“Para que la Ley de Ordenamiento Territorial se implemente debe haber una construcción política de poder, hoy carece de legitimidad política”. Esta es una de las conclusiones de la tesis de Sergio Bugarín, de la licenciatura de Ciencia Política de la UNCuyo, en la que analizó las dificultades de implementación de la norma que se aprobó en 2009.

En su trabajo, titulado “Consensos y disensos en torno a la implementación de la ley 8051. Análisis de los modelos teóricos subyacentes a su elaboración”, Bugarín estudió a fondo el proceso de elaboración del proyecto, de su aprobación y posterior sanción, y especialmente las dificultades para implementarla en forma efectiva.

El objetivo de su trabajo de tesis, cuya dirección estuvo a cargo de Amelia Barreda, fue realizar un aporte para que se lograra la implementación de una ley clave para el futuro y el desarrollo de Mendoza.

La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051) fue aprobada en 2009, luego de 10 años de debates y discusiones. Incluso, en 2006, se intentó imponer un proyecto que le daba poder a los emprendedores privados, pero fue frenado por la comunidad científica. Los investigadores de la UNCuyo y del CCT Conicet elaboraron una nueva propuesta que impulsa un modelo de desarrollo equilibrado y sustentable del territorio, que fue el que finalmente se aprobó.

El texto marca el camino a seguir para su plena implementación: ya se formaron el Consejo y la Agencia de Ordenamiento Territorial (el Senado decidirá quién la presidirá), y se está elaborando el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que delineará los aspectos básicos para que las comunas elaboren sus propios planes.

Sin neutralidad
Bugarín explicó que, si se piensa el proceso de implementación de una ley de forma simple, deberían seguirse los siguientes pasos: que se apruebe un proyecto, se sancione y finalmente se implemente, aunque en la realidad el proceso no es tan lineal. Según su punto de vista, la razón es que el Estado no tiene una lógica neutra, sino que conviven en su seno diversos intereses políticos, sociales y económicos.

“La comunidad científica técnica –que fue la que lideró el proceso de elaboración y aprobación de la ley– trabajó con el supuesto de la neutralidad del Estado y de los funcionarios, es decir que las disputas políticas se resuelven una vez sancionada la ley, y esto no es así”, comentó Bugarín.
Para el estudiante de Ciencia Política, el fondo de la cuestión es que el territorio provincial está cruzado por una fuerte disputa en torno a sus usos, sus modos de apropiación y los beneficiarios de tal utilización. Dijo que hay dos bloques en lucha: el primero es el de la élite económica local, que defiende un proyecto de mercantilización del territorio, con una estructura productiva rentista basada en los recursos naturales, especialmente los mineros. El segundo –defendido por la comunidad científica– es el agroindustrial de oasis, que plantea una opción de desarrollo que implica no solo sostener la estructura productiva actual, sino mejorarla y profundizarla, con la planificación del suelo y sus recursos.

Para Bugarín, es justamente esta disputa entre intereses antagónicos la que no está saldada y frena la implementación de la ley. Explicó que, aun en el seno del Gobierno provincial y del Partido Justicialista, hay sectores que apoyaron el proyecto de ley de 2006 y que son los mismos que hoy promueven los proyectos de Loteos y Catastro, que van en contra del ordenamiento territorial. Frente a esta disputa irresuelta, Bugarín comentó que la legitimidad de la comunidad científica fue suficiente para desechar el proyecto de ley de 2006, para elaborar uno nuevo y lograr su sanción, pero no para que se implementara en forma efectiva, porque no tiene poder político y mucho menos puede ir en contra de la élite económica local.

Para el estudiante, no es posible construir poder político democrático mediante el solo uso de la razón, sino mediante la expresa y manifiesta voluntad de las mayorías populares. Aseguró además que los mecanismos planteados en la ley, tales como los foros y las consultas populares no vinculantes, no alcanzan, porque no brindan legitimidad política.

Bugarín planteó que los mecanismos de validación democrática que necesitan los planes estratégicos de ordenamiento territorial son el referéndum o la consulta pública vinculante. Para implementarlos, señaló, se requiere de una reforma constitucional y del Estado en general, ya que hoy no están previstos.

“La relación de fuerzas en una disputa entre el prestigio de la razón (la comunidad científico-técnica en solitario) y el poder económico (la élite económica local) con una ciudadanía pasiva, nos da como resultado que tiene más poder la élite económica para imponer sus intereses. Entonces, un plan de ordenamiento territorial sin legitimidad política expresa de la mayoría ciudadana provincial, puede ser incumplido sistemáticamente por no tener el poder necesario para hacerse efectivo”, fue una de las conclusiones de la tesis.