Los laberintos burocráticos afectan a todos los poderes del Estado. Los más perjudicados en la cadena son, al final, los ciudadanos. En este caso, el Poder Legislativo ha demorado la sanción de una ley que modifica el Código Procesal Penal de Mendoza y que podría haber acelerado –o por lo menos, clarificado– el caso de Johana Chacón.

El pasado miércoles 19 de abril se confirmó que la Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos, Xumek, se constituiría como querellante en el juicio de Johana Chacón, la adolescente que está desaparecida desde el 4 de septiembre de 2012. Ante la noticia, Pablo Salinas –abogado especialista en derechos humanos y representante de la organización– explicó que hacía aproximadamente un año que habían solicitado ser querellantes.

El letrado comentó que hicieron ese pedido junto a la abogada Viviana Beigel porque Silvia Minoli, la exdirectora de la escuela Virgen del Rosario y referente en la lucha por los casos de Soledad Olivera y también de Johana Chacón, recurrió a ellos después de que Mariano Luque, único imputado por ambos casos, fuera absuelto en el primer juicio por Soledad Olivera, el 8 de septiembre de 2015.

Pablo Salinas, abogado de Xumek. Foto: Archivo Axel Lloret.

Según lo que Salinas había relatado, preocupada por la pasividad de la Justicia ante las desapariciones de dos jóvenes mujeres de Lavalle, Minoli se asesoró con los abogados de Xumek y, junto con ellos, solicitó presentarse como querellante particular para el caso de Johana. Sin embargo, fueron rechazados por el fiscal de la causa, Santiago Garay. Salinas y Beigel apelaron esta decisión y finalmente, hace casi una semana, fueron aceptados en ese rol, pero Minoli no tuvo la misma suerte.

Sin embargo, Salinas explicó que todo lo que ellos expondrán cuando se realice el juicio será respondiendo a Minoli, y que ella será quien les facilite a ellos todas las pruebas que crea pertinentes. La mujer fue la primera en movilizarse, junto a otras docentes de la escuela que dirigía, cuando Johana desapareció. Fue entonces cuando se enteró de que Soledad Olivera, cuyos hijos también asistían al establecimiento escolar, había desaparecido casi un año atrás, el 18 de noviembre de 2011.

Para facilitar la constitución de Xumek como querellante del caso Chacón, Salinas y Beigel impulsaron a través de Juan Carlos Jaliff y Claudia Najul –senador y exsenadora de la Unión Cívica Radical (UCR) respectivamente– un proyecto de ley que permita a las organizaciones de derechos humanos ser querellantes en casos judiciales de violaciones graves a estos derechos y de femicidios.

Esta iniciativa está formada por un solo artículo y fundamentada en que es un derecho ya establecido en el Código Procesal Penal (CPP) de la Nación, por lo que rápidamente obtuvo sanción inicial en el Senado el 20 de septiembre de 2016. Seis días después, según confirmaron desde la oficina de prensa de Diputados, el proyecto ingresó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara Baja. Aún sigue ahí.

El presidente de esa comisión, el diputado Jorge Albarracín (de la UCR), argumentó que aún no se ha tratado el proyecto por dos motivos: el primero es que pretenden discutirlo junto con otros que también modificarían el CPP de la Provincia; el segundo, que han tenido otras iniciativas más urgentes que tratar.

Sin embargo, si se hubiese considerado ese proyecto como un tema “urgente”, quizás Xumek habría podido constituirse como querellante en la causa de Johana Chacón antes de que cerrara la investigación fiscal, hecho que sucedió el pasado 7 de abril. En esos seis meses desde septiembre a esa fecha, el fiscal se habría visto obligado por la ley a aceptar la solicitud del organismo y este hubiera podido presentar pruebas que aportara Minoli, quien ha sido la “visibilizadora” del caso y quien lo ha seguido más de cerca.

Esas pruebas que Xumek pueda aportar las podrá dar durante el juicio, y el tribunal podrá realizar investigaciones y pedir testigos extra. No obstante, la justicia por Johana Chacón se seguirá demorando, cuando la investigación podría haber sido mucho más ágil y más completa con ese proyecto de ley que aguarda su tratamiento y sanción en la Legislatura.
 

Fundamentos del proyecto

La iniciativa legislativa presentada por Jaliff y Najul pide modificar el artículo 10 de la Ley Provincial 6730, que es –en otras palabras– el Código Procesal Penal de Mendoza. Ese inciso establece la figura del querellante en las causas judiciales y la reforma propuesta por los legisladores sólo le agregaría el siguiente párrafo:

“Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen femicidios y graves violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados”.

En el documento escrito presentado por los senadores, se fundamenta la modificación bajo los siguientes argumentos, entre otros:

• La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y, en este sentido, “el femicidio es el más grave delito que implica una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

• El artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación ya contempla esta norma.

• “Resulta de fundamental importancia ampliar las facultades del querellante para los casos de femicidios y de graves violaciones a los derechos humanos, permitiendo que asociaciones civiles o fundaciones, que en sus estatutos tengan por objeto la defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos, puedan adquirir el rol de querellante particular y colaborar en el impulso de las investigaciones penales en estos hechos que afectan a sectores de altísima vulnerabilidad”.

El juicio por Johana Chacón está pendiente y el único imputado es su excuñado, Mariano Luque. El delito por el que se lo acusa es por homicidio simple. Uno de los pedidos que hará Xumek en el juicio oral será que se cambie la carátula por femicidio.