El rol de los medios de comunicación y la criminalización de la pobreza, la situación carcelaria, las necesarias reformas policiales y penitenciarias, los anteproyectos para crear un nuevo código penal y procesal penal, adicciones y conflictividades sociales, acceso a la justicia: estas fueron algunas de las perspectivas desde las cuales se abordó el tema de la seguridad ciudadana en el histórico encuentro organizado por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. 

Fue el 8 de mayo, con motivo de la primera celebración del Día Nacional Contra la Violencia Institucional, fecha propuesta por la organización para conmemorar la llamada “Masacre de Budge” cometida en 1987, cuando tres policías de la bonaerense fusilaron a quemarropa a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, tres jóvenes oriundos de la zona de 26, 19 y 24 años respectivamente. El caso se volvió emblema del reclamo contra la impunidad policial luego de que los vecinos organizados lograran condenas ejemplares para los fusiladores. 

Sin embargo, las prácticas violentas de la policía, especialmente sobre jóvenes de sectores populares, se acrecentaron en las décadas que siguieron. No existen cifras oficiales que den cuenta del número exacto de personas asesinadas por el aparato represivo, pero sí hay números certeros que parten de organizaciones de derechos humanos, las que investigan en profundidad el tema y dan cuenta de la sistematicidad con que se comete violencia institucional en Argentina. 

Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde el momento en que se recuperó la democracia hasta 2012 se registraron en el país 3700 muertes por gatillo fácil y tortura, 68 asesinatos a militantes y 195 personas desaparecidas. Mientras que en los datos que expone el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), entre 2000 y 2012 murieron 1893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad. El 49 por ciento de estos hechos ocurrieron por disparos efectuados por policías en servicio. 

El encuentro que se llevó a cabo en el Congreso no ocultó estos índices sino todo lo contrario, pues la Campaña Contra la Violencia Institucional –aun respondiendo a los lineamientos políticos del gobierno nacional y el proyecto de país que impulsa desde 2003– trabaja por visibilizar esta realidad, que no se relata desde los medios de comunicación hegemónicos y que presenta una matriz ideológica y estructural que supera la coyuntura. 

Entre las madres de la lucha estuvo Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, un joven mapuche-aymara asesinado a los 19 años por un balazo policial en Río Negro.

La participación de cientos de familiares de víctimas de la policía, llegados desde distintos puntos del país para dar a conocer sus historias y liderando cada uno de los paneles propuestos, es la muestra más acabada de la intención de la organización –que cuenta con el apoyo del oficialismo–de sumar a los propios protagonistas, quienes sufren en carne propia estos flagelos, al debate que permita crear políticas integrales de seguridad democrática. 

En este sentido, el Licenciado Esteban Rodríguez, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), sostuvo ante Edición UNCUYO que el evento era de “insoslayable importancia política”, pues tuvo la capacidad de reunir a funcionarios, dirigentes sociales, periodistas, especialistas y familiares de víctimas “para seguir pensando la seguridad desde un nuevo paradigma, al que nosotros le llamamos democrático y popular”. Para el especialista, “pensar la seguridad despoliciadamente” significa entender que las conflictividades sociales son multicausales y que, por lo tanto, requieren ensayar respuestas con diversas agencias del Estado. 

Estas respuestas deberían desembocar en una respuesta creativa frente a los problemas de violencia institucional e invertir los valores de la seguridad: “Inseguridad es cuando lo que está en riesgo es la vida de las personas, no la propiedad privada, máxime si el peligro lo representan las fuerzas de seguridad estatales”. Rodríguez resaltó el carácter “popular” del encuentro  al explicar que el objetivo es “hacer protagonistas a los propios sectores sociales en la discusión, la reflexión y la búsqueda de soluciones para estos problemas que se viven en primera persona, que no sean meros destinatarios de las respuestas del Estado sino también actores y anfitriones”.

Miriam Medina, referente central de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, junto a integrantes de la delegación mendocina que llegó hasta el Congreso para dar cuenta de su lucha.


“La policía dispara, la justicia también” 

Así se denominó el panel en el que se abordó el tema de la violencia institucional y el derecho al acceso a la justicia desde los planos judicial, legislativo y policial, y que develó la continuidad de la cultura judicial de la dictadura en plena democracia sobre los crímenes que cometen los agentes estatales de seguridad: policías, gendarmes y militares.

Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, fue uno de los oradores de la mesa. Desde el momento en que tomó la palabra, planteó la cuestión: “Vengo a hacer la más profunda autocrítica, la justicia es la que perpetúa y reproduce la injustica desde hace tres décadas”. El magistrado se refirió a la doble vara con que los funcionarios judiciales miden las muertes por los casos de la mal llamada “inseguridad”. Señaló que en las oficinas judiciales no se valoran de igual manera las muertes en situaciones de robo que aquellas que ocasionan los policías sobre personas de barrios populares. “¿Los jueces son garantes de los derechos de todos? ¿Todos somos iguales ante la justicia? Definitivamente no. Creo que una de las herencias más críticas que todavía tienen el Estado y las instituciones es la pesada carga que subyace, que es de orden cultural como fruto de la complicidad y del ocultamiento de funcionarios del poder judicial que estuvieron en la dictadura”, dijo al respecto, y detalló la matriz del modelo judicial que “sabe de autoritarismo y que sabe de privilegios”.

Paula Livtachky, del Área de Justicia y Seguridad del Cels, comandó también el panel destinado a reflexionar sobre la conducta judicial en casos de gatillo fácil. Fue concreta al señalar las respuestas desiguales y discriminatorias de la justicia argentina en torno a la necesidad de reparación a las víctimas en casos de violencia policial. Ejemplificó con el largo tiempo de investigación sobre el caso de Luciano Arruga, quien desapareció a los 16 años en 2009 luego de que la policía de Lomas del Mirador lo obligara a participar de un robo y él se negara. Aún su familia espera respuestas por parte de la Justicia. También llevó al debate la reciente sentencia de impunidad en el caso conocido como “La Cárcova” y la ausencia de investigaciones en las centenares de denuncias sobre torturas carcelarias que ha realizado el organismo.

Livtachky calificó de “indolentes” los comportamientos del sistema de justicia sobre los casos rutinarios de violencia por parte de las fuerzas de seguridad que llegan todos los días a despachos de jueces, fiscales y defensores. “Por la indiferencia o complicidad con que omiten investigaciones, por la manera en que penan como un patrón estructural del sistema de seguridad”, argumentó.

Para la referente del Cels, esa falta de sensibilidad es lo que agrava y aleja cotidianamente a la justicia de toda la ciudadanía, y lo que describe la perpetuación de la injusticia por parte de la justicia, tal como había conceptuado anteriormente el juez Slokar en su exposición.

También refirió a los problemas vividos por las organizaciones de derechos humanos al momento de presentar casos de violencia institucional ante la justicia. “Recordemos esa sensación que tenemos cuando nos preguntamos insistentemente entre todos cuál es el juzgado, la fiscalía, la sala de casación que nos tocó. Rezamos para que se trate de algunos de los funcionarios judiciales que verdaderamente está comprometido, que no nos vueltearán (sic) con oficios denegados o incompetencias jurídicas”, expresó con relación a las trabas burocráticas, que conducen a dilaciones de por lo menos dos años antes de avanzar sobre alguna causa. 

“Esto tiene que ver con la violencia que generan, ya no las fuerzas policiales sino el propio sistema de justicia. El rechazo de hábeas corpus o su recepción pero sin generar ninguna medida institucional, también es delito”, sentenció.

Cuestionó también el funcionamiento de los jurados de enjuiciamiento por la manera en que impulsan los casos disciplinarios, con base en una identificación concreta de lo que es el sostenimiento institucional del entramado de negación de derechos, en lo que tiene que ver con violencia institucional. En concreto, dijo que desde las autoridades judiciales o políticas se presiona a los funcionarios judiciales que conceden libertades y que tratan de aplicar el derecho de una manera no desigual. 


Yolanda Basualdo y Alicia Vargas, madres de Fabio Basualdo y Cristian Reyes, fusilados por la policía mendocina. Ambas, llevaron su reclamo de Justicia al encuentro. Los casos permanecen impunes.

Otro punto que expuso Livtachky fue el “nivel de empatía” que estos casos provocan en los funcionarios judiciales, al basarse en la convicción que tienen sobre quiénes son las víctimas. “Hay allí una profunda discriminación y desigualdad,  y es allí donde se ven los resultados”. 
Por último, y en consonancia con quien fuera defensor penal juvenil de La Plata y hoy coordina el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia de la Nación, Julián Axat, señaló la necesidad de entender que los entramados de las prácticas de violencia institucional y la falta de respuestas de los sistemas de justicia implican obstáculos muy concretos al desarrollo de políticas de inclusión, por el hostigamiento constante de las fuerzas policiales en los sectores populares y en los territorios militantes.

A su turno, Julián Axat reforzó lo expuesto por Litvachky y Solkar, al sostener que los procesos de ampliación de derechos de los últimos años no han venido de la mano de la democratización de las instituciones. “La violencia es el límite de la inclusión social”, sintetizó en este sentido. 

Para el referente, el poder judicial encargado de repetir  las mismas prácticas que en la dictadura –como la omisión de habeas corpus con pago de costas, ilustró– no contiene necesariamente a los mismos jueces, sino que se trata de una cultura que prevalece arraigada en su estructura.

El enjuiciamiento a los jueces partícipes del genocidio, que protagoniza Mendoza a nivel mundial, abre una grieta a las posibilidades de cambio, según la mirada del joven funcionario que además es hijo de desaparecidos. Pero aclara que con eso no alcanza, pues es necesario redoblar la militancia por la democratización de la justicia que el año pasado las corporaciones mediáticas, en alianza con la oposición, dejaron trunca. Además, dijo que es imprescindible que el poder judicial camine los territorios y se informe sobre la realidad de los sectores populares desde vivencias propias. 

La propuesta del juez Slokar es la de “destruir y desbaratar el plano del discurso hegemónico, y desde la práctica política ganar en compromiso por la reforma del poder judicial”.

“La legitimidad de un buen Estado no es ni más ni menos que la confianza que subyace en los ciudadanos. Esta se gana cuanto más defienda los intereses de los más pobres frente a los poderosos. Si la justicia no puede garantizar eso, directamente no es justicia”, es la frase del magistrado que mejor resume el panel destinado a reflexionar sobre las dificultades en el acceso a la Justicia, por parte de los padres y madres de jóvenes muertos por la policía en Argentina, para reparar los daños, pero especialmente para que no haya “ni un pibe menos”.