Eran las 4.30 de la mañana del jueves pasado cuando la Cámara Alta aprobó el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial impulsado por el Ejecutivo y lo giró a Diputados. Los votos afirmativos vinieron solo del Frente para la Victoria (FpV) y de bloques aliados, ya que quienes integran las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP), el radicalismo y el peronismo disidente se levantaron a la hora de votar. Pero, más allá de este hecho formal, las modificaciones que sufrió el Código han puesto en alerta a varios sectores de la sociedad que cuestionan que hay “retrocesos en muchos ítems”, además de “contradicciones con adhesiones del Estado nacional a tratados internacionales”.

¿Cuáles son estos aspectos cuestionados? El articulo 19, por ejemplo. El mismo habla sobre el comienzo de la existencia de la persona humana. Con la reforma,  redujo el párrafo original “La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”, a “La existencia de la persona humana comienza con la concepción”. ¿Un mero juego de palabras? Con este cambio, es posible interpretar que el embrión no implantado es persona; por lo tanto, puede estar en jaque la reproducción asistida y muchos derechos sexuales y reproductivos pueden ser eliminados. Según los especialistas, en nuestro país tendríamos una regresión en materia de bioética y derechos humanos.

Algo similar sucede con el agua como derecho humano, que ha sido eliminado. En diálogo con Edición UNCUYO, el profesor de la carrera de Geografía de la UNCUYO, Marcelo Giraud, remarcó: “En el anteproyecto hecho por los juristas, el agua estaba como derecho humano. Considerar al agua solo como servicio público es pensarla desde una perspectiva liberal, como mercancía”. Además, remarcó que Argentina fue uno de los países que apoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, acompañando el proyecto de Bolivia, votado a favor por 122 países, en su gran mayoría de países del Sur, mientras 44 (casi todos del Norte) se abstuvieron.

Consultado también por esta publicación, el presidente del partido Socialista de Capital y asesor de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Sebastián Melchor, enumeró otros puntos críticos: “Desde la comisión redactora se afirmaba que recogían la jurisprudencia existente, las leyes existentes hasta el momento, los códigos, los decretos y los avances institucionales que se habían producido en el país. Sin embargo, todos los cercenamientos que se le han hecho a ese anteproyecto lo han dejado con perfiles muy preocupantes desde lo social. Es decir, con perfiles muy conservadores en lo social y bastantes liberales en lo económico”, dijo primero. Luego, Melchor manifestó: “Estos retrocesos están planteando principalmente la eliminación del derecho al acceso al agua potable como derecho humano, en beneficio de las empresas mineras y en desmedro de los ciudadanos que menos tienen. Segundo, la eliminación del carácter social de la propiedad, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional; sin embargo, se legisla para barrios y cementerios privados, pero no se habla una palabra de las villas de emergencia, donde viven cientos de miles de familias argentinas. Además, y en tercer lugar, se ha quitado la propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos originarios. Cuarto, la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios públicos, en detrimento de la protección de los derechos de los ciudadanos. Quinto, la determinación de mediación y arbitraje, lo cual afecta la soberanía. Sexto y último, sobre fertilización asistida que afecta a muchísimas familias y que, como dijo Kemelmajer de Carlucci “.. es muy grave decir que el embrión no implantado es una persona, porque es lo mismo que decir que no hagamos reproducción asistida”.

Qué implican los cambios

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para toda la población. Argentina adhirió a esa resolución.

“Pese a haber adherido a esa declaración, que es significativa desde lo político, el proyecto oficial obvió lo que decía el anteproyecto hecho por los juristas, en su artículo 241, que declaraba al agua como derecho humano”, expresó Giraud. “Se trata de una visión liberal donde muchos servicios públicos pasan a ser mercancía, no bienes comunes, y este punto va en sintonía con otro, que es haber quitado la propiedad comunitaria de la tierra a los pueblos originarios”, sumó el profesor de Geografía de la UNCUYO. Esto, ¿por qué? “Más allá de favorecer a industrias que contaminen, hay que poner el foco sobre la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho humano al agua potable ya que, según datos del censo 2010, hay 7 millones de argentinxs sin acceso al agua potable. De hecho, en el promedio de los 24 partidos del Conurbano Bonaerense hay 30% de habitantes sin ese servicio”.

Por otro lado, respecto del artículo 19, hubo una modificación no sólo al anteproyecto sino también al Código Civil anterior. Considera persona al embrión desde antes de ser implantado, lo que cerraría las puertas para la fertilización asistida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia, entiende por concepción el momento que ocurre la implantación del embrión, no antes.

Para Melchor, “evidentemente la Iglesia Católica tuvo una incidencia muy importante en temas como fertilización asistida. Se trata de una problemática que afecta a muchísimas familias y que, en el seno de la comisión Bicameral, fue debatido con dedicación, siendo importante citar a la doctora Kemelmajer de Carlucci, cuando discutió con la senadora Negre de Alonso. Decía la doctora: 'Ahora bien, ¿qué me pasa con los embriones no implantados si los declaro personas?Señores: hablemos sin eufemismos. La gente que dice que esas son personas y les aplican los mismos principios que al concebido para computar plazo de concepción, a los efectos de saber si hereda o no, derecho alimentario, etcétera, está en contra de la reproducción humana asistida. Voy a probar esto que estoy diciendo'”, reflexionó Melchor. “El oficialismo avanzó con prepotencia y rompiendo los acuerdos casi unánimes alcanzados en el proyecto original presentado hace meses, pero que sorprendentemente el oficialismo modificó. Pero lo más terrible es que jugó a favor de los grupos concentrados de la economía y contra los derechos individuales de los ciudadanos”, terminó.

Además de afectar el derecho de la población de hacerse tratamientos de fertilidad asistida, el artículo cierra el debate para garantizar el derecho al aborto, como ya es un hecho en otros países como Uruguay. 

El debate en Diputados

La Cámara Baja debatirá el proyecto en marzo, según anticiparon integrantes de la bancada oficialista. Aunque el Frente para la Victoria asegura que el proyecto sufrirá modificaciones, según Melchor, “las expectativas no son buenas, ya que luego de tantos meses de trabajo, en la Comisión Bicameral se había avanzado en acuerdos importantes que generaban consolidar derechos y adecuarse a la realidad de esta sociedad. En el Senado solo hicieron valer su mayoría automática. Nada dice que esto mismo vaya a pasar en la Cámara de Diputados”.

Dependerá de los sectores sociales involucrados lo que ocurra con el Código.