Hay que enmendar la Constitución de Mendoza para cambiar la forma de votar por los candidatos a cargos constitucionales. Quedó probado que el obsoleto método de la sesión de acuerdo (secreta) y por bolillas blancas y negras (anónima), proclamado por la misma Carta Magna provincial, atenta contra la misma.

 
Esta vez fue el azar o un error

El rechazo a una postulación a la Corte fue fortuito. La aspirante estaba públicamente observada por falta de idoneidad y de requisitos para ser jueza de Corte. Es decir, se puso en riesgo la calidad de una de las instituciones del Estado. Se trató de una maniobra amparada por un método oscuro y arcaico de selección, pero frustrada por un error de una senadora.
 
No es una novedad que quien decide (en este caso el vicegobernador) debe priorizar entre la legitimidad de un acto y la legalidad del mismo. Carlos Ciurca decidió dar por válida la votación que dejó a Miriam Gallardo fuera de concurso por un espacio en la Corte, más allá de que se tratara de un error cometido por una senadora del oficialismo y cuya revisión estaba contemplada reglamentariamente.
 
No se debe hacer ninguna postulación a algún cargo constitucional a días de una elección popular. Esto condiciona a quienes deben votar por los cargos institucionales, ya que el criterio personal de cada uno de los senadores queda subordinado a las pretensiones partidarias y electorales. Esto luego lo reconoció el mismo y nuevo fiscal de Estado, Fernando Simón quien fue también partícipe de la sesión de acuerdo en su condición de senador oficialista. 
 
Si el gobernador envía una nueva postulación tras las elecciones PASO, quedará a expensas de una nueva polémica si el resultado de las primarias le es adverso al oficialismo. Aunque la Constitución ordena que el gobernador deberá mandar una nueva propuesta en el plazo de los siguientes 30 días al rechazo, lo más recomendable es que lo haga tras las elecciones generales de junio y en acuerdo con el gobernador electo. De todos modos, la potestad siempre es de quien ejerce el cargo del Ejecutivo hasta diciembre de 2015.

 
Sobre el pago de los sueldos
 
La polémica se desató por la presunción de culpabilidad que los medios aplicaron a este gobierno, que se veía debilitado desde esa lente. La pregunta no respondida fehacientemente es: ¿Por qué no se pagó a todos los empleados estatales en un mismo día, como se hacía desde 2002?
 
Las especulaciones se sucedieron y se produjo una serie de conclusiones contrarias al gobierno, porque decidió apuntar a un ignoto gerente regional del Banco Nación para explicar la dilación en el pago. Una explicación pública in-creíble, o sea: no creíble.
 
Se deberían ensayar respuestas creíbles, es decir, lo más cercanas a la verdad. Eso le daría más credibilidad a un gobierno al que se lo ve vapuleado. Lo más preocupante es que se lo ve golpeado por sus propias limitaciones. Admitir los errores propios siempre es bien visto, aunque se pueda quedar a expensas de las críticas duras de la oposición, que de todos modos sucederán.

 
Las elecciones
 
Todos presumen el caos que serán las elecciones PASO, en especial en los departamentos más diputados, como son Guaymallén y Luján de Cuyo. Este diagnóstico espera una respuesta oficial. Se pide una acción concreta de esclarecimiento de las elecciones de parte del Gobierno o de los municipios. O sea, desde los mismos interesados (electores y candidatos) se reclama una campaña pública de información ciudadana.