“La erupción de volcanes en la Patagonia, las inundaciones o el cierre de algún aeropuerto, como ocurrirá en Mendoza, ponen de manifiesto la necesidad de morigerar el impacto negativo que estas situaciones ocasionarán en las zonas en que el turismo resulta ser la principal fuente de ingreso del lugar”, dice el proyecto de Patricia Giménez, la diputada nacional mendocina y radical que presentó esta alternativa para resguardar a los empresarios del turismo que reclaman por las pérdidas que registrarán por el cierre del aeropuerto El Plumerillo. Esa interrupción se producirá entre el 7 de septiembre y el 7 de diciembre por las refacciones necesarias en la pista de aterrizaje, aunque la medida fue muy resistida incluso por el mismo Gobierno provincial.

La idea es tener una ley más amplia para “proteger las actividades económicas asociadas al turismo, cuando resultaren afectadas por situaciones extraordinarias, imprevistas o inevitables, que impliquen una caída en la demanda de al menos el 50 %”, según consta en la crónica de Parlamentario.com.

Conocedora de otras experiencias, Giménez prefirió hacer un proyecto de ley más abarcativo y no uno en particular. Por eso decidió incluir a otras contingencias y que equipare las pérdidas futuras.

El texto a estudiar en el Congreso prevé una serie de beneficios impositivos, por un tiempo limitado, “para las personas físicas y jurídicas que viven de la actividad turística, de forma tal que puedan superar la coyuntura sin tener que suspender sus actividades laborales”. Los mayores costos del sector turísticos están vinculados con el sostenimiento del empleo, en especial con las contribuciones patronales, y hacia allí está enfocada la idea de Giménez.
 

La letra escrita

“En este sentido para sostener y aumentar el nivel de empleo, es que consideramos una excelente alternativa aumentar en forma transitoria el porcentaje de las remuneraciones que son la base imponible de las contribuciones patronales y que el empleador puede computarlo como crédito fiscal en su declaración de IVA”, puntualiza la legisladora. “Al permitir al empleador computar un porcentaje mayor de las remuneraciones como crédito fiscal del IVA, el hecho de mantener su nómina de empleados le implicará que su cargo de IVA sea menor, e incluso generarle saldo a favor, este objetivo es primordial para el poder ejecutivo, y la propuesta contempla como requisito que el empleador tenga que mantener su nómina, para poder hacer uso del beneficio” explicó la diputada Giménez.

“También, el proyecto establece diferimientos impositivos y un plan de pagos de impuestos adeudados, para aquellas actividades vinculadas al turismo que estén atravesando una difícil coyuntura crítica y la suspensión del pago de aranceles vinculados a los derechos de propiedad intelectual”, remarca el informe del sitio especializado en tópicos legislativos.