25 de Noviembre: Ni Una Menos Mendoza organiza “Una plaza contra las violencias”

Identidad y Género

“Son las que están en el día a día acompañando las situaciones de violencia que atraviesan mujeres y diversidades”, sostuvo. Además, aseguró que la existencia de este ministerio “no es casual, es producto de la lucha de miles y miles que se han venido dando a lo largo de los años”. 

Si bien aclaró que no es un día de festejo, Malvina Richard manifestó entusiasmo por la convocatoria para esta tarde en las plazas del país, después de un año de pandemia que limitó las actividades colectivas. A pesar del “número alarmante” de femicidios y travesticidios, “no deja de alegrarnos esta instancia de encuentro después de esta pandemia que, en gran parte, ha tenido rostro de mujer por lo que tiene que ver con cuidados y situaciones que fueron emergentes”, afirmó.

Se refirió además al preocupante accionar de la justicia. En este punto profundizó Vanina Abraham, abogada de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte provincial, que repasó los pasos a seguir en situaciones de violencia de género. Aseguró que, en estos casos, “no siempre la mejor opción es la justicia”, ya que hay circunstancias que se pueden resolver o atravesar de maneras que “son mucho más efectivas”, no son revictimizantes ni implican el “desgaste mental y de tiempo” de un juicio. Un ejemplo son los mecanismos administrativos en ámbitos laborales.

Estas situaciones, que pueden buscar una resolución por otro camino, son en general aquellas que implican una violencia –detallada por la Ley 26485–, pero no constituyen un delito tipificado por el Código Penal. Tal es el caso del acoso callejero o laboral, la violencia digital, mediática, política, obstétrica, etc.

Lo más importante, aclaró la abogada, es que “quien debe tomar la decisión de qué hacer siempre tiene que ser la víctima”. Salvo, claro, en casos de violencia física explícita en la que una persona que oye o ve, es decir, es testigo, puede llamar al 911 de emergencias. Después de esta instancia, la mujer o persona LGBTIQ+ puede elegir la salida penal o la solicitud de medidas de protección.

“La salida penal es la primera que se les configura, pero también hay otras opciones desde la justicia. Justicia a la que todavía le queda mucho por trabajar y tiene muchos paradigmas que derribar, pero que hoy es el mecanismo estatal que se nos ofrece frente a una situación de violencia de género”, detalló Abraham. 

En este sentido, destacó la posibilidad de accionar legalmente en el ámbito de la justicia de familia, ya sea para solicitar una medida de protección –restricción del hogar, prohibición de acercamiento–, un divorcio o una demanda de alimentos. 

Cuando se decide accionar penalmente, explicó la abogada, es importante preguntar ciertos datos: en qué oficina fiscal se está radicando la denuncia o cuál es el nombre de la persona que está atendiendo. Sucede que muchas veces se confunde la fiscalía –que depende del Poder Judicial– con la comisaría –que depende del Poder Ejecutivo– y eso dificulta el seguimiento del proceso. 

Aclarado esto, especificó que existen varios mecanismos de denuncia. Actualmente, se puede hacer a través de la página del Ministerio Público Fiscal si es una denuncia penal –o en una fiscalía de la zona–. También se puede ingresar en el sitio web del Poder Judicial de Mendoza y solicitar una medida de protección –o en el juzgado de familia más cercano al domicilio–.

Además, cada municipio cuenta con un área donde se puede consultar. En el marco de la justicia, existe la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y la Oficina de la Mujer; en el Poder Ejecutivo, también se puede acudir a la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. Por último, Ni Una Menos puso a disposición una aplicación para celular que cuenta con un recursero de toda la provincia para solicitar ayuda o asesoramiento en casos de violencia de género.