La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde el año 2010 investiga los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por el franquismo, aceptó la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La decisión de la magistrada argentina de dar cabida a esta investigación judicial coincide con el 80.° aniversario del asesinato del poeta nacido en Fuente Vaqueros (Granada) y ocurre tras el hallazgo de documentos que la Asociación mantenía en custodia.

Servini de Cubría remitió un exhorto a la Justicia española en el que solicita que le sean enviadas copias certificadas de documentos relativos a García Lorca de la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada. El caso del poeta ha sido incorporado así a la causa que lleva adelante Servini de Cubría, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo entre julio de 1936 y junio de 1977.

La denuncia por la desaparición de García Lorca fue presentada en abril pasado. En ella se hace mención al documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada, del 9 de julio de 1965. Ese documento señala, según la querella, que Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como “socialista y masón”. También apunta a “prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi ”.

Según el documento, en agosto de 1936, García Lorca se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes desde Madrid, ciudad en la que residía, y en el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio. Tras esos registros, Lorca se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho. Allí permaneció hasta su detención, que el documento en cuestión sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936, semanas después del golpe de Estado contra la II República. 

García Lorca fue sacado “por fuerzas dependientes del Gobierno Civil” y conducido en un coche al término municipal de Víznar junto a otro detenido y, en inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, “fue pasado por las armas”. Servini investiga los crímenes del franquismo desde el “principio de jurisdicción universal”, que tiene rango constitucional en Argentina y da potestad a la Justicia de investigar crímenes de lesa humanidad que no sean perseguidos en la jurisdicción donde ellos ocurrieron.

“Nos parece un gran paso y sabemos que la Justicia argentina cuenta con mucha experiencia en este tipo de investigaciones, ya que, lamentablemente, tanto el pueblo español como el argentino han sufrido las mismas penas: el terrorismo de Estado, la tortura y la desaparición”, sostuvieron desde la agrupación Círculo Podemos de Buenos Aires, que avaló la decisión de Servini.