La abogada Carolina Jacky hizo conocer públicamente una nueva denuncia contra Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Fue un jubilado mendocino quien denunció al funcionario ante la Justicia Federal por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, omisión de los deberes del oficio y desobediencia al cumplimiento de una orden judicial.

El denunciante posee una sentencia firme desde hace poco menos de dos años en la que se ordena a Anses que reajuste el haber previsional del jubilado y le pague un retroactivo. El plazo que dio la Justicia al organismo para el cumplimiento de esta orden fue de 120 días que –dice Jacky en la publicación de su cuenta de Facebook– “ha vencido sobradamente”.  

Tanto en la denuncia como en la constitución de querellante en esta causa, se especifica que este accionar es una constante del organismo previsional, ya que hay más casos de jubilados y jubiladas en esta situación. Es decir, no se trata de un caso particular de incumplimiento a una orden judicial, sino de una conducta sistemática.

Según la publicación de la letrada en la mencionada red social, resulta llamativa la semejanza de esta denuncia con la que presentó hace un año la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió contra el titular de Anses del período 2010-2015, Diego Bossio. “Sería muy importante que la doctora Carrió recordara lo que en su momento firmó y hoy intervenga a fin de remediar aquello que todavía no se corrige en el actuar de la Anses y sus funcionarios de turno”, reza el posteo de Jacky.

Un largo historial

Emilio Basavilbaso fue designado director ejecutivo de Anses en 2015 de la mano del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Anteriormente se había desempeñado como titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (ICV) entre diciembre de 2011 y 2015, cargo que le valió varias denuncias.

Según testimonios rescatados en una nota de Página/12 publicada en diciembre de 2015, señalaron que Basavilbaso es un “exponente de las políticas en favor de la especulación inmobiliaria y en detrimento del acceso a la vivienda digna que caracterizaron a los primeros ocho años del PRO en la Ciudad (de Buenos Aires)”. Se lo acusó, en ese entonces, de haber achicado el presupuesto del ICV y de su desfinanciamiento y desguace.

Hubo una denuncia aún más grave: el Juzgado Nacional Criminal de Instrucción N.º 15 de Buenos Aires lo investiga porque 350 trabajadores del subte y más de 100 vecinos alegaron haber sido estafados con casas que jamás fueron adjudicadas, por 35 millones de pesos. Con respecto a este caso, hubo un informe del legislador Juan Cruz Campagnoli que señaló que parte de ese dinero fue a parar a una consultora privada y otra parte, a una cooperativa, sin que mediara contratación ni licitación alguna.

Como si todo esto fuera poco, Basavilbaso fue imputado penalmente junto con Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y la excanciller Susana Malcorra –entre otros funcionarios nacionales– por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Fue a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con Qatar. El actual titular de Anses también fue imputado junto con el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, por el presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos en una causa en la que se investigan operaciones irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.