Desde Juntos por el Cambio tenemos una postura clara y unánime de rechazo a la reforma judicial, tal cual la está plateando actualmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Y no porque no sea necesario realizar modificaciones pero no es el momento ni mucho menos la manera de llevarlas adelante. Además, esta iniciativa no está pensada para brindar una mayor y mejor calidad de servicio de justicia, que es lo que la ciudadanía realmente necesita.

Por el contrario, estamos ante una propuesta de reforma que atenta en contra de la misma justicia, de la transparencia e, incluso, de la libertad de expresión. Mientras que los argentinos continúan esforzándose para superar las críticas consecuencias de la cuarentena más larga de todos los países del mundo, quienes tienen el deber de cuidarnos intentan desesperadamente salvarse de los actos de corrupción.

Asimismo, el proyecto del presidente Alberto Fernández no modifica la justicia laboral, civil ni penal. Está diseñado, tal cual mencionábamos, no sólo para favorecer al poder político si no también para beneficiar a la corporación judicial. Incluso, analizándola en profundidad, puede observarse claramente que existe una falta de correlación entre los objetivos de la reforma y el contenido de la misma.

Es que si bien plantean un sistema acusatorio, lo que en realidad proponen son nuevos juzgados en lugar de nuevas fiscalías: pasar de 12 a 46 sólo en Comodoro Py. Allí, hay que adicionar los 63 juzgados federales que quieren crear en distintos puntos del país (según dictamen del Senado, ya que en el proyecto original enviado por el Ejecutivo eran 94). Según las últimas modificaciones, se crearían 96 nuevos cargos judiciales en el interior.  Nuevamente, sin un criterio claro ni objetivo.

Un dato de color que demuestra el grado de improvisación de la propuesta, es que a los Juzgados de San Rafael (actualmente hay uno, y se propone la creación de un nuevo Juzgado Federal Penal de primera instancia) se los haría depender de la nueva Cámara Federal de apelaciones de la Provincia de San Luis, no ya de la Cámara de Mendoza.

Además, los nuevos juzgados implican secretarías, mesas de entrada, relatores, defensorías, que significan un gran costo fiscal para el Estado argentino (de hecho, cada nueva Cámara de apelaciones implica crear 30 cargos federales). Mientras que en Mendoza el Gobierno de Rodolfo Suárez está proponiendo una reforma constitucional para disminuir el gasto político, a nivel nacional la implementación de esta reforma costaría al Estado argentino 5.000 millones de pesos anuales.

A todas luces, el objetivo central de esta reforma de Fernández es lograr la impunidad para el kirchnerismo en sus causas de corrupción, por nombrar algunos de los tantos delitos. Por supuesto que los legisladores de Juntos por el Cambio no vamos a avalar tal situación y llamamos a todos nuestros pares a no acompañar este proyecto.

Queremos, finalmente, dejar muy en claro que estamos completamente a favor de realizar una reforma porque, sin dudas, la Argentina la necesita. La justicia federal precisa modificaciones pero este no es el camino para lograrlas. Proponemos un proyecto de consenso, con una mesa de diálogo en la que todos los partidos políticos puedan participar del proceso de creación. Mientras tanto, seguiremos manteniendo una firme postura de rechazo a la propuesta actual.