La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un informe que analiza la incidencia de las armas de fuego en los femicidios informados de 2017 a 2022 en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, las características de las víctimas, los victimarios y los hechos. Uno de cada cuatro femicidios fue cometido con un arma de fuego. De esa cuarta parte, en nueve de cada diez casos, las víctimas conocían a los victimarios.

Extrajeron los datos con el objetivo de fortalecer al sistema argentino de impartición de justicia y las capacidades de prevención, investigación y sanción de la violencia de género. Por su parte, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la desfinanciación del Programa Acompañar –de asistencia económica a las mujeres que deciden abandonar el hogar que comparten con un agresor– con la justificación de gestionar con "eficacia, eficiencia y economía" los recursos del Estado nacional. Activistas y organizaciones feministas expresaron rechazo e indignación. La tasa nacional de femicidios con arma de fuego es de 0,26 cada 100 mil mujeres; la más alta es de Santa Fe (0,49); la más baja, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,08), y Mendoza se ubica por debajo de la media, con 0,20.

De un total de 1628 víctimas de femicidio, 404 fueron asesinadas con un revólver, pistola o algún equipo de ese tipo. Además, más del 24 % de los femicidios directos fueron cometidos con esta artillería y el porcentaje asciende al 28 % en casos de femicidios vinculados (aquellos cometidos contra alguna persona del entorno de la mujer a la que el agresor quiere dañar con la pérdida). Las chances de que el femicidio fuera múltiple (y no simple) se duplicaron cuando el atacante usó un arma de fuego: el 4 % de los femicidios cometidos por otros medios fueron múltiples y el porcentaje se eleva al 8 % en el caso de los cometidos con una pistola o similar.

Fuente: Elaboración de la OM-CSJN a partir de datos aportados por cada organismo del sistema de justicia argentino y el Indec para proyecciones poblacionales. *Las tasas fueron calculadas a partir del promedio de víctimas de femicidios directos cometidos con armas de fuego y el promedio de las proyecciones poblacionales al 1.º de julio publicadas por el Indec para el período bajo análisis (2017-2022).

Cuando el agresor usó armas de fuego en un femicidio directo, en más del 87 % (335) de los casos existía vínculo previo entre la víctima y el victimario: el 44 % (169) eran pareja, y el 25 % (95), exparejas, mientras que el 1 % (4) mantenían otro tipo de relación sexoafectiva; el 4 % (15) eran familiares directos y otro 4 % (15) eran otro tipo de familiares, mientras que casi el 10 % restante (37) eran conocidos que tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 4 % (14) de los casos se trató de desconocidos para las víctimas y en el 9 % (35) no se obtuvieron datos sobre el vínculo. En síntesis, las víctimas conocían a los asesinos en casi 9 de cada 10 casos de femicidios directos cometidos con armas de fuego.

Sin embargo, la violencia física no sucede de un día para el otro. La anteceden agresiones encubiertas, descalificaciones, maltratos y otras formas menos visibles. De hecho, había antecedentes de violencia de género en al menos el 32 % (123) de los vínculos donde hubo un femicidio directo cometido con arma de fuego. De los 384 vínculos existentes entre las víctimas y los sujetos activos de femicidios directos cometidos con armas de fuego, al menos 44 víctimas (el 11 %) habían efectuado denuncias formales, y en 79 vínculos (el 21 %) se relevaron por otros medios hechos previos de violencia de género.

Por eso, distintas organizaciones y activistas que trabajan en reducir la violencia machista pusieron el grito en el cielo ante la modificación del Programa Acompañar que publicó el Gobierno nacional en el Boletín Oficial. Por un lado, redujo de seis a tres meses el tiempo por el que otorgan un salario mínimo, vital y móvil a aquellas que dejan su casa por compartirla con un agresor. Por otro, a partir de ahora exigen una denuncia policial o judicial para brindar la asistencia, algo que complica a aquellas que están en peligro dentro de su hogar y necesitan, primero, abandonarlo.

Captura del tuit de la periodista Marcela Ojeda

Armas de fuego y violencia de género

Las armas de fuego, sostiene un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), son los únicos objetos diseñados exclusivamente para matar, tienen mayor letalidad y exigen menor esfuerzo por parte del agresor. Por eso es obligación del Estado controlar sus usos y prevenir consecuencias graves. Y es que, incluso cuando no se traduce en hechos letales, “la presencia de armas de fuego colabora con la reproducción y sostenimiento de relaciones de poder”, en el caso de los femicidios, de los varones sobre las mujeres.

Es la población masculina la que habitualmente tiene armas, las usa o defiende su tenencia con fines defensivos, explica el estudio del Inecip. Según los números oficiales que toman de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), de cada cien usuarios de armas de fuego en nuestro país, 99 son varones. Las mujeres no las compran ni las tienen, pero sufren sus consecuencias: según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, es de fuego el arma empleada en uno de cada cuatro femicidios.

A pesar de los números preocupantes y las advertencias de especialistas, la ANMaC puso en pausa las políticas de desarme voluntario orientadas a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia con uso de armas. En la cabecera de su sitio web, un anuncio advierte: “El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones no se encuentra vigente desde el 31 de diciembre de 2023. Por el momento no se reciben armas de fuego y/o municiones".

Advertencia en la cabecera del sitio de la Agencia Nacional de Materiales Controlados

Los femicidas

El informe de la Oficina de la Mujer de la Corte recoge los datos de “los sujetos activos de femicidios directos cometidos con armas de fuego”. Su edad promedio fue de casi 42 años, algo mayor a los 37,8 años de los que cometieron este crimen por otro medio. Es que los adultos mayores utilizaron armas de fuego en el 35 % de los femicidios directos entre 2017 y 2022, proporcionalmente más que el resto de los grupos etarios.

Además, al menos el 19 % (68) de los victimarios en los casos analizados pertenecían a alguna fuerza de seguridad: 38 entre 2017 y 2019 –35 sin especificar y 3 eran seguridad privada–, y 30 entre 2020 y 2022 –al menos 21 pertenecían a alguna policía provincial; tres, a las Fuerzas Armadas; cuatro, a las fuerzas federales; uno, a una fuerza sin especificar, y uno trabajaba como seguridad privada–. En síntesis, casi dos de cada diez sujetos activos de femicidios directos cometidos con armas de fuego entre 2017 y 2022 eran integrantes de fuerzas de seguridad.