Uruguay inició a partir de este lunes el cierre de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres, así como la entrada en vigencia de la ley que limita el derecho de reunión, por el aumento de casos de la COVID-19 en ese país en las últimas semanas. En casos de desobediencia, se aplicará una multa. Así lo explicaron en conferencia de prensa el domingo los ministros de Defensa, Javier García, e Interior, Jorge Larrañaga, que coincidieron en el llamamiento a la población de ese país a acatar las normas y evitar aglomeraciones.

25 puertos de control y 500 efectivos

A partir de este lunes, por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil se despliegan más de 500 integrantes del Ejército y la Armada con 25 puestos de control, en los que se permitirá el ingreso solo para las excepciones de transporte de carga y ayuda humanitaria.

“Queremos decir que esta disposición nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia, pero está determinada porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados, como el derecho a la vida y la salud”, expresó García.

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Agregó que en la frontera con Brasil, especialmente, se da el “fenómeno” de la “vida binacional”, en la que ciudadanos uruguayos se trasladan a Brasil a trabajar y viceversa, por lo que señaló que en esos casos se solicitará, como medida de comprobación, el documento de identidad, y se revisarán los movimientos migratorios. “Vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley, así que tanto los 25 puestos de control en todo el perímetro del país como lo que significan los puentes van a estar cerrados. Al tiempo, recordamos que están prohibidos los vuelos particulares y todo medio de transporte terrestre y marítimo”, apuntó.

Multas entre USD 900 y USD 30 mil

La semana pasada, Uruguay también aprobó una ley que modificó el artículo 38 de la Constitución para permitir la limitación del derecho a reunión “cuando se esté notoriamente atentando contra la salud”. “Esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos —resaltó el ministro de Defensa—. La ley que acaba de aprobarse es para cuidar a la gente, la salud y la vida, y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego, aun a costa de poder limitar algún tipo de derecho”.

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Primera ola

Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su “primera ola” de coronavirus. Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de COVID-19, Uruguay registra 13 048 personas contagiadas (4602 de ellas activas) y 119 fallecidas.

La semana pasada, Lacalle Pou dijo que el Gobierno está haciendo “todo lo posible por tener la mejor” vacuna en el menor tiempo posible y que están manteniendo reuniones al más alto nivel para concretarlo. El mandatario ha agradecido durante una comparecencia la conducta de los ciudadanos, responsable de los “números positivos” que ha registrado el país hasta el momento, ya que “la segunda ola del mundo es nuestra primera ola”.

Aun así, la semana pasada, la Unión Europea ha sacado a Uruguay de la lista de menos de una decena de países extracomunitarios a los que mantiene su frontera exterior abierta, al considerar que la situación epidemiológica se ha deteriorado en este destino y los viajes elevarían el riesgo de propagación del coronavirus.

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