La Procuración del Ministerio Público de Mendoza, a cargo de
Rodolfo González, redactó y presentó una serie de directivas sobre violencia de
género e intrafamiliar.
Juan Sebastián Rodriguez, auxiliar administrativo en la Oficina Fiscal de San Martín y colaborador de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, detalla los alcances de las nuevas directivas en las que fue capacitado el personal del Ministerio Público.
¿Qué tiene que hacer una mujer que vive en Mendoza y pasa por una situación de violencia de género?
Lo primero, que no es fácil, es evitar el miedo y la vergüenza de contarlo. Tiene que ir a las oficinas fiscales a radicar la denuncia, porque se trata de un delito. En la oficina tiene que recibir atención personalizada e idónea. Hay gente que no es idónea para esto. Es interesante que exista al menos una persona en cada turno que entienda del tema. En mi oficina está, no sé si en todas. Es muy complejo, como las denuncias de abuso sexual.
¿Cuáles son las directivas actuales?
En primer lugar, tienen que ver con la atención: trato cordial y digno, que la mujer se sienta un ser humano y no un número que va a denunciar. Por otro lado, algo difícil de encontrar pero que va sucediendo: hay que involucrarse, ponerse en los zapatos de la víctima, entender que está pasando por un momento duro. Una vez que se consigue eso, hay que entender que la gente va con la sensibilidad y el estrés a flor de piel, y hay que serenarla y ayudarla a ordenarse. Cuando llegan recién salidas de una situación de violencia, cuesta que haya una total coherencia en lo que dicen; todo lo que dicen es verdad, pero en el afán de contarlo, el relato es desordenado y hay que darle un sentido.
Ese desorden, ¿puede llegar a interpretarse como una mentira por parte de alguien que no esté capacitado?
Ahora no, desde hace unos años; pasaba sobre todo cuando la denuncia la tomaba la policía. Falta un montón de conciencia, pero eso no pasa. Una vez que estamos frente a la persona tenemos que tratar de no revictimizarla, de tomar las medidas conducentes en el momento. Es una directiva que mandó la Procuración del Ministerio Público y es muy interesante, que dice que la oficina fiscal puede tomar medidas tutelares, como exclusiones del hogar y restricciones de acercamiento, porque de lo que se trata es de preservar a la víctima. Hay que darle la información precisa sobre lo que va a pasar, como a cualquier otra víctima, ya sea la persona a la que le robaron el celular o los deudos de un homicidio. Hay que explicar qué es lo que está haciendo, cuáles son los alcances legales y cómo sigue el proceso. Es muy básico.
¿Se hace habitualmente?
Algunos lo hacen, yo lo hago; no puede tener gente sentada en la oficina que no sabe lo que está haciendo. Por ahí la intención de alguien es dejar una simple constancia de que está sucediendo algo, como “Mi vecino me molesta y quiero dejar una constancia”, pero la constancia que se deja en una fiscalía es una denuncia, que implica una serie de cuestiones que la gente tiene que conocer. Cuando las sabe, tiene los elementos para decidir si quiere denunciar o no. En una situación donde no hay delito el Poder Judicial no interviene. Hay quien viene a denunciar que se insulta con el vecino y tiene que saber que esa denuncia probablemente termine en un archivo. La justicia actúa sobre delito consumado, siempre ha sido así, pero en el caso de la violencia de género la directiva es prevenirla. Tiene algunas herramientas muy interesantes, como el número 144, donde las mujeres, antes de ir a la oficina fiscal, pueden asesorarse. Si no, dan vueltas de un lugar a otro o arrancan por una comisaría, donde por suerte ahora las mandan directamente a la oficina, pero eso de dejarlas ir de un lugar a otro es algo que tengo para criticarle al Poder Judicial, porque no hay una comunicación directa con la ciudadanía en la que se diga: “Señora, si usted está en tal situación, puede hacer esto o aquello”. Luego verá el fiscal, en cada caso, qué corresponde y qué no.
En cuanto a capacitación, ¿qué ofrecen el gremio y el Ministerio Público?
El Ministerio Público hace cada tanto una capacitación, al menos en el este. Los fiscales son los más predispuestos y hacen unas capacitaciones interesantes. En el gremio se están conversando acuerdos para tener una oficina de género que trabaje en las circunscripciones articuladamente con el Poder Judicial sobre el sistema penal, para que tanto las mujeres que acuden a las oficinas como las trabajadoras judiciales cuenten con eso, porque el Poder Judicial no es ajeno a la violencia de género. El gremio ve con muy buenos ojos la posibilidad de acompañar estas denuncias y dar otro tipo de soluciones, como la asistencia a la víctima. Yo puedo decirte: “Andá a tal lugar y hacé este trámite”, pero si estás cansada de la burocracia no lo vas a hacer. El acompañamiento sirve sobre todo para que la mujer no desista de sacarse de encima al hombre que la violenta.
¿Cómo trabajan con la diversidad sexual? ¿Qué hacen con las denuncias de las personas trans?
Acá pasa lo mismo que con género: hay quien tiene muchas herramientas y quien no las tiene. No hay mucha gente que discrimina, pero sí hay mucha gente que no sabe tratar o sigue debatiendo si la violencia en una pareja del mismo sexo es violencia de género. Es una deuda que tiene la Procuración con la diversidad sexual, el hecho de bajar una directiva a los fiscales que diga: “Es violencia de género en estas circunstancias”. Para mí, debido a la militancia, es claro. Entre dos del mismo sexo, la diferencia la hace quién lleva el control porque tiene dominio físico, económico, psicológico. Hay gente que es muy psicótica. Hablar de violencia de género es un gran paso pero no incluimos a las mujeres trans en esta directiva y la posibilidad de que estén en pareja con varones que las golpeen. En lugar de verlo como un problema entre dos tipos que se agarran a trompadas, hay que verlo como violencia de género. Ese bache existe y deja a merced de cualquiera la resolución de un conflicto. El otro problema que tenemos, por suerte no en mi oficina pero lo he visto, es que llamen a las trans por el nombre registral cuando todavía no tienen el DNI nuevo. Un problema más es que el Inadi no garantice cierta protección a la hora de hacer una denuncia.
Además de continuar con las capacitaciones, ¿qué planes tiene el gremio respecto de este tema?
Me parece una locura que, después de tantos años de contar con leyes como la Violencia de Género, Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, tengamos todavía que sentarnos a pensar en sensibilizar gente. Es verdad que la ley educa, pero también la gente debería solidarizarse con el otro por el solo hecho de que es una persona y no porque la ley los obliga. Como no sucede, hay que capacitar en algún espacio. Lo hace el gremio, porque el Poder Judicial no hace mucho al respecto; sobre violencia de género sí, pero no sobre transgeneridad. No hay una directiva que indique cómo tratar a esa población. Mientras tanto, seguimos en el reinado de las morales hegemónicas. Si a mí me toca trabajar en mesa de entradas y recibir a una chica trans, la llamaré por su identidad autopercibida.
Decías que eras muy cercano al gremio. ¿Qué proyectos tenés al respecto?
Me gusta militar y trabajar por el otro, y el gremio es el espacio que encontré, donde pensamos diferente pero nos respetamos en la diferencia. En principio, arrancamos por género, después vemos cómo seguimos. Sí es prioritario lo de las oficinas de género, que haya un espacio para las mujeres y una articulación entre las circunscripciones que permita llevar una estadística real.
¿Cuál es el problema con las estadísticas?
Que en muchos casos no son reales. En el Poder Judicial, en la oficina fiscal, cuando tomamos la denuncia, podemos marcar un ítem que indica que es violencia de género. Hasta ese momento podemos presumir que lo es, pero no lo sabemos hasta el final de la denuncia. Muchas veces clavamos la tilde y resulta que no lo es y alimentamos una estadística muy abultada. No es ese número, lo que no significa que no sea mucho. A la vez, según el criterio de cada quién, el incumplimiento de los alimentos por parte del padre puede no ser violencia de género, pero cuando escuchamos el relato de la mujer vemos que sí lo es, porque cuenta que él lo hace para que ella no tenga plata, que la amenaza con accionar judicialmente para quitarle el hijo. Eso también es violencia de género.
No es simplemente un incumplimiento económico, hay un manejo del poder a través del dinero.
Exacto. Incumplimiento económico es el del tipo que dejó a su mujer y su hijo y no volvió más. Eso es un incumplimiento liso y llano porque no le interesan. En este otro caso, el hombre no le da el dinero a la madre para alimentar al hijo, con la intención de dañar a la madre. En esos casos, en general no se tilda porque todavía no hay una línea bien marcada.
A pesar de que la Ley 26485 dice claramente que la violencia económica se inscribe en ese marco.
Exacto. Ahora sí, con la nueva directiva, lo económico, lo psicológico, se reconocen como violencia de género. Todo esto que cuento explica por qué con el gremio queremos hacer la articulación entre las oficinas.
