La noticia de la niña de 12 años que llegó el viernes 21 al Hospital Carrillo en pleno trabajo de parto, donde tuvo a un bebé, conmueve e indigna hoy por la sumatoria de violencias que se desnudan en este caso.

El Estado estuvo ausente hasta este fin de semana, cuando la niña llegó al hospital con fuertes dolores abdominales y sin saber que estaba embarazada. Esa niña, puede suponerse, no recibió educación sexual, por lo que no conocía su propio cuerpo ni los derechos que tenía sobre él.

El Estado interviene finalmente ante esta situación que claramente implica alguna clase de abuso y, en lugar de contenerla y darle el marco legal y psicológico que necesita para explicar lo que le hicieron, prefiere "evitarle más interrogatorios". La instruye ahora sobre anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, como si pudiera elegir en ese aspecto en medio de una situación de abuso. El acompañamiento psicológico, por otro lado, si es que lo recibe, estaría destinado a prepararla para la tarea de ser madre siendo niña, no para ayudarla a elegir sobre su futuro.

La niña sufrió violencia sexual por parte de quien sea que la haya embarazado, ya que no tiene edad legal para consentir una relación. El hecho de que desconociera su estado de embarazo demuestra a su vez que no contaba con la mínima información para tomar una decisión consciente.

El tratamiento mediático cierra el círculo de la violencia sobre ella. La violencia simbólica se expresa en posteos como el de Diario Uno: "Una nena lasherina tuvo familia", y en la falta general en los medios locales de la denuncia de todas las formas en las que el Estado le falló y le sigue fallando a esta niña, como a tantas otras niñas mendocinas en condiciones vulnerables.