Tras los derrames tóxicos de la mina de oro Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, el juez Pablo Oritja ordenó que el personal del Ministerio de Salud Pública tome muestras de sangre a los habitantes de siete pueblos de Iglesia y Jáchal para saber si en sus organismos tienen metales como consecuencia de la actividad y de los incidentes ocurridos en la mina. Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, si bien celebraron la medida judicial, criticaron que el Juez se lo haya pedido a organismos dependientes del Estado.

Este pedido se da luego de que la empresa Barrick Gold, que opera la mina Veladero, comunicara un derrame de solución cianurada en el valle de lixiviación el pasado 28 de marzo, que se sumó a los otros tres, ocurridos anteriormente, en los años 2015 y 2016. En el presente no hay actividad en la mina, ya que la justicia presentó una medida cautelar ante el peligro de un nuevo derrame. Asimismo, el Gobierno nacional también suspendió los trabajos en la zona hasta que la empresa garantice la seguridad en las operaciones.

Alerta por un cuarto derrame tóxico en Veladero

La empresa Barrick Gold alertó al gobierno de San Juan sobre un nuevo incidente en la mina de oro Veladero. Según la Secretaría de Información Pública de esa provincia, anoche, 28 de marzo, se desconectó un caño con "material rico".

Oritja pidió que se analice la sangre de los habitantes de esos pueblos porque están ubicados cerca de los ríos que se encuentran en el área de influencia del yacimiento. El objetivo es conocer si desde la primera fuga hasta hoy ha habido algún impacto en sus organismos por la cercanía a la mina y por los distintos incidentes. Aunque los habitantes de la zona no toman agua del río, el magistrado quiere averiguar si las plantaciones o cultivos que consumen han sido afectados, explicó a Diario de Cuyo.

Además, en caso de que los resultados den positivo, dispuso que se informe si “su incorporación ha sido de manera crónica a aguda o si tuvo el carácter de intoxicación", y, de darse esta situación, "aún no tiene definidas las medidas a tomar, ya que tendrá que consultarlas con especialistas y técnicos". Las muestras se tomarían a 340 familias iglesianas de las localidades de Angualasto, Malimán, Malimán de Arriba, Chinguillo y Buena Esperanza, así como también a habitantes del paraje La Isla, La Represa y la zona del Dique Pachimoco, en Jáchal.

Al respecto de las consecuencias en la zona por la actividad minera y los derrames tóxicos, luego de un estudio de la UNCUYO se comprobó en 2015 la contaminación en los ríos de deshielo con metales pesados peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona, como arsénico, aluminio, manganeso, boro, cloruros y sulfatos.

Diego Seguí, abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, se refirió al pedido del magistrado: "Celebramos la medida, pero creemos que el juez erró a quién se la ha pedido, porque lo hizo a organismos dependientes del Estado y técnicamente no se puede. El Estado es tan responsable como la empresa. Se lo debe pedir a organismos independientes". Asimismo, se puso un tope de 30 días al Ministerio de Salud para realizar el muestreo y en el transcurso de esta semana, enviarán los oficios para que empiecen a correr los plazos, según explicó Diario de Cuyo.

El abogado ambientalista también expresó que Oritja "hizo un copie y pegue de la resolución del juez federal Sebastián Casanello que éste no concretó. Pero en esa resolución, se pedía información a organismos independientes, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Cuestión que no se hizo ahora".

Además, Seguí señaló que Oritja hizo "otros pedidos a la provincia de San Juan, como un dictamen técnico al Departamento de Hidráulica y a la Secretaría Ambiental en relación con los daños ambientales".