La pandemia acentuó la falta de acceso a derechos básicos de los pueblos originarios

Sociedad

El informe confirmó que existen múltiples problemas y obstáculos para el proyecto de un registro nacional, principalmente por enormes vacíos de información en 19 de las 24 provincias.

En relación a las jurisdicciones que poseen datos, el estudio indicó que les falta realizar un trabajo cooperativo de compatibilización de los registros. Asimismo, existen limitaciones para el acceso público a información en forma desagregada y a datos abiertos, útiles para su uso académico y por parte de organizaciones de la sociedad civil, aspecto que aplica sobre todo a los registros judiciales, pero también a los de organismos de control a los que solo se puede acceder a través de la publicación anual de informes.

Gustavo Palmieri, que integra el CNPT como comisionado, dijo a Télam: "Sólo las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, al igual que el sistema federal, tienen un registro actualizado de casos de torturas y malos tratos. Una práctica muy extendida, con situaciones muy repetidas y en algunos casos muy graves".

Otras jurisdicciones, como Entre Ríos y Chubut, también dispusieron la creación de un registro de torturas y malos tratos, aunque en el primer caso –objetó el CNPT– falta sistematizar la información en una base de datos.

Otras tareas necesarias tienen que ver con la falta de acceso a datos públicos de gestión judicial y la ausencia de sistematización interna que permita identificar casos judiciales de tortura.

Estas limitaciones no tendrían que ver con una simple incapacidad operativa sino que son constitutivas de una estructura de funcionamiento anquilosada. Al mismo tiempo, esto se vincula con un problema político y cultural, que incluye prejuicios hacia las víctimas y que se traduce en la escasa prioridad que se le da al tratamiento de casos de tortura y malos tratos, señaló el informe.

Mujeres y colectivo LGBTIQ+

El estudio identificó una debilidad "muy grande" en la producción de información cualitativa sobre las lógicas de las torturas y malos tratos que victimizan específicamente a mujeres y a los colectivos LGBTIQ+.

El abordaje puramente cuantitativo de la problemática da cuenta de que la inmensa mayoría de los casos denunciados (de manera oficial o extraoficial) tienen por víctimas a varones y que, en general, esto se asume como coherente con el hecho de que la gran mayoría de las personas privadas de su libertad son varones también. Sin embargo, la hipótesis es que este tipo de abordaje podría estar invisibilizando dificultades específicas de mujeres y diversidades para realizar las denuncias, y no permite observar los modos en que se ejercen torturas y malos tratos hacia estas poblaciones y las vulneraciones específicas que sufren.

Un registro nacional, una deuda pendiente

En la presentación también intervino el diplomático de origen checo Jan Jarab, representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH., que recordó que el Comité contra la Tortura de la ONU planteó varias veces que la Argentina tenía pendiente la realización de un registro nacional de casos de tortura y malos tratos.

En tanto, el secretario ejecutivo del CNPT, Alan Iud, explicó que uno de los objetivos centrales del registro es "medir y evaluar al Poder Judicial" de las distintas provincias para relevar su capacidad de respuesta "ante las torturas que se denuncian", como también ante "aquellas que no se denuncian pero que igual debe investigar".

Sobre ese punto, Iud advirtió que en muchas jurisdicciones constataron una "inadecuada tipificación de los casos de tortura" por parte de la Justicia, lo que demostró la necesidad de establecer "un abordaje específico para víctimas y testigos" de ese tipo de hechos.

El informe

La presentación de este informe se realizó por medios electrónicos y fue encabezada por el exsenador nacional por Misiones Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, y Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También asistieron Alan Iud, secretario ejecutivo del CNPT; Lucía Camardon, directora de Producción y Sistematización de información del CNPT, y Manuel Trufó, director del área de Justicia y Seguridad del CELS.

"Combatir la impunidad es una de las formas más eficaces de prevenir la tortura y para eso necesitamos un sistema nacional de recolección de información y sistematización nacional de denuncias", destacó Irrazábal en la apertura de la jornada. Además, el presidente del CNPT mencionó la importancia de "unificar criterios metodológicos" para relevar casos y denuncias de tortura, y convocó a los organismos estatales y organizaciones civiles a "socializar los datos" en pos de "prevenir y visibilizar" las situaciones de violencia institucional.