La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuya oficina elaboró el informe, presentó hoy formalmente el documento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde dijo que los venezolanos "merecen una vida mejor". "El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de presentación del texto.

El informe, publicado ayer, acusa al gobierno de Maduro de "graves vulneraciones de derechos" y documenta, entre otros hechos, más de 6800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores y garantizando su no repetición", afirmó hoy la alta comisionada, citada por la agencia de noticias EFE.

La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos rechazó el informe. El documento "está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos", subrayó el vicecanciller venezolano, William Castillo, en su réplica a Bachelet. 

"Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país", añadió el diplomático en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela el mes pasado, durante el cual se reunió con Maduro. Castillo argumentó sus críticas en el hecho de que de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela. Bachelet explicó previamente que las mismas fueron con migrantes y refugiados venezolanos actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España. 

Además, el documento "ignora los graves impactos" sobre el pueblo venezolano de las sanciones económicas impuestas en los últimos años por Estados Unidos, añadió el viceministro, que exigió una "corrección de su contenido". El informe agrega que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro puso en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas".

El viceministro señaló al respecto: "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales". "Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump", concluyó.