Mucho se ha hablado acerca de la adhesión de nuestra provincia a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación. Esta guía establece un protocolo de acción para los efectores de salud al momento de atender  a las mujeres que se encuentren en cualquiera de los supuestos enunciados por el artículo 86 del Código Penal. Se trata de una herramienta para que cualquier mujer gestante, cuya vida o salud esté en riesgo o cuyo embarazo sea producto de una violación, pueda solicitar la interrupción de ese embarazo en cualquier hospital público y recibir atención de la mejor calidad posible si así lo ha decidido.

Se han escuchado voces de numerosos profesionales de distintas áreas, hablando en contra de la adopción de esta guía. La discusión ha sido deliberadamente desviada hacia la legalización del aborto, cuando en realidad se trata del cumplimiento de la ley vigente desde 1921, que contempla los casos de aborto libres de pena.  Escuchamos estos argumentos que se dicen “laicos”, “científicos” y “objetivos”. Los oímos decir que este no es un debate político ni legal, con el objetivo de introducirnos en un infinito debate de “vida sí/vida no”. Observamos cómo se invisibiliza a las mujeres cuya vida o salud podría estar en juego, que representan la mayoría de los abortos no punibles que se realizan en nuestra provincia, y cómo se ignoran los derechos, los deseos y la autonomía de la víctima de violación. 

Lo cierto es que algunas de las voces más escuchadas en  este tema son las voces de los médicos. Médicos formados según el modelo biomédico, que tienden a argumentos meramente fisiológicos, que reducen a la persona a su genoma, que omiten o subestiman factores culturales, sociales, y psicológicos. Médicos que niegan su subjetividad, que niegan la injerencia de procesos sociales e ideológicos en su práctica profesional, en su formación y en los conocimientos que manejan. Médicos que ignoran los procesos políticos en los que están inmersos. Médicos que, además, tienen un rol legitimador, cuyas opiniones se utilizan para justificar acciones políticas que, en realidad, se basan en posturas religiosas y  convicciones morales. 

Es por eso que escribimos esta carta. Porque como médicos jóvenes y estudiantes de medicina creemos que tenemos una profunda responsabilidad para con las mujeres. Porque creemos que, quienes tendremos que dar una respuesta a las mujeres violadas o cuya vida o salud esté en riesgo y por eso deseen interrumpir un embarazo, seremos, en última instancia, nosotros. Reconocemos una profunda falencia en nuestra formación biologicista, y que nuestro accionar está profundamente marcado por lo social y lo político, por nuestras convicciones morales y nuestras ideologías personales. Pero, a la vez, estamos convencidos de que lo antedicho no puede, ni debe, perjudicar jamás a nuestros pacientes, o resultar en la violación de un derecho, ni en el no respeto a su autonomía. Estamos convencidos de que negar un aborto a estas mujeres y niñas en situación de profunda vulnerabilidad, no sólo es ilegal, sino que es violencia de género. 

La no adopción de esta guía no cambiará el código penal, ni evitará las violaciones. Su adopción no obligará a nadie a abortar, ni a practicar un aborto; no aumentará el número de abortos ni significará menos apoyo a las mujeres que decidan continuar un embarazo. Por el contrario, la no adopción de esta guía significará un perjuicio a la calidad institucional de nuestra provincia. Implicará dejarnos a los profesionales de la salud sin una herramienta de trabajo fundamental, al negársenos la información técnica necesaria. Además, se nos quitará la seguridad jurídica para hacer tranquilos nuestro trabajo ¿Cómo sabremos cuáles son nuestros deberes y derechos a la hora de atender estas pacientes? Continuaremos sin hablar de aborto no punible durante nuestra formación. La falta de información clara y concreta se traducirá en miedos e inseguridades al momento de ejercer y, en el peor de los casos, en consecuencias legales para los médicos y/o perjuicios para la salud de las mujeres, revictimizándolas y profundizando desigualdades sociales y de clase. Las consecuencias más graves las padecerán, una vez más, las mujeres y niñas más pobres, que tendrán que vagar de un hospital a otro en busca de soluciones; que quizá tendrán que soportar las presiones de grupos fundamentalistas, numerosas violaciones  a su intimidad y su autonomía, judicializaciones innecesarias; que se expondrán a que se les niegue un tratamiento médico por estar embarazadas, o a que incluso algunos de nuestros colegas decidan lucrar con sus necesidades. 

Escribimos esperando que nuestros representantes se aseguren de que, en nuestra provincia, el derecho a la salud de las mujeres y las niñas sea respetado. Además, invitamos al resto de la ciudadanía a acompañar este reclamo el día martes 11 de diciembre, cuando nos concentraremos frente a la legislatura provincial durante el tratamiento de la Ley de Adhesión a la Guía por el Senado provincial.  

Mariana Moncunill

DNI: 35506258

Número de Registro FCMed: 11947

Muriel Aime Millar

DNI: 34607240

Número de Registro FCMed: 11945

Julieta Marcela Maure 

DNI 35927049 

Número de Registro FCMed: 11840

Fernando Nicolás Marquez Rodriguez 

DNI 33591809 

Matricula 11476