Ante la renuncia del Procurador de la Corte de la Provincia de Mendoza, la posibilidad de otras tres vacantes durante la gestión de Alfredo Cornejo, y una de ellas con más posibilidades por razones de salud de uno de estos tres Ministros, se han alzado voces reclamando el nombramiento de una mujer en alguno de estos lugares.

A nivel nacional las propuestas de una ampliación del número de Jueces de la Corte Suprema también ha puesto la cuestión de la participación de la mujer en estos “Supremos”.

Es verdad que la mujer en la Justicia, con el paso de los años, ha ido creciendo. No olvido de cómo hace más de 30 años atrás encontrábamos mujeres en Juzgados de Paz, pero muy pocas en el fuero civil, laboral y penal. Las secretarías de la mayoría de los tribunales estaba a cargo de hombres.

Nadie puede dudar de la participación de la mujer dentro del Poder Judicial.

En Mendoza hasta nos vanagloriábamos de tener una de las pocas mujeres en un Superior Tribunal, a la que recordaremos por siempre (Aída Kemelmajer de Carlucci).

En la Corte Federal, como nunca, tuvimos durante un tiempo dos mujeres, Elena Highton de Nolasco, y la que nos dejó, Carmen María Argibay. Ambas se destacaron por la perspectiva de género que plasmaron en cada voto, en cada acto o acción que desplegaron por un cambio cultural de nuestro derecho.

En los últimos días hemos visto cómo desde distintos espacios políticos, del Drecho y de distintas asociaciones civiles se le ha pedido al Gobernador que tenga en cuenta la participación de la mujer al momento de realizar las designaciones que se avecinan.

Por otro lado, el gobernador Cornejo, como respuesta, ha mostrado estadísticas sobre la participación de las mujeres dentro del Poder Judicial, demostrando la participación mayoritaria del género femenino en esta área del gobierno.

Creo que tanto una como otra posición no llega a conocer el problema que existe y sobre el que hay que operar. Se piensa que la participación de la mujer garantiza la perspectiva de género. Se supone que toda mujer está comprometida con este nuevo paradigma y que el nombrar una o más mujeres en la Corte asegura que impregnarán sus fallos con los principios rectores de las Convenciones Internacionales que garantizan los derechos a tener una vida sin violencia a las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

El concepto de que la mirada patriarcal y misógina es propiedad exclusiva de los hombres es toda una falacia. 
Hay muchas mujeres misóginas y que no entienden los cambios culturales que las normas supranacionales están exigiendo. Creo que lo importante es que nos fijemos en el pensamiento de quien deba ocupar esos cargos.

Es una realidad que el Gobernador nombrará en poco tiempo a un Procurador de la Corte, en lo personal no me importa si es hombre o mujer, lo que sí me importa es si comprende este nuevo paradigma de los derechos de las mujeres plasmados en las Convenciones CEDAW y Belem do Pará, y en la Ley 26.485.

En este caso, si este profesional proviene de posiciones garantistas o en sus fallos tiene antecedentes de no haber actuado con perspectiva de género, como pueden ser los doctores Arlington Roberto Uliarte y José Valerio, o el Fiscal de Cámara Fernando Alfredo Guzzo, o el doctor Oscar Balmes, seguramente no tendremos perspectiva de género en su actuar. 
No dudo de la capacidad de estos colegas, pero no esperemos que con alguno de ellos vayamos a tener un cumplimiento del nuevo paradigma. Su pensamiento lo podemos ver en sus sentencias, está escrito y firmado, o en sus acusaciones sin perspectiva de género.

En los últimos días se dice que un Fiscal de Cámara estaría solicitando estadísticas sobre la cantidad de mujeres que luego de la denuncia por violencia de género piden retirarla. Su intención no es ver cómo resolver las causas que la llevan a esa situación, el entorno familiar, la situación económica, habitacional, laboral, todas cuestiones que hacen que algunas mujeres prefieran seguir corriendo el riesgo de ser “una menos". No. El señor Fiscal, con esta estadística, pretende impulsar que se permitan las suspensiones de juicio a prueba, lo más conocido como probation, en los casos de violencia de género. Parece que este fiscal quiere ayudar a “la puerta giratoria”. Parece no entender lo que mandan los tratados internacionales, ni la última reforma del Código Procesal Penal.

Con la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes NO SE JUEGA, NO SE HACE EL NEGOCIO DE LAS EXCARCELACIONES, ni se puede favorecer a quienes solo los motoriza el lucro y no la JUSTICIA.

Para sostener esa posición siempre nos mostraran delitos “leves”, van a minimizar el hecho de la denuncia, mostrarán a la mujer como una histérica, inestable, celosa. La cuestión es desprestigiar a la víctima, y con esto mostrar que muchos hombres son acusados injustamente y que estamos llenando cárceles con “santos varones”.

Con este discurso pretenden que se ablanden las normas y así dejar libres a estos violentos. Cuando ablandemos estas normas y abramos la puerta por esa puerta también saldrá quien mató, violó o abusó a tu hermana, hija, novia… No lo dudes, porque esos hipócritas que se ponen a hacer esas estadísticas, no te muestran, ni hacen estadísticas de cuántas mujeres violan o abusan sexualmente de hombres, de cuántas mujeres deben cuotas alimentarias. No, seguro que no. Son los que dicen que no hay desigualdades entre hombres y mujeres.

Estos son hombres o mujeres de la Justicia que no deberían acceder a los más altos cargos si es que pretendemos tener una visión de género en el Superior Tribunal.

En materia de la justicia de familia nos sorprenderíamos de quienes vienen proponiendo la mediación en casos de violencia de género, para lo que llaman “temas menores”, muy parecido al intento del fuero penal. Acá usan el argumento de bajar la litigiosidad. A veces uno no sabe si este argumento es real o lo que en el fondo existe es las ganas de trabajar menos.
Esta corriente de pensamiento, “pro-mediaciones”, está construyendo una alianza estratégica con el sector garantista del Poder Judicial.

Al decir de Borges “los une el espanto y no el amor”. De esta unión se espera que el tema de la violencia de género se reparta entre el fuero penal y el de familia. Este es el juego de poder, dentro de la familia judicial que hoy se siente amenazada por “el espanto”... Mis disculpas, señor Gobernador.

Algunos dirían que es “la corpo judicial”, yo la titularía como “la legítima corpo judicial”.

Lo que hay que saber es que los que hoy están en el Poder Judicial son parte de la familia judicial, y los que se fueron también son parte de esa familia, y nunca se van, y a no olvidar que todos dejan herederos...

Obvio esta es la visión de quien siempre estuvo del otro lado del mostrador, y es lo que se ve desde este lado. El Gobernador debe saber bien lo que la sociedad ve y espera. Hoy está en sus manos poner una cuña en esta asociación y producir un cambio sustancial en la Justicia.

Al no ser hombre del derecho, pero habiendo demostrado hasta el momento dotes de conductor, es de esperar que no se deje llevar por consejos interesados o contaminados, para que tome la decisión correcta.

Como dije, en la Justicia no faltan las mujeres con visión machista o sin visión de género. En el fuero penal podríamos mencionar a la fiscal Rosa Giner, las juezas Lucia Motta y María A. Mauricio, quienes han consentido la figura de “probation” en casos de violencia de género y en otros han obviado juzgar en base a los requerimientos de las Convenciones Internacionales.

También en el fuero civil tenemos esta visión misógina, y donde me he encontrado con un total desconocimiento de la Ley 26.485, al punto de no saber que las víctimas poseen el beneficio de litigar sin gastos, y tampoco lo que significan las medidas de protección, y la debida diligencia. Entre estas juezas podemos nombrar a las doctoras Alicia Boromei, Graciela Simón, Fabiana Munafo, y en cada caso están los expedientes que lo prueban.

En ningún caso es mi intención menoscabar a estos magistrados. Ellos tienen una visión sobre cómo deben cumplir con su deber de funcionario público. Por este otro lado quedan los recursos judiciales y hasta el pedido de jury.

Tanto hombres como mujeres pueden ser nombrados en las más altas esferas del Poder Judicial. Esta potestad está hoy en manos de Alfredo Cornejo.

En su momento pedí el Juicio Político al renunciante Procurador de la Corte, Rodolfo González, pero en ningún momento se quiso afectar su buen nombre y honor, sino que tal pedido fue por entender que los fiscales a su cargo no cumplían con la ley de violencia de género.

Los antes nombrados, a los que habría que agregar de otros fueros, sólo demuestran que mucho hay por hacer en el Poder Judicial.

También podría nombrar a quienes han sabido interpretar los nuevos tiempos y el cambio cultural que demanda la ley de violencia de género, los hay y muchos.

No importa que sea mujer o sea hombre, sino lo que importa es cómo ve el Derecho, qué perspectiva de género posee, y si está listo para trabajar con los nuevos paradigmas.

Sin dudas el Señor Gobernador, al designar los nuevos magistrados, enviará una señal a la sociedad, y esa será la dirección que tome su gobierno.