Muchos afirman que la Guerra de Malvinas fue el detonante para terminar con el régimen nefasto que gobernó a nuestro país entre 1976 y 1983, y aunque en cierta manera puede aceptarse esto, hubo razones mucho más profundas que fueron limando las débiles bases del autodenominado “proceso de reorganización nacional”, como las contradicciones internas, la crisis económica y la creciente movilización de las masas, que tuvo su máxima expresión el 30 de marzo de 1982.

La clase trabajadora argentina, debilitada fuertemente por un plan sistemático de destrucción de la industria nacional, fue además severamente castigada. Más del 40 por ciento de los desaparecidos, torturados o encarcelados pertenecieron a esta clase, que sufrió además la vigencia de un conjunto de legislación tendiente a legalizar la actividad represiva y la intervención en el mundo sindical. Una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial, como por ejemplo la Ley 21.261 del 24 de marzo de 1976 que suspendió el derecho de huelga; la Ley 21.356 de julio de 1976, que  prohibió la actividad gremial,; la Ley 21.263 del 24 de marzo de 1976 que eliminó el fuero sindical;  y  la Ley 21.400 del 9 de septiembre de1976, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción, entre otras.

Francisco Delich, en el libro “Después del diluvio, la clase obrera”, asegura que “dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras, aunque imprecisas, tienen contornos siniestros y horrorosos; se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a hacerse de modo provisional; solamente después de informar a inteligencia de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta de éstos se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es obvio que un antecedente como activista impedía el acceso. Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la clasificación o de la disciplina sino de la adaptación ideológica.”

Sin embargo, a pesar de toda esta política de inmovilidad marcada por el régimen, hubo un gran movimiento de resistencia y oposición, que empieza a manifestarse con formas de organización sobre todo a partir de 1979, aunque ya en 1977 los trabajadores habían comenzado a agruparse en Comisiones, siendo la más conocida la “Comisión de los 25”, de la que surgiría más tarde la figura de quien marcaría los destinos de la política gremial en los años 80: el cervecero Saúl Ubaldini.

De todas maneras, los conflictos laborales en los primeros años fueron  moneda corriente, y conviene destacar como ejemplo el conflicto con Luz y Fuerza de octubre del 76, las medidas de fuerza de Rosario y San Lorenzo en junio del 77, la represión a los obreros de IKA-Renault en Córdoba en octubre de ese año que dejó un saldo de cuatro muertos, y el paro en la fábrica Alpargatas, con una asamblea en la puerta del establecimiento de la que participaron más de 3800 empleados.

El primer paro, planteado como jornada de protesta sin concurrencia al trabajo, fue llamado por el consejo directivo de los 25, con el objeto de defender la industria nacional, revisar la política arancelaria y restituir el poder adquisitivo del salario, y tuvo un alto acatamiento en gran parte del país, expresando un alto grado de organización y un desafío abierto y claro al gobierno militar.

Ese fue el paso fundamental para la formación de los que se llamaría la CGT Brasil, dirigida por Ubaldini, en contraposición a los jerarcas colaboracionistas de la CGT Azopardo, que de la mano de Triacca y Cavalieri había sido funcional a los intereses del régimen represor.

Los tiempos de lucha del movimiento obrero habían recomenzado, y desde el régimen poco se podía hacer para parar la gran avalancha de protestas que se multiplicaban sin cesar. A partir de 1981 los conflictos gremiales se sucedían sin pausa, y el contexto internacional comenzaba a mostrar interés creciente por la nueva conducción gremial, a tal punto que Ubaldini es invitado a participar en la Asamblea de la OIT en Ginebra, paralelamente a la delegación oficial argentina.

Si bien en julio del 81 se realiza la segunda huelga general, que deja a varios dirigentes sindicales detenidos, es el 7 de noviembre de ese año cuando se realiza lo que sería la primera movilización popular en contra de la dictadura, al confluir con sectores católicos en una marcha hacia San Cayetano bajo el lema “Paz, pan y trabajo”.  Ni la intimidación hecha a través de los medios, ni la fuerte presencia del aparato represivo, ni los cortes de calles impidieron que partidos políticos y organizaciones sociales marcharan junto a los trabajadores y coparan la Plaza de Mayo.

La dictadura tambaleaba en sus estructuras más profundas. Se comienza entonces desde el círculo íntimo del represor Galtieri a armar la fatídica aventura de Malvinas, como modo de atracción de la población hacia un régimen desgastado sin posibilidad de salida a la falta de crecimiento económico, a la inequidad social y a la entrega de sus cómplices civiles al Neoliberalismo creciente.

Pero más allá de la adhesión popular lograda el 2 de abril, más allá de las arengas victoriosas, más allá de la falta momentánea de memoria de gran parte de la sociedad, el movimiento obrero ya había preparado la estocada final al modelo imperante.

Y esa estocada fue el 30 de marzo de 1982, mientras Astiz y sus esbirros desembarcaban en las Georgias. Ese día, ante un profundo descontento social, se llevó a cabo una jornada de paro y movilización que reunió a más de 50 mil personas en Plaza de Mayo.

Encabezada por Saul Ubaldini, la marcha fue salvajemente reprimida por las fuerzas militares, con el pretexto que la CGT no había solicitado la autorización necesaria y que los actos podían ser utilizados para producir alteraciones en la seguridad y el orden público.

Según recordara tiempo después el sidicalista Víctor De Gennaro en un reportaje, “el 30 de marzo fue un vendaval. Miles y miles de trabajadores expresamos el repudio a la dictadura militar por las calles de la ciudad de Buenos Aires. No esperábamos ni tanta gente ni tantos palos cuando enfilábamos para Plaza de Mayo.   

Una de las cosas que más recuerdo de todo lo que viví ese día es la solidaridad de la gente, que nos abría la puerta de los edificios, para “guardar” a los que quería “cazar” la cana, la solidaridad y acción en cada comisaría, entre los presos, o la de los abogados o los de derechos humanos. Como siempre recuerda Nora Cortiñas, de Madres, que a pesar de todos los prejuicios con los que habían querido dividir a los organismos y los trabajadores fue recibida, con el fervor y el apoyo de todos, cuando reclamaba libertad.

La tenían que parar, como fuera, pero ya los días de la dictadura estaban contados. Y pensar que hay algunos que creen y siguen repitiendo como loros las palabras del periodista Bernardo Neustad que la dictadura se acabó porque los militares perdieron las Malvinas. Es cierto, eso apresuró la caída (casi huída), pero lo que los derrotó, fue la resistencia popular de todos esos años, que tuvo sus formas, sus métodos; jalonado, edificado, en tantas y tantas luchas ocultas...”

En nuestra ciudad, la CGT Brasil, encabezada entre otros por Mario Zafora, se reunía en el Sindicato de Vialidad provincial con otras agrupaciones gremiales que se encuadraban en esta vertiente luchadora, y es desde allí desde donde se decide marchar el 30 de marzo en consonancia con lo que ocurriría a nivel nacional.

En silencio, sin armas ni banderas, la movilización de varios miles de trabajadores se encaminó por las calles céntricas hacia casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador de facto, el demócrata Bonifacio Cejuela.

Al llegar a las inmediaciones del parque cívico, los manifestantes son recibidos por una salvaje represión, que no ahorra en palos ni disparos contra una muchedumbre que se dispersa desesperadamente.  Allí caen varios compañeros heridos, y uno de ellos, José Benedicto Ortiz, empleado de la Fábrica Minetti, recibe graves heridas que causarán su muerte el 3 de abril, con un parte médico que refleja la patética colaboración con los represores, ya que caratula la causa de la muerte como “problemas pulmonares”.

Los medios de prensa poco hicieron para visibilizar el asesinato. La llegada del desembarco el Malvinas fue la pantalla ideal para que pocos se acordaran de las tristes declaraciones del ministro de Seguridad, Alberto Aguinaga (luego legislador en la Democracia), que intentaba deslindar al gobierno provincial de toda responsabilidad al asegurar que “la manifestación estaba prohibida y los hechos ocurridos han sido un acto de desobediencia. Se ha querido vulnerar el principio de autoridad.”

Después de la derrota, reconocida como la sentencia final de la Dictadura, el descontento se hizo más visible y ya nada sirvió para frenar lo que venía.  Muchos se preguntan hoy que hubiera pasado si Galtieri recuperaba Malvinas definitivamente. Aún con esa hipótesis como válida, el movimiento obrero argentino ya estaba en las calles, ya estaba la lucha planteada y ya el germen de la democracia había vuelto a brotar en el país. Y el régimen, aunque hubiese terminado victorioso, ya no tenía espalda para llevar adelante los destinos económicos ni políticos del país. Una vez más, el movimiento obrero escribía en la historia grande del país.