Cientos de miles de ciudadanos salieron el domingo 13, desde temprano, a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra el Gobierno y reclamar la renuncia o la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, cuestionada en los últimos meses por escándalos de corrupción y dificultades en la marcha de la economía.

Las marchas, en las cuales no se reportaron disturbios, fueron convocadas por organizaciones sociales y partidos opositores, y en todas ellas los manifestantes protestaron contra la corrupción y la permanencia de Rousseff al frente del Gobierno. Además, también se protestó contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien está siendo investigado y tiene un pedido de prisión en curso en relación con sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Las primeras movilizaciones se registraron en algunas ciudades del norte y el noreste del país. Según el Instituto Datafolha, en Río de Janeiro, Brasilia y San Pablo (las ciudades más pobladas del país) se registró el mayor número de adhesión a la protesta. En esta última ciudad se reunieron más de 450 mil personas. En la capital de Brasil, la multitud (100 mil personas, según la Policía Militar) marchó cerca de 2 kilómetros desde el Museo de la República hasta la sede del Congreso; y en Río de Janeiro, la manifestación tuvo lugar en la playa de Copacabana, donde no hubo datos oficiales, pero los organizadores dijeron que se congregó a unas 200 mil personas.

En otras ciudades asistieron a las protestas, respectivamente según la Policía Militar y los organizadores, 160 mil o 200 mil personas en Curitiba; 120 mil o 150 mil en Recife; 30 mil o 70 mil en Goiânia; 30 mil o 40 mil en Belo Horizonte; 25 mil o 40 mil en Maceió, y 20 mil o 25 mil en Salvador. Además de las banderas y las pancartas con predominio de los colores patrios verde y amarillo, menudearon ejemplares del Pixuleco, muñecos inflables con la imagen de Lula vestido con el traje a rayas horizontales blancas y negras con que se identifica a los presos.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de oposición del país, había vaticinado que el de ayer sería el “mayor acto contra el gobierno de los últimos tiempos” y que estas manifestaciones podrían ser “definitivas” para impulsar el juicio político contra Rousseff. El presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, sostuvo en Belo Horizonte que la sociedad “se cansó y le dice basta” a Rousseff, y añadió que los brasileños “quieren y merecen algo mejor para construir un nuevo camino para el país”. “Precisamos pasar esta página; precisamos una solución rápida para superar la crisis y retomar el crecimiento”, dijo, en tanto, el gobernador del estado San Pablo –e, igual que Neves, excandidato presidencial del PSDB–, Geraldo Alckmin.

Mientras tanto, Rousseff solo se pronunció a través de una nota oficial en la que condenó la aparición, este fin de semana, de pintadas en las que se reclamaba la detención de Lula. La mandataria opinó en el texto que esas pintadas “confunden el debate político saludable con la diseminación del odio” y representan niveles de “provocación, violencia y vandalismo” que son “preocupantes”.

Rousseff enfrenta una severa crisis, producto del escándalo causado por el desvío de al menos 2000 millones de dólares de Petrobras y por el deterioro de la situación económica del país, lo cual derrumbó su popularidad hasta una tasa que ronda el 10 %. Las maniobras en Petrobras, de las que se beneficiaron los partidos de la coalición gobernante y las empresas que se prestaron a ellas, ocurrieron durante los dos mandatos de Lula (2003-2011) y el primero de Rousseff (2011-2015). Durante los períodos de Lula, Rousseff fue ministra de Energía y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, entre otros cargos.

Por la investigación del caso Petrobras están presos, imputados o sospechados decenas de políticos, legisladores, exfuncionarios, empresarios y ejecutivos. Entre ellos figuran el propio Lula –quien hace 10 días fue forzado por la Policía Federal a prestar declaración– y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT.