Cuatro ciudadanos venezolanos denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) “torturas” y “persecución” del gobierno de Venezuela a opositores, en la primera de un ciclo de audiencias destinadas a determinar si es procedente denunciar a ese país ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

“Estoy aquí para que se haga justicia, porque sé que nada va a devolverle la vida”, afirmó Johanna Aguirre, cuyo esposo, José Márquez, murió en 2014 por traumatismo craneoencefálico días después de que fuera detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar). Aguirre sostuvo que Márquez “fue golpeado brutalmente” y subrayó: “Los golpes fueron los que ocasionaron su muerte y no una caída, como se trataba de hacer ver en la autopsia inicial”.

Este es uno de los 289 casos presentados por el Instituto Casla, una ONG de defensa de los derechos humanos. Su directora, Tamara Suju, indicó que esos atropellos fueron cometidos por agentes de las fuerzas chavistas contra manifestantes o ciudadanos opositores al régimen bolivariano. Entre los torturados, 223 son hombres y 66 son mujeres. De esos 289, el 79 % tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 11 % oscila entre los 31 y 40.

Suju denunció, además, que los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) torturaron a varios detenidos con agresiones sexuales, a otros les obligaron a comer excremento y algunos hasta fueron sometidos a descargas eléctricas. "No respiran aire fresco, las temperaturas son inferiores a 18 grados centígrados. Hay una cárcel que se llama 'La Tumba' que está a cinco pisos bajo la tierra. El único sonido que ellos escuchan es el sonido del Metro de Caracas. Cuando deja de pasarles por encima de la cabeza es cuando identifican que es de noche", indicó la directora ejecutiva del Instituto Casla.

En esa línea, Suju detalló que 23 de los detenidos han sufrido "torturas blancas", que consisten en mantenerlos en condiciones inadecuadas de reclusión.