En el marco del inicio del mayor juicio de lesa humanidad que se haya concretado en Mendoza, Edición UNCUYO consultó a diferentes referentes de la lucha por los derechos humanos acerca del significado que vuelca al interior de la sociedad esta “megacausa” en la que, por primera vez en Argentina, se juzga a funcionarios judiciales por su directa participación en el plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura, y su posterior encubrimiento llegada la democracia.

En las escalinatas de los Tribunales provinciales –mientras los imputados se sometían a la primera audiencia del proceso– organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura y de violencia institucional, junto a funcionarios de orden nacional y provincial, recibieron al cuarto juicio celebrando las particularidades que lo convierten en un hecho “histórico y memorable”, como lo calificó ante este medio la Madre de Plaza de Mayo mendocina María Assof de Domínguez.


Miriam Medina y Susana Trimarco, referentes de la lucha contra la violencia institucional y la trata de personas, respectivamente, acompañaron a los organismos de derechos humanos en la apertura del megajuicio.

“Estos exjueces y exfiscales han actuado con toda la impunidad a lo largo de tantos años que nunca soñaron con que este día iba a llegar”, expresó la Madre que desde 1977 sufre el secuestro y la desaparición de su hijo Walter Domínguez, de su nuera Gladys Castro y de su nieto nacido en cautiverio, pues la joven cursaba el sexto mes de embarazo al momento de su captura. Estos casos integran el listado de las más de 200 víctimas sobre las que 5 exmiembros del Poder Judicial y 35 integrantes de las fuerzas de seguridad de la dictadura hoy rinden cuentas a la Justicia.

En este sentido, la significación que el abogado querellante Fernando Peñaloza otorga a la megacausa es que “finalmente se logró sentar ante el tribunal a toda la estructura del aparato organizado en la provincia de Mendoza durante el terrorismo”. Explicó que en los tres juicios anteriores que se concretaron en Mendoza, al igual que en los desarrollados en el resto del país, dicha integralidad se vio muy parcializada: “Hoy, acá, tenemos todas las jerarquías, desde las militares hasta la policía provincial y federal, la penitenciaria y los funcionarios judiciales.”

Para el abogado Pablo Garciarena, fiscal federal de San Rafael e integrante de la querella en los dos juicios contra genocidas que se desarrollaron previamente en la capital provincial, el proceso pone en evidencia la participación judicial como elemento fundamental del terrorismo que también impartió la Justicia Federal.

“A los jueces no se los juzga solo por su complicidad con la dictadura, se los juzga por ser parte de ella. Por no investigar torturas, ataques sexuales, secuestros, muertes, robos y desapariciones a sabiendas de lo que ocurría en cada centro clandestino de Mendoza. Incluso algunos de ellos recibirán condena por practicar estos delitos”, agregó en referencia a los mayores incriminados dentro de la patota judicial: Otilio Roque Romano y Gabriel Guzzo, a quienes se imputa en 98 y 107 casos respectivamente.

El diputado nacional Horacio Pietragalla, de identidad restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo en 2003, consideró que, con este juicio, Mendoza abre la primera grieta dentro de un poder judicial marcado por su accionar terrorista en todo el país. Explicó que la “justicia de la dictadura” se mantuvo al margen del proceso de Verdad, Memoria y Justicia habilitado desde la primera gestión kirchnerista “hasta hoy, que tenemos a cinco exmagistrados en el banquillo”. Para el referente, este es un paso fundamental porque inaugurará una etapa de juzgamientos a cómplices civiles en todo el país.

En este punto, el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación e hijo de desaparecidos, Carlos Pisoni, resaltó el sentido “político, social, cultural y pedagógico” que devuelve la apertura de esta megacausa a la ciudadanía por demostrar en hechos concretos la pata civil de la dictadura: “Siempre se ha hablado de que no se trató solo de un golpe militar, de que fue cívico-militar, con complicidades muy grandes como el Poder Judicial, las corporaciones económicas, y el poder político y eclesiástico. Pero el hecho de que hoy el juicio repercuta a nivel mundial por su imputación a funcionarios judiciales reafirma la integralidad del plan estructurado para exterminar personas entre 1976 y 1983, y para ocultarlo una vez llegada la democracia”.


Celeridad vs impunidad

Los entrevistados también hicieron referencia a la necesidad de agilizar estos juicios en vistas a que el juicio a los exmagistrados llega 30 años después de la recuperación democrática, y sobre la última etapa del proceso de Verdad, Memoria y Justicia que se cumple a lo largo y ancho del país.


Sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio celebraron la llegada del cuarto proceso judicial contra represores en Mendoza.

“Sabemos que, así como muchos sobrevivientes o familiares de víctimas han fallecido en la espera de Justicia, los responsables del terrorismo también perecen sin sus debidas condenas”, sostuvo Garciarena –también a cargo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo– y señaló al Poder Judicial como autor de estas dilaciones: “Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta que la demora en el avance de esta causa en la provincia se debió a que los jueces que la retardaban estaban implicados en los hechos que se investigaban”.

En la misma línea, Peñaloza amplió que Otilio Romano y Luis Francisco Miret fueron quienes hasta muy poco tiempo continuaron al frente de la Cámara Federal de Apelaciones, ámbito por donde transitan todas las causas de lesa humanidad. “Allí se operaban las demoras, los archivos, las dilaciones exageradas. Estamos hablando de más de dos o tres años sin sacar una resolución para poder avanzar. Con el correr de los días y en el análisis de las actuaciones nos dimos cuenta de que, en definitiva, lo que ellos estaban haciendo era evitar que sus nombres, sus omisiones, su accionar negligente y su participación concreta en el aparato organizado saliera a la luz.”

Para Pisoni, las imputaciones de los exfuncionarios judiciales impactará a nivel social al reflejar el porqué del freno a las causas durante decenas de años: “¿Cómo se iba a avanzar si la familia judicial se creía intocable?”, se preguntó. Sin embargo, para el joven funcionario, el giro dado en el interior de la justicia mendocina parece ser un proceso sin retorno, que además cuenta con el apoyo y el impulso de organismos superiores que aspiran a que se dé una reconstrucción de la justicia a nivel país, al oxigenarla de los magistrados que impiden el normal ejercicio de la democracia.

Al respecto, el defensor General de la Ciudad de Buenos Aires y teórico del Derecho, Dr. Mario Kestelboim, analizó que  la promesa de condenas para los exfuncionarios judiciales rompe en cierta forma con la corporación judicial: “Este un momento de una gran efervescencia para el derecho argentino. Logrará profundidad y consolidación cuando finalmente se concrete el proyecto de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno nacional. Es central el apoyo a esta propuesta que, por sus vitales implicancias, sufre los avatares de la política opositora y del poder concentrado” consideró.


Violaciones contra la humanidad

Finalmente, los abogados Garciarena y Peñaloza coincidieron en destacar otra novedad que agrega el megajuicio al proceso de Verdad, Memoria y Justicia en el plano nacional. Se trata de que, por primera vez, las violaciones a las expresas y expresos durante sus cautiverios se contemplarán como un delito independiente de la figura de las torturas y tormentos.

“Hasta ahora las violaciones no habían sido consideradas como delito de lesa humanidad, es decir que desde hoy se respetará su carácter de imprescriptibilidad y podrán ser juzgadas como un delito más, propio de una asociación ilícita que integraba este aparato organizado de poder”, señaló Peñaloza.

Para Garciarena, este reconocimiento a las violaciones como delito independiente de las torturas y los tormentos es “una conquista clave desde el punto de vista jurídico”. Los testimonios aportados  por las víctimas sobrevivientes del D2, en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en la capital provincial, sentaron las bases para dicho reconocimiento. “Las voces de las testigos, apoyadas por las declaraciones de sus compañeros, nos permitieron advertir que, en el caso de las mujeres, las violaciones se tornaron en torturas específicas y sistemáticas por su condición de género”, concluyó el abogado.

De los 41 imputados que contempla el megajuicio, doce están culpados de haber participado en ataques sexuales. Entre ellos Miret y Romano, quienes desoyeron los abusos sexuales que denunció la expresa política Luz Faingold durante su cautiverio, en 1975, que por entonces tenía 16 años.