Existe una relación directa entre la posesión de armas, casi siempre en manos de varones, y todas las formas de violencia de género, específicamente con el feminicidio. Las conclusiones del informe “Prevenir las violencias de género con armas de fuego en Argentina” confirman esa relación directa, así como la falta de una política pública clara para restringir el acceso a las armas de los potenciales agresores..

El estudio realizado por profesionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) analiza la problemática de las armas de fuego en nuestro país, pero con perspectiva de género.

El trabajo construido sobre la base de información oficial tanto de portación de armas de fuego como de violencia de género, y de relevamientos propios, destaca la necesidad de que el Estado ponga en marcha políticas públicas que reduzcan la posibilidad del acceso a un arma a los potenciales agresores.

Los investigadores Julián Alfie, Ana Lucía Mucci y Aldana Romano confirmaron una de sus hipótesis iniciales. “En una sociedad basada en relaciones asimétricas de poder en razón del género, el uso y la proliferación de armas de fuego colaboran en sostener esas desigualdades. Esas consecuencias pueden ser letales, en forma de homicidios, femicidios y suicidios con armas de fuego; o no letales, cuando la presencia del arma de fuego funciona a modo de amenaza (explícita o tácita) que permite al agresor extender el control sobre la víctima”.

En manos de varones

Del acuerdo al informe, en Argentina hay 1 618 877 armas de fuego registradas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y 1 016 843 personas autorizadas a tenerlas. Además, el mismo organismo estima que el mercado ilegal duplica al legal, es decir que habría entre 3 y 4 millones de armas de fuego en poder de los ciudadanos.

Con base en estadísticas oficiales, se desprende que de cada 100 usuarios de armas de fuego en nuestro país, 99 son varones. Es decir que las mujeres no son usuarias ni compradoras de estas, pero sí sufren sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego y de ese total, en el 16 % de los casos existió una denuncia previa, según datos del Registro de Femicidios del Ministerio de Justicia de la Nación.

Se registraron 178 femicidios en lo que va del año

Desde el 1.º de enero hasta el 31 de agosto de 2019, se contabilizaron 178 femicidios en todo el territorio argentino, lo que implica una mujer asesinada cada 32 horas, según datos del Observatorio Mumalá. Fueron 151 femicidios directos, 10 vinculados de mujeres y niñas, 13 vinculados de varones y niños, 4 trans/travesticidios y 29 casos que están aún en proceso de investigación.

Las profesionales también destacan la falta de efectividad del Estado para intervenir cuando un presunto agresor tiene un arma de fuego. Según el último informe de la línea 144, el 26 % de las víctimas señala que el agresor dispone de un arma de fuego y, pese a que el secuestro de la misma es una medida preventiva prevista por ley, en 6 de cada 10 casos las víctimas señalan que el varón sigue teniendo acceso al arma.

El arma en manos del agresor también es usada para amenazar a las mujeres. Esto no siempre se produce en forma explícita, sino de una manera más sutil: la ostentación del arma o el mero conocimiento de su existencia genera en la práctica los mismos efectos que una amenaza verbal explícita.

Cómo funciona la Consejería de Género de la UNCUYO

La Consejería en Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal de la Secretaría de Bienestar Universitario está integrada por un equipo interdisciplinario especializado en estudios de género. Trabaja para la incorporación transversal de la perspectiva de género en el ámbito universitario, con el fin de erradicar cualquier forma de sexismo, discriminación y violencia machista.

Normas insuficientes

En el trabajo también se detallan las leyes que reglamentan la posesión legal de las armas y su escasa conexión con las normas que buscan erradicar la violencia de género. Al mismo tiempo, advierte la falta de unidad y coordinación en las políticas públicas que deberían unir estas dos problemáticaS.

“Este diagnóstico obliga al Estado a entrecruzar dos agendas que hasta el momento corrieron por carriles paralelos. Para ello, debe incorporar a su política de control de armas de fuego y desarme una perspectiva transversal de género y, al mismo tiempo, adecuar su política de prevención de las violencias de género a las particularidades que presenta la presencia de armas de fuego en entornos violentos”, se lee en el informe.

En el documento se advierte, por ejemplo, que el requisito de solicitar los antecedentes penales a las personas que buscan poseer un arma es una medida insuficiente para impedir que los agresores de género adquieran armas y mucho menos que las utilicen contra las mujeres.

En este sentido, el informe advierte una falta de información oficial en ambas problemáticas (aunque destaca los esfuerzos de los últimos años) y una desconexión entre los organismos. Esto, porque no existe un protocolo que encienda un alerta cuando, al hacer una denuncia, la mujer asegura que su agresor posee un arma.

El estudio destaca que incluso el juez o la jueza tienen la potestad legal de secuestrar el el arma al agresor, pero que esta medida se toma en forma discrecional, es decir que depende de la decisión de cada magistrado, sin que exista un protocolo claro de actuación.

Ley Micaela: la violencia solo se supera con educación

La diputada nacional por Corrientes y una de las impulsoras del proyecto de la "Ley Micaela", Araceli Ferreyra, aseguró a Radio U que la única forma de superar la violencia de género es a través de la prevención, la educación y la capacitación.

Propuestas y conclusiones

El trabajo incluye propuestas y la más importante es centrar las respuestas estatales para conectar estas dos problemáticas en tres ejes. El primero es restringir el acceso a las armas de fuego por parte de agresores o potenciales agresores de género; el segundo es limitar sus usos, controlando a quiénes, cómo y bajo qué condiciones se habilita su uso; el tercero es intervenir ante situaciones de violencia de género para prevenir los efectos que las armas tienen en estos casos.

Otra de las propuestas es la necesidad de estandarizar la medición de los femicidios y específicamente los registros nacionales existentes. En este sentido, destacan los esfuerzos por reemplazar la variable de “denuncia previa” por la idea de “episodios previos de violencia” para abarcar de mejor manera una mayor cantidad de casos.

En cuanto a la problemática de las armas, los investigadores propusieron que se rechace la solicitud de portar un arma a cualquier persona que haya sido denunciada por violencia de género. Advierten también que, para que esta medida sea efectiva, debe regularse un sistema de información a nivel nacional que registre las denuncias presentadas ante cualquier dependencia estatal.

Otra de las propuestas es limitar los usos de las armas de fuego por parte de miembros de fuerzas de seguridad, debido a que en Argentina todas las fuerzas de seguridad federales habilitan a sus miembros a llevar sus armas reglamentarias cuando no están ejerciendo su función. De acuerdo a información oficial, en el 16 % de los femicidios cometidos con armas de fuego los agresores pertenecían a una fuerza.