Las personas que denunciaron abusos en el Instituto Próvolo se negaron a ver y dar información a los vicarios enviados por el Vaticano, Dante Simón y Juan Martínez, que llegaron a Mendoza para realizar una investigación paralela a la judicial. El principal argumento de las víctimas –declararon los clérigos– es que relatar los hechos sería una forma de revictimizar a quienes sufrieron los vejámenes durante años en la sede del colegio para chicos con hipoacusia de Luján.

Los sacerdotes respondieron las preguntas de los abogados de la causa y de la fiscalía. El planteo de la fiscalía giró en torno a dos temas: definir las responsabilidades de las autoridades que enviaron al sacerdote Nicola Corradi a Argentina y, por otra parte, las acciones que se desarrollaron en las sedes del Instituto Próvolo de Verona y de La Plata mientras se produjeron los abusos. Se trata de una investigación interna de la iglesia, de la que los vicarios se comprometieron a aportar información en la causa penal.

Los curas de Córdoba explicaron que ellos no conocen la causa y se encuentran empezando la investigación. Se limitaron a decir que se habían reunido con los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, dos de los acusados de abusar a chicos con hipoacusia, y aclararon que no investigarán el accionar de la monja japonesa Kosaka Kumiko porque corresponde a otra orden eclesiástica (Congregación Hijas de María Santísima del Huerto). El trabajo quedará así en manos de la hermana superior Lidia González.

El vicario Simón aclaró además que ellos no han tenido acceso al expediente y que está en manos de los abogados del Arzobispado de Mendoza. El funcionario de la Iglesia afirmó que no hubo denuncias en el arzobispado, por eso pidieron acceder al archivo para contactarse con las víctimas. De esta manera, amplió lo que sucedió el jueves 11, cuando la querella denunció que el Arzobispado había accedido a documentos de la investigación donde aparecían datos de los estudiantes del instituto.

Los pasos

Simón declaró que se encuentran en la etapa prejudicial, por lo que deberán estudiar el caso para luego trasladarlo al Vaticano. Con la investigación finalizada, se aplicará una pena que puede ser temporal o perpetua, que en el último caso implica la expulsión.

“La causa no tiene límite. Terminará la investigación en la medida en que se vaya dando el proceso”, agregó el funcionario, al tiempo que adelantó que se podría cruzar la información con el Próvolo de Verona.

Dudas de la querella

Los abogados querellantes, Sergio Salinas, Juan Dantiacq y Oscar Barrera, esperarán los resultados de la investigación de los enviados del Vaticano hasta el viernes 19. Si no reciben respuesta, presentarán una compulsa penal por obstrucción a la Justicia. “Acudieron al derecho pontificio. Tienen la obligación de informar hasta el viernes”, señaló Sergio Salinas, abogado de la organización Xumek que representa a las víctimas.

El abogado explicó que esperarán a que llegue Lidia González para que dé explicaciones sobre el lugar en el que estuvo la monja japonesa durante el mes que permaneció prófuga. En este sentido, entiende que al ser la persona con más poder en la orden, tenía información sobre Kumiko. “No queremos que nos saquen información a menos que ellos informen. De otra manera, es encubrimiento y ese delito merece condena”, concluyó.
 

El caso

Las denuncias en el Instituto Próvolo se conocieron a finales de 2016. Por el hecho hay seis personas detenidas: Nicola Corradi (82), Horacio Corbacho (56), los empleados José Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez –quienes están acusados de abuso y corrupción de menores agravados por la guarda y la edad de los pequeños– y la monja Kosaka Kumiko.

En febrero, la titular del 4.º Juzgado de Garantías, Alejandra Alonso, dictó la prisión preventiva a los acusados, es decir que permanecerán detenidos mientras se realiza el juicio. El único que cumple prisión domiciliaria es Corradi, dado su deteriorado estado de salud.

Por el caso también hay una monja imputada. Se trata de la hermana de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto Kosaka Kumiko, quien escapó el 30 de marzo y estuvo prófuga durante un mes. La mujer está acusada como partícipe primaria de abuso sexual agravado por la guarda y por corrupción de menores, y está alojada en la cárcel de Agua de las Avispas, cercana a Almafuerte.