Violencia de género: para que la ley sea más que palabras

 

 

“Hoy recae en las mujeres víctimas de violencia la responsabilidad de diligenciar las medidas previstas en la ley”. Las palabras de Stella Spezia, titular de la Dirección de la Mujer, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, plantean la realidad que viven a diario quienes se acercan a una comisaría o a una fiscalía para denunciar y pedir ayuda. Las mujeres siguen un largo recorrido: ir a la comisaría o a la fiscalía, lograr que tomen la denuncia por violencia, que se dicten medidas urgentes para evitar que el agresor se acerque, asistir al cuerpo médico forense si hay lesiones, pasar por un examen psicológico, llevar testigos. Y la lista sigue.

 

 

Los asesinatos de Mariana Roby (hermana del ministro de Salud) a manos de su exesposo, Marcelo Manino, y los que cometió el auxiliar de la Policía de Mendoza, José Ontiveros, quien mató a la que fuera su suegra y a su sobrino de 8 años para vengarse de su exmujer, representan sólo una muestra de que los mecanismos de protección de las víctimas no están funcionando. Más aún, son la comprobación más triste e irrefutable de que la violencia de género no tiene clase social.

 

 

Estos femicidios, y los que se producen en todo el país, demuestran a las claras que una ley sólo es un conjunto de palabras si no existen políticas públicas que sean instrumentos para su cumplimiento.

 

 

La ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, promulgada en 2009, es una muestra de esto. Incluye a las diversos modos de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, y establece las políticas y los procedimientos que se deben instrumentar en cada caso. Palabras que en la práctica no se cumplen.

 

 

Spezia es la titular de la Dirección de la Mujer dependiente de la Suprema Corte, que lleva el nombre de Carmen Argibay, en honor a la jueza nacional que falleció el año pasado y fue la impulsora de las oficinas de la mujer y contra la violencia doméstica en el ámbito judicial. En la provincia, la oficina funcionó primero como una prueba piloto; ahora estudian replicarla en todos los departamentos y ampliar sus horarios de atención.

 

 

Desde sus comienzos, el trabajo de los integrantes de la Dirección fue brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia para evitar que deambularan por los distintos estamentos judiciales sin obtener respuestas. Por eso, realizan un seguimiento de los casos; en lo que va de este año hicieron 1395 intervenciones, de las cuales 984 fueron derivadas desde el Ministerio Público fiscal y 145 desde los juzgados de Familia.

 

 

Spezia señaló que trabajan desde hace dos años para acompañar a las víctimas, pero también en la capacitación del recurso humano, factor clave para que las mujeres encuentren respuestas.

La abogada aseguró que, aunque se avanzó mucho, todavía faltaba mucho más para dar una respuesta eficiente a las víctimas y analizó las razones. Explicó que la ley 26485 fue un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y que preveía mecanismos judiciales rápidos para proteger a las víctimas, el problema, aseguró, es que establece un nuevo paradigma respecto del tema que la mayoría de los funcionarios judiciales no comprende.

 

 

La titular de la Dirección de la Mujer comentó que en los ámbitos judiciales, respecto de la violencia de género aún hoy prima la división tajante entre el ámbito privado y el público, cuando la ley debería proteger en cualquier ámbito y dar competencia a cualquier juez o fiscal para que arbitrara los mecanismos de protección.

 

 

Spezia dio ejemplos de esta distancia entre la letra de la ley y la realidad. Comentó que aún hay personal policial o fiscales que no reciben una denuncia de violencia si no ven los resultados de los golpes, desconociendo que es su obligación y que, además, la norma incluye a todos los tipos de violencia, como la psicológica o la económica, que no se ven pero que provocan graves daños. Tampoco se utilizan los mecanismos sumarísimos previstos en la ley, que establece un lapso de 48 horas para dictar, por ejemplo, una restricción de acercamiento, algo que puede decidir cualquier juez sin necesidad de que sea uno de Familia.

 

 

Otro de los inconvenientes que planteó Spezia fue la falta de un sistema informático ágil,  un recurso que permitiría evitar el papeleo y las llamadas telefónicas y lograría en poco tiempo comunicar las medidas entre los distintos organismos que participan. 

 

 

Spezia explicó que otro problema es la falta de articulación entre los distintos organismos públicos que participaban, tanto la Dirección de la Mujer dependiente del Gobierno de la provincia, como los municipios, muchos de los cuales tienen áreas específicas para atender este tipo de demandas. Dijo que todos trabajaban en el tema y hacen un gran esfuerzo, pero que faltaba más conexión y articular las medidas.

 

 

Este cúmulo de trabas es lo que llevó a decir a Spezia que hoy “recae en las mujeres víctimas de violencia la responsabilidad de diligenciar las medidas previstas en la ley”. Es decir, que todo depende de la mujer, una mujer que sufre desde hace tiempo y para la cual es un paso significativo el sólo hecho de acercarse a una comisaría o a una fiscalía para hacer una denuncia.

 

 

La abogada señaló que el sistema judicial comienza a comprender la gravedad de la violencia de género y que es una decisión de la Corte continuar con las capacitaciones, así como extender el horario de atención de la dirección, incluir los fines de semana y replicarla en el resto de los departamentos.

 

 

Spezia explicó que siguen trabajando para que las mujeres obtengan respuestas, para que no se las revictimizara ni sean sometidas a largas esperas, porque todo ello lleva a que desistan de realizar una denuncia, lo cual es un gran paso para una persona que sufre violencia desde hace años.

 

 

 

Una visión integral

 

 

La titular de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, María Laura Palero, apuntó a una visión integral del problema, a ir más allá de la violencia intrafamiliar o de pareja, y a entender que existía en distintos ámbitos una relación de poder desigual, que vulneraba los derechos de las mujeres.

 

 

Palero explicó que, más allá de la asistencia psicológica, jurídica y el acompañamiento brindado a las víctimas, sus esfuerzos y los del organismo que comanda están dirigidos a atacar las causas de la violencia. Esto es, a empoderar a las mujeres, fortalecer las organizaciones sociales de base, lograr que accedan a su derecho de salud, educación, trabajo; es decir, a intentar que no lleguen a convertirse en víctimas.

 

 

La titular de la Dirección de Mujeres reconoció que faltaba mucho. Dijo que es una construcción en la que deben colaborar los ciudadanos, que las mujeres deben participar en los espacios políticos y que en Mendoza la temática de género aún no estaba incluida. Dijo también que el sistema judicial, de seguridad y los medios de comunicación siguen replicando viejos paradigmas.

 

 

Más allá de esta visión integral de la violencia, Palero reconoció que el Estado no da abasto para dar respuesta a las víctimas. Actualmente brindan asesoramiento jurídico y psicológico, explicó, y buscan un refugio a quienes lo necesitan, aunque en este momento sólo funcionan dos: el de la comuna de Guaymallén y el de la Fundación Sobran Motivos.

 

 

La Dirección trabaja en fortalecer las áreas municipales de la mujer, continuó explicando, con la intención de que pudieran asistir a la víctima en el ámbito en el que vive, y ya está en marcha la licitación para construir un hogar, que tendrá el concepto de un centro de día, que no estará escondido.

 

 

La titular de la Dirección de Mujeres comentó que antes de fin de año presentán un protocolo de actuación, para que cada organismo sepa cómo actuar y lo haga en forma coordinada, cuando una mujer o un varón víctimas de violencia lleguen a pedir ayuda.

 

 

 

Dónde pedir ayuda

 

*Dirección de la Mujer Doctora Carmen Argibay, dependiente de la Suprema Corte. Ubicada en el Palacio de Justicia, segundo piso, ala Norte. Teléfonos: 0800 666 5878/4498656/8622 (hasta las 14.00) y 4493236/5749 (hasta las 19.30). Atención personalizada de lunes a viernes de 8.00 a 13.30.

 

*Dirección de Mujeres, Género y Diversidad: 4284828/4746 (de 8.00 a 14.00). Línea gratuita, las 24 horas, los 356 días del año: 104.