Se cumplió un año de la desaparición de Gisela Gutierrez  y todavía no hay pruebas ni pistas de su paradero. La joven de 24 años fue vista por última vez el 19 de julio de 2015 en el barrio La Favorita, de Capital, cuando salió a visitar a su hermana. Al momento de su desaparición, Gisela tenía tres hijos y estaba embarazada de cuatro meses.  

Si bien hay dos causas presentadas ante la Justicia, no se ha descubierto nada. Ni siquiera se sabe dónde está, ni si se cometió un femicidio o si la joven fue víctima de la trata de personas con fines de explotación sexual.

La desaparición de Gisela fue el último eslabón en una cadena de violencia de género. En marzo de 2015 la joven denunció una violación en la misma fiscalía en la que, cuatro meses después, su familia reclamaría por la averiguación de su paradero. Esta vejación dejó embarazada a Gisela y, a pesar de notificar el hecho, la causa quedó archivada.

Según la abogada de la familia Gutiérrez, el caso de Gisela demuestra “la desidia estatal” para abordar estas problemáticas sobre todo cuando se trata de mujeres con bajo recursos. Por su parte, Sofía Da Costa, integrante de la Coordinadora Feminista de Mendoza, insiste en que el Estado es cómplice porque no supo “escuchar o no pudo dar respuesta en su momento”.

La familia Gutiérrez junto con sus abogados defensores continúan luchando y esperan algún resultado. Desde la Coordinadora anunciaron que este sábado 23 se realizarán actividades en el barrio, cerca de la sala de salud del lugar. El martes 26, a las 11, convocaron a una movilización frente a la Legislatura para entregar una denuncia sobre el accionar del Estado.

El camino judicial

Actualmente hay dos causas abiertas: una, en la justicia provincial por averiguación de paradero que realizó la familia el 19 de julio de 2015. La otra está radicada en el fuero federal, por la posibilidad que se trate de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. La abogada defensora, González Prado, también explicó que no hay novedades en la investigación que se sigue por averiguación de paradero, como tampoco en la intervención que la familia dio a la línea nacional 144.

Tanto la abogada como las integrantes de la Coordinadora Feminista coinciden en que el proceso de investigación está plagado de irregularidades y prejuicios contra la víctima.

La abogada recalcó que las pocas pericias que se hicieron en la investigación por la violación están sustentadas en prejuicios y en juzgar moralmente a la víctima, en lugar de determinar quiénes fueron los responsable del ultraje. “Lamentablemente la discriminación por género y por clase atraviesan las distintas partes de nuestra sociedad”, explicó Da Costa respecto a la estigmatización del caso.

Lo que significa es una estigmatización y una revictimización y sobretodo los medios de mayor difusión no suelen reconocer la responsabilidad que tienen en estos tipos de problemáticas.