Cristina Barbosa, docente e investigadora de la UNCUYO, es una defensora de la ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, pero no por eso deja de reconocer que su aplicación es compleja: no existe una situación ideal en que se piensa una provincia desde cero, sino que sobre lo ya diseñado es necesario tomar decisiones, hacer correcciones, proteger algunas zonas e impulsar otras.

Pese a esta complejidad, Barbosa resalta la importancia de que Mendoza cuente con una ley que busca frenar el crecimiento desequilibrado y que sus habitantes tengan las mismas posibilidades, sin importar si viven en la ciudad o en el campo.

La secretaria general del Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambientales de la UNCUYO recordó el momento en que se gestó el proyecto, cuando la comunidad científica levantó la voz contra una iniciativa que estaba hecha a la medida de los empresarios y asumió el compromiso de elaborar una nueva iniciativa, que se aprobó en 1999.

Barbosa repite que tanto el proceso de elaboración del proyecto de ley como el que se inició después para implementarla –en el que participa de forma activa– gozan de un gran consenso, logrado gracias a la participación genuina de una gran cantidad de actores. A eso le sumó el condimento político, es decir, la decisión del Gobierno de defender el proyecto y ponerlo en marcha, sin la cual sería imposible su continuidad aun con el apoyo y el esfuerzo de la comunidad científica.

El próximo paso de ese proceso de implementación se concretará el 15 de abril, cuando se realizará la audiencia pública en la que se presentará el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Una vez incluidos los aportes de entidades y vecinos, el gobernador lo presentará el 1.º de mayo en la Legislatura, durante la apertura de las sesiones ordinarias.

La docente e investigadora asegura que el camino hacia la plena implementación de la ley no será fácil, porque son muchos los problemas por resolver. Dijo que Mendoza creció y sigue creciendo en forma desequilibrada, que hay grandes desigualdades entre los habitantes que viven en el Gran Mendoza y en el resto de los departamentos, que la ocupación del piedemonte sin ningún control implica un riesgo y que se siguen priorizando los intereses inmobiliarios por sobre los de la sociedad en su conjunto. Frente a esto, destacó el rol fundamental que deben cumplir los municipios y consideró que ya deberían haber tomado medidas intermedias para frenar las problemáticas territoriales.

En diálogo con Edición UNCUYO, Barbosa reflexionó sobre la importancia del ordenamiento territorial y apostó a la difusión para que los ciudadanos entiendan que este tema afecta su vida cotidiana.

Consenso y participación

¿Cuál es su reflexión sobre este largo proceso que implicó la elaboración del proyecto de ley y su aprobación?

Ha sido un proceso muy importante, no solamente desde la aprobación, sino que enmarcaría todo el proceso previo. Esta es una problemática que se viene planteando desde 1987. Hubo distintas propuestas de proyectos que nunca pasaron de una de las cámaras legislativas; en muchas oportunidades han sido rechazados por problemas de intereses y porque en algunos casos se priorizaban ciertos intereses inmobiliarios o privados, más que los de la sociedad o del Estado.

¿Cuáles son las consecuencias de no haber contado con esta herramienta?

Tenemos que tener presente que la Provincia ha crecido de modo muy desordenado. Hemos llegado a una situación en la que estamos ocupando el piedemonte, con los riesgos que esto implica, si tenemos presente que somos una Provincia con gran riesgo aluvional y el piedemonte con su flora, con su vegetación, es importante como contención. Por otro lado, estamos invadiendo hacia el Este aquellas tierras que tienen una alta aptitud para el desarrollo agrícola. Como consecuencia, necesitamos ir ordenando. Tenemos un desequilibrio territorial muy grande, con una  gran concentración en el Oasis Norte, donde habita casi el 97 por ciento de la población. También tenemos un desequilibrio entre lo urbano y el resto de nuestro territorio, y de algún modo hay que  integrar nuestro desierto, porque ahí también hay población y una económica productiva. Son muchos desequilibrios, que son los que intenta subsanar esta nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

La UNCUYO tuvo un papel fundamental en la elaboración del proyecto.

Fue muy importante el proceso para gestar esta nueva ley, la participación que tuvo la universidad frente a un proyecto que visiblemente afectaba el patrimonio de todos los mendocinos y a nuestra vida en pos de la actividad privada, y que daba prioridad  a una serie de actividades y de emprendimientos inmobiliarios. Fue en ese momento cuando la Universidad decidió hacerse cargo y comenzó este proceso de amplísima participación, de convocar a todos los actores de distintos sectores de la sociedad para que dieran su opinión y para detectar las reales necesidades que tenía la población. No solo la participación del sector científico y académico fue muy valiosa, sino la de todas aquellas organizaciones de la sociedad y de sectores que sufrían este desequilibrio territorial. Eso llevó a un proyecto de ley con amplio consenso, que fue presentado y tuvo modificaciones, pero luego fue aprobado. En esto hay que rescatar también el papel que tuvo el Gobierno de la Provincia, porque la misión que tiene la Universidad es brindar conocimiento, asesoramiento, todo el bagaje científico, pero la Universidad no decide, no puede invadir las áreas de decisión de los Estados tanto provinciales como municipales. Entonces es muy importante que el poder política tome esta iniciativa, y decida apoyar y militar la ley 8051.

Una vez que se aprobó la ley comenzaron a cumplirse los pasos para su implementación. ¿En este proceso también se respetó esa idea de la participación y el consenso?

En un primer momento, la ley exige contar con un plan estratégico que ya se realizó; eso también se hizo a través de un amplio consenso y participación. Generalmente, todos estos procesos son costosos en cuanto a lograr que la comunidad se involucre, pero los resultados siempre son mucho más efectivos, lo que se logra con un consenso genuino y real después es fácil de aplicar y continuar. El 1.º de mayo ese plan será anunciado por el gobernador, aunque previamente se hará a la audiencia pública, donde es importante que participe la mayor cantidad de ciudadanos porque este tema nos afecta a todos. El ordenamiento territorial es un tema amplio, que incluye a todos los sectores: político, económico, industrial, turístico, el agua, el transporte público, etcétera.

Este crecimiento desordenado continuó durante el proceso de implementación de la ley. ¿Los municipios tomaron medidas para mitigar este fenómeno?

Siempre he sostenido que, más allá de no existir una ley, los municipios tienen un papel principal en este tema, ya que tienen la competencia de ordenar su territorio. Creo que podrían haber ido ordenando el territorio y diciendo cuáles eran los lugares prioritarios para cada actividad, creo que se podrían haber hecho cosas intermedias, porque incluso existen otras normas que también nos han ayudado, como la de Medio Ambiente, que en este momento está en pleno proceso de aggiornamento. El problema más grave que veo es el de los emprendimientos inmobiliarios, que son los que generalmente tienen impacto y han seguido avanzando. Por ejemplo, hoy tenemos una ocupación amplia del piedemonte y tendríamos que evaluar en qué condiciones se puede ocupar, hay leyes de protección del piedemonte que creo que no se ha tenido muy presentes.

Usted también nombró la problemática del agua, que en el caso de los emprendimientos inmobiliarios se convierte en un aspecto fundamental.

El agua es un recurso escaso, lo tenemos que administrar bien, pero no tomamos conciencia de su importancia. Si uno le pregunta a los chicos, creen que la Provincia es lo que viven en la Ciudad, con muchas plazas, abren la canilla y sale agua, riegan, y esa es una realidad muy pequeña, es un 3 por ciento de un territorio, el 97 por ciento es desierto. El agua va a seguir siendo la misma pero la población va a crecer y los usos se multiplicarán, porque cada vez hay mayor demanda, cada vez hay más actividades que la necesitan. Ese es un tema difícil.

Una ley compleja

Los detractores de la ley repiten que es difícil aplicarla. ¿Cuál es su opinión?

Esta es una ley compleja, que tiene algunas dificultades para su aplicación, pero no es un problema exclusivo nuestro, hay países que llevan muchos años tratando de implementar una ley de estas características, porque no es sencillo, es difícil. Nosotros tenemos una ciudad diseñada y sobre eso hay que ver cómo vamos ordenando ese territorio, no es que vamos a empezar de cero. Por ejemplo, tenemos problemas graves con el transporte, porque la ciudad está diseñada; el transporte es un ordenador del territorio, pero la ciudad ya está y las calles ya están. También existe la posibilidad de hacer nuevas vías de comunicación como autopistas, pero eso es a largo plazo y el problema lo tenemos hoy, entonces hay que empezar a resolverlo con lo que tenemos. Ahí está el aporte que pueda dar la universidad, los estudiosos, especialistas de todas las universidades, los organismos científicos, pero la decisión no está en nosotros sino en aquellos que están en unidades políticas. Toda actividad se viabiliza a través de la política, es el medio para que las cosas se puedan hacer. Si no tenemos el apoyo del sector político es muy difícil implementar y llevar adelante las distintas acciones, por eso valoramos el hecho de que en su momento la militancia de esta ley la tomó el gobierno de la provincia y logró que se aprobara. Ahora, en la implementación de estos planes de ordenamiento, es el Gobierno quien lo implementará, aunque la universidad colaborará, aportará todo su conocimiento.

¿Cuál es el rol de los ciudadanos? ¿Comprenden la importancia de esta problemática?

Creo que toman conciencia cuando les afecta en temas particulares. Por ejemplo, el tema que más les afecta pero no lo relacionan con el ordenamiento territorial es el transporte. Cuando se construyen nuevos barrios se dan cuenta de que están alejados, no tienen una planificación, no pueden conectarse fácilmente, entonces ahí lo sufren y pueden llegar a entender. Creo que los ciudadanos, no todos pero sí la mayoría no tienen la menor idea lo que es el ordenamiento, pese a que hay publicidad. Se ve en los diarios, pero no hay todavía en la población una conciencia de lo que es el ordenamiento en su conjunto. Creo que a todo el tema del ordenamiento hay que darle amplia difusión. Por eso la universidad va a colaborar, tratamos de salir de nuestro ámbito académico, pero creo que falta que el ciudadano entienda la importancia de estos planes y que también participe, porque hay que entender que esta es una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades. Estas tienen una responsabilidad mayor, pero nosotros como ciudadanos debemos, por ejemplo, cuidar las acequias, no derrochar agua, cuidar que no haya actividades contaminantes. Hay un montón de responsabilidades que tenemos como ciudadanos y que pensamos que las tiene que cumplir otro.