Los municipios deberán respetar un único criterio para definir sus zonas urbanas, de interfase y rurales; deberán tender a densificar las primeras, inclusive construir en altura, para preservar las áreas de fragilidad ambiental. Ese es uno de los conceptos que incluirá el proyecto del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que el Ejecutivo presentará en dos semanas ante el Consejo de Ordenamiento y luego en la Legislatura, con el objetivo de destrabar un proceso que está frenado hace tres años.

La representante del Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, explicó que no hicieron el proyecto desde cero, sino que tomaron las bases de la iniciativa que fue presentada por el exgobernador Francisco Pérez el 1.º de mayo de 2014 y que nunca se trató. Comentó que modificaron el escrito sobre la base de las sugerencias provenientes del sector científico.

Rapali dijo que antes de presentar la iniciativa en la Legislatura, la pondrán a consideración de los integrantes del Consejo Provincial de Ordenamiento, un órgano consultivo creado por ley, que está conformado por integrantes de 65 organizaciones. Explicó que esperan que el análisis no se extienda en el tiempo, dado que la mayoría de los puntos incluidos en el documento ya fueron consensuados.
 

Un proceso trunco

Luego de diez años de discusiones en que el sector científico –con la UNCUYO a la cabeza– tuvo un papel clave, los legisladores aprobaron la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051), cuyo objetivo central es el crecimiento de Mendoza pero con planificación, equilibrio y equidad para todos los habitantes, sin importar dónde vivan.

Esa ley es distinta a otras, ya que para su plena vigencia establece pasos a cumplir, algunos de los cuales se concretaron, como la conformación del Consejo de Ordenamiento (un órgano consultivo) y de la Agencia de Ordenamiento, encargada de velar por el cumplimiento de la norma. Sin embargo, nunca se logró un punto clave para hacer realidad la norma: la aprobación por ley de un Plan Provincial de Ordenamiento, que daría las bases para que cada municipio elaborara su propio plan.

Luego de muchos debates, durante la gestión del exgobernador Francisco Pérez se presentó un proyecto de plan en la Legislatura, pero recibió críticas de la oposición (en ese momento, los radicales), de algunas organizaciones y de entidades científicas y académicas, entre ellas la UNCUYO, por lo que nunca se trató. Es decir que, aun cuando Mendoza tiene una ley de ordenamiento, no hay ningún elemento práctico que ayude a mitigar los problemas cien veces estudiados pero nunca resueltos: el crecimiento desmedido del Gran Mendoza en detrimento de otras zonas, el avance urbano sobre las mejores tierras de cultivo y la urbanización del piedemonte sin planificación, entre otros aspectos.
 

Reactivar el proceso

Ahora, el Ejecutivo busca reactivar el proceso con la presentación de un nuevo proyecto de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que en dos semanas pondrá a consideración del Consejo de Ordenamiento y luego presentará en la Legislatura.

Rapali enumeró algunos de los conceptos que incluye el documento: define claramente a qué se considera zona urbana, de interfase y rural; establece la necesidad de densificar la primera aprovechando los vacíos existentes, e incluso construir en altura, siempre respetando los condicionamientos dispuestos por los códigos de edificación.

La inclusión de un criterio uniforme que deben respetar los 18 municipios para definir qué es urbano, qué interfase y qué rural es un aspecto central de la propuesta, ya que una de las críticas que se hicieron al proyecto  anterior fue que no incluía herramientas concretas para frenar las problemáticas; entre ellas, la construcción sobre suelos productivos.

El proyecto incluye la enumeración de algunos mecanismos que las comunas pueden utilizar para proteger las zonas de fragilidad ambiental, como lo son las tierras productivas. Uno es una quita en los impuestos provinciales a quienes cuiden esas zonas, e inclusive el pago de un canon al agricultor por servicios ambientales, un método que se utiliza en Europa para resguardar los cultivos.

Rapali comentó que la iniciativa también propone a las comunas lograr un orden administrativo en materia de ordenamiento, ya que brinda un marco general para todos los organismos que tengan intervención en la aprobación de un proyecto inmobiliario, como la Dirección de Hidráulica, Irrigación y las empresas de servicios, entre otros.

La representante del Ejecutivo en la Agencia, comentó que el proyecto se presentará en dos semanas al Consejo de Ordenamiento y luego ante la Legislatura  y que el objetivo es lograr su aprobación en un lapso corto, para que el proceso continúe su avance. Es que la ley contempla que, una vez aprobado el plan, las comunas tendrán un año para elaborar sus propuestas.

Rapali explicó que la situación de las comunas es dispar respecto de la elaboración de sus planes, ya que algunas están muy avanzadas y otras ni siquiera tienen un área de ordenamiento territorial.