La vida de las cientos de mujeres argentinas que son víctimas de violencia no se modificó en forma sustancial con la aprobación –hace seis años– de la ley que buscar prevenir y sancionar esta problemática. La muestra más dolorosa de esta realidad es que quienes buscan ayuda no la encuentran y terminan deambulando por los pasillos de la burocracia estatal. Paralelamente, la cantidad de feminicidios se incrementó durante 2013.

Esta fue una de las conclusiones del trabajo “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”, que realizaron las y los integrantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci). El colectivo analizó el estado de situación de la ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a seis años de su aprobación, en 2009.

Los resultados no son alentadores y las razones quedaron plasmadas en el trabajo. La ley aún no se aplica en todas las provincias, los recursos con que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres (órgano de aplicación) son ínfimos, el tema no ocupa un lugar relevante en la agenda política, no existen estadísticas oficiales, el acceso a la Justicia sigue siendo una deuda y hay un gran déficit de casas-refugio en todo el país. Una de las conclusiones del trabajo detalla que, mientras no se planifiquen y ejecuten políticas públicas de manera activa, la incidencia de la ley en la calidad de vida de las mujeres seguirá siendo insuficiente.
 

Sin plan rector

Silvina Anfuso, integrante de MuMaLá y a cargo del Departamento Mujer y Equidad de la comuna de Godoy Cruz, explicó que el monitoreo demostró que faltaba un plan rector, con líneas de acción claras, que permitieran articular la acción de cada uno de los estamentos que hoy se ocupan de la problemática a nivel nacional, provincial y municipal.

Anfuso recalcó que ese plan director, que debería estar en cabeza del Ejecutivo, es vital para clarificar los roles de cada organismo y así determinar sus competencias y responsabilidades. A su vez, esto posibilitaría que los ciudadanos supieran a quién acudir y qué le brindará cada organismo público u organización que se ocupan de la problemática en caso de necesitarlo..

La especialista explicó que, si bien el trabajo también reveló que el presupuesto destinado a los órganos que deben aplicar la ley era ínfimo, esta no era la problemática central, sino la falta de lineamientos generales, de articulación, ya que algunos organismos hoy realizaban la misma tarea. Para Anfuso, la conformación en el seno de la Legislatura de Mendoza de la Bicameral de Género podría ser un primer paso para buscar soluciones que tendieran a superar las deudas en la materia.
 

Las deficiencias de aplicación

El trabajo destaca que la aprobación de la Ley 26485 significó un avance en la concepción y orientación para el abordaje integral y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país, ya que superó una vieja mirada asentada en el abordaje de la violencia como familiar o doméstica.

A partir de ese concepto, las autoras y autores del trabajo analizaron en qué medida el Estado nacional y los Estados provinciales asumieron la responsabilidad de aplicar los preceptos de la ley, y concluyeron que su falta de implementación es una de las razones por las cuales no se avanzó en la lucha contra la violencia hacia las mujeres de una manera eficaz.

El monitoreo abarcó el período comprendido entre la aprobación de la ley (abril de 2009) y agosto de 2014, y se concretó en nueve provincias: Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta, Santa Cruz, Corrientes y San Luis, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tópicos que se incluyeron en el análisis fueron la adhesión de las provincias a la ley; la existencia de normas provinciales, de observatorios de violencia contra las mujeres y de casas refugio; el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres; los recursos y dispositivos existentes para mejorar el acceso a la Justicia; los organismos que brinden asistencia integral, y el funcionamiento de la línea telefónica 144.

En cuanto al primer punto de análisis, el informe reveló que 18 de las 24 jurisdicciones adhirieron a la ley nacional (Mendoza fue una de ellas), aunque en la mayoría predominaban las normas provinciales, que ciñen el problema a la violencia familiar o doméstica. La ley prevé la creación de Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de obtener y procesar datos para el desarrollo de un sistema de información permanente a nivel nacional. En este sentido, si bien el Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) firmaron un convenio para elaborar un registro único de casos de violencia en todo el país, al momento de la finalización del estudio aún continuaba en proceso de elaboración.

El informe detalló que la mitad de las provincias no contaban con observatorios de violencia contra las mujeres. Mientras que Mendoza está en esta lista, Corrientes, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con esa herramienta.

Otra de las conclusiones del informe fue que tampoco existen estadísticas oficiales sobre feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres por su condición de género. Los datos disponibles son los que produce desde 2009 “La Casa del Encuentro” y que mostraron que, durante 2013, cada 30 horas una mujer fue asesinada en nuestro país por un hombre de su círculo íntimo. La entrada en vigencia de la ley, entonces, no logró disminuir esta cifra. 

El monitoreo también analizó la existencia de registros estadísticos en el ámbito del Poder Judicial. Sólo seis de las diez provincias cuentan con registros oficiales sobre casos de violencia de género dentro de sus respectivos Poderes Judiciales, como es el caso de nuestra provincia.

La foto de Mendoza

Respecto de la situación local, en el trabajo se advierte de que la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra la Mujer (hoy Dirección), en funcionamiento desde el año 2012, si bien registra datos personales, evalúa la situación de riesgo y la cantidad de años en que persiste o persistió la situación de violencia, entre otras informaciones, aún no publica información al respecto. Luego de analizar esta temática, las y los especialistas concluyeron que existe un déficit importante en la elaboración de datos estadísticos dentro del ámbito de los Poderes Judiciales y que no cuentan con un registro unificado nacional, que permita conocer la dimensión de la problemática, el contexto de cada situación de violencia y las respuestas del sistema de Justicia ante las situaciones en las que intervenía.

Otro de los puntos de análisis fue indagar en qué provincias existen áreas destinadas a la creación y ejecución de políticas públicas, el lugar que ocupan en el organigrama y el presupuesto con el que cuentan. Las conclusiones indican que en la mayoría de los casos analizados existen consejos o direcciones dependientes de una subsecretaría bajo la órbita de los ministerios de Desarrollo Social pero sin presupuesto propio.

En Mendoza, según se detalla, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y no tiene presupuesto propio. Sólo le corresponde la tercera parte del monto total asignado a esa subsecretaría (12 428 613 pesos). En cuanto al presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (órgano de aplicación de la ley), el trabajo determinó que el monto era insuficiente y que en 2014 representó tan sólo el 0,0018 por ciento del total de la pauta nacional.

Las especialistas también analizaron los recursos y dispositivos que existen para el acceso a la Justicia de las mujeres en situación de violencia. Al hacerlo, detectaron que no hay un registro único que brinde información confiable y precisa sobre los recursos provistos por el Estado para garantizar el acceso a la Justicia y que la disponibilidad de patrocinios jurídicos gratuitos en todo el territorio nacional es casi nula.

Respecto de la existencia de organismos que brinden asistencia integral bajo la órbita del Poder Ejecutivo de cada provincia, la conclusión fue que en cada una de las provincias estudiadas existen entes encargados de recepcionar la denuncia, asesorar y orientar, y que en siete de ellas funcionan espacios interdisciplinarios de asistencia con diferentes niveles de servicio, ubicados en su mayoría en las ciudades capitales de provincia y enfocadas en violencia familiar.

Otro de los tópicos analizados fue la existencia de casas refugio en las diez provincias. Aquí se concluyó que ocho poseen casas, de las cuales sólo cinco dependen y fueron creadas por los ejecutivos provinciales. En Mendoza, consigna el informe, existen dos: una, dependiente de la comuna de Guaymallén, y otra, de una organización que recibe subsidio del Estado.

Los y las especialistas también analizaron el funcionamiento de la línea 144, dependiente de la Nación, así como la existencia de otras líneas de atención y/o asesoramiento vigentes en las provincias monitoreadas. Respecto de la situación específica de Mendoza, concluyeron que el asesoramiento brindado es correcto, con la salvedad de que la institución a la cual derivaron por asistencia psicológica informó posteriormente que no podían brindar el servicio por carecer de personal suficiente. Por esto, determinaron que los errores en la información brindada y en las derivaciones efectuadas se deben a una insuficiente articulación del organismo nacional con las instituciones provinciales y municipales, lo que se traduce en una falta de conocimiento de los recursos existentes y de su funcionamiento en cada localidad. 

El análisis de cada uno de los aspectos que se incluyeron en el monitoreo ratificó que la aprobación de la ley no significó un cambio significativo para las mujeres víctimas de violencia. Y que los tres poderes del Estado aún tienen una deuda pendiente.