Debatir medidas alternativas a la detención para casos puntuales de varones acusados de cometer delitos relacionados con la violencia de género: esa fue la propuesta en la que coincidieron el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, y el procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado.

Los especialistas plantearon la necesidad de realizar un debate profundo y racional, teniendo en cuenta la complejidad de la temática que afecta a miles de mujeres y que en los últimos años se reveló como uno de los grandes problemas sociales de Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Por eso, señalaron que la discusión debe estar centrada en casos puntuales, en los quela persona puede tener un seguimiento, acudir a un tratamiento y respetar las reglas y las medidas alternativas que controlará un juez.

En Mendoza hay 4600 personas detenidas y en el último año la cifra aumentó en forma significativa, tanto por las modificaciones a la ley en relación con la prisión preventiva como por los acusados de cometer delitos relacionados con la violencia de género. Por esta última causa están en prisión 350 personas en el pabellón 5 del penal de Boulogne Sur Mer, que tiene capacidad para la mitad.

El titular del Juzgado de Ejecución Penal N.° 1 explicó que en el debate debe primar la racionalidad, hacer una valoración del riesgo, ya que está convencido de que en algunos casos puntuales la detención no es la mejor respuesta. Dijo que una señal de alarma fue que algunos de esos detenidos, que no tenían ninguna relación con el sistema carcelario, regresaron por otro delito, porque en el lugar no se resocializan ni superan su problema de violencia.

Sarmiento comentó que en España, uno de los países con mayor cantidad de delitos relacionados con la violencia de género y donde esa problemática es profunda, se pusieron en marcha medidas alternativas a la detención que están mostrando buenos resultados, como, por caso, la obligatoriedad de hacer un tratamiento con seguimiento judicial para casos de varones que, por ejemplo, amenazaron a sus parejas.

El procurador Imparado consideró que, para casos puntuales, la punición no es la mejor respuesta, y que teniendo en cuenta esto es posible analizar medidas alternativas a la detención. Explicó que el Ejecutivo impulsó algunas iniciativas, como la utilización de las tobilleras, y que a esa se puede sumar la obligatoriedad de asistir a programas que les permitan superar su problema de violencia y evitar así que vuelvan a dañar a otra persona.

Imparado subrayó la necesidad de debatir esta problemática con suma seriedad, teniendo en cuenta la complejidad del problema y, sobre todo, la cantidad de víctimas. Justamente, los femicidios ocurridos en Mendoza llevaron al Ministerio Público Fiscal a crear una fiscalía especial dedicada a investigar los delitos relacionados con la violencia de género.  

La búsqueda del equilibrio

La titular de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia, Stella Spezia, aseguró que no observa irracionalidad en las detenciones por delitos relacionados con violencia de género y dijo que todos los casos que reciben en la oficina que lidera son graves.

La funcionaria explicó que la Corte realizó un protocolo de actuación, que es una herramienta útil para todos los estamentos judiciales. Dijo que desde su oficina, donde trabaja un equipo multidisciplinario, mantienen una comunicación permanente con los fiscales y jueces y que también realizan capacitaciones en forma sistemática.

En cuanto al planteo realizado por el juez  y el procurador, Spezia dijo que es necesario encontrar el equilibrio entre las posturas que plantean que las personas denunciadas transiten el período hasta el juicio en libertad y los que entienden que deben permanecer en prisión. Explicó que este debate debe incluir la letra de los convenios internacionales a los que adhirió el país –que tienen rango constitucional desde 1994– y que plantean la protección especial de mujeres, niños y niñas.

De todas formas, aseguró que existen casos en que plantean medidas alternativas a la detención, como la tobillera, y que el Ejecutivo proyecta trabajar con los varones agresores, siguiendo el lineamiento del programa que hace años se puso en marcha en Chile.

La profesional comentó que los fiscales intervienen cuando existe una amenaza, ya que en los casos menos graves derivan el tema a la Justicia de Familia, que es la que dicta, por ejemplo, una medida de exclusión del hogar o una prohibición de acercamiento.

La Dirección de la Mujer lleva una estadística de los casos que reciben, que está publicada en el sitio web, así como la información de los sitios a los que pueden acudir las víctimas. En el primer semestre de 2017 (de enero a junio) atendieron 1114 casos.

Un 2017 de terror: la Argentina tiene más de un femicidio por día

Un informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei reveló que en los primeros 43 días de este año ya se produjeron un total de 57 femicidios en nuestro país.

El desconocimiento como base del problema

Carolina Jacky, especializada en la temática, aseguró que la base de la problemática planteada es la falta de capacitación de todos los estamentos jurídicos, desde los magistrados hasta los abogados y los magistrados. Dijo que desconocen las normas relacionadas con la temática –especialmente la Ley 26485 y su decreto reglamentario– y que carecen de perspectiva de género, lo que hace que en algunos casos se tome mal una denuncia, se cometan errores en las medidas de protección, se juzgue incorrectamente y no se resuelva el tema de fondo.

La profesional comentó que la violencia de género no es un delito, sino un agravante de otros, ya que la ley no crea tipos penales nuevos, sino que agrava los existentes, como una amenaza, por ejemplo. Comentó que la única modificación que se hizo es al artículo 80, inciso 2 del Código Penal, donde se incorporó el femicidio.

Jacky subrayó que para abordar este tema se necesita criterio, razonabilidad y tiempo para evaluar la situación. Dijo que la violencia de género es una película y no una foto, y que si sólo se mira la foto se juzga mal. Ejemplificó esto diciendo que si a un varón lo echan del trabajo y llega puteando a la casa descontrolado, eso no está bien, pero es una reacción que se puede entender como razonable frente a lo que le sucedió. Ahora, si esa es una práctica común, entonces hay un problema.

“En este tema hay que indagar, tomarse un tiempo, actuar con criterio, escuchar la opinión de psicólogos y psiquiatras especializados en la materia. Como este tema no se explica, hay personas que creen que cualquier cosa está enmarcada en la violencia de género y no es así, porque todos sabemos que en las relaciones de pareja hay situaciones difíciles, que tal vez requieran la intervención de la Justicia de Familia. Por eso hay que actuar con tanto criterio”, razonó.