciones, la represión a la juventud”.

Por eso, el sábado 6 de febrero hay una movilización en la Plaza Independencia, para exigir la liberación de Emanuel Silva y repudiar la represión estatal en todas sus formas, que “es un método de disciplinamiento y control social.

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Correpi aporta, además, herramientas para “combatir y atenuar los efectos de la represión sobre las personas”. Ocaña recordó la importancia de la visibilización y difusión de las ilegalidades de las fuerzas represivas a través de videos. Además recomendó llevar siempre el DNI y, en caso de sufrir una detención, solicitar siempre el derecho a una llamada telefónica para comunicar el paradero.