El lugar que la religión debe tener en la vida pública es un tema de constante debate en Mendoza, especialmente desde que, durante las últimas gobernaciones, se siguió una tendencia ya definida por los gobiernos nacionales más conservadores. Según esta dirección, no solo lo religioso fue ganando espacios sino que se dio a las tradiciones católicas una preponderancia incompatible con la democracia.

El Encuentro Laicista de Mendoza (ELM) trabaja para revertir esta tendencia. Se trata de un colectivo integrado por diferentes organizaciones: Agrupación Marrón “Maestra Silvia Núñez” (SUTE), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (filial San Rafael), la Asociación Civil 20 de Septiembre, la Biblioteca de la Memoria “Jaime de Nevares” (Malargüe), el Colectivo La Hidra de Mil Cabezas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (filiales Mendoza y San Rafael) y la Sociedad Humanista-Ética Argentina “Deodoro Roca”. Sus objetivos son: la secularización del calendario y de los espacios públicos, el respeto a los derechos humanos y las libertades de pensamiento y conciencia, y la garantía de la laicidad en el ejercicio político cotidiano.

La lucha por la laicidad es difícil en Argentina en general, y en Mendoza en particular, ya que desde 1930, sucesivos gobiernos nacionales, tanto democráticos como golpistas, se han abocado al borramiento de las huellas del liberalismo político que fundó nuestro país. Como sostiene una declaración reciente del ELM: “Argentina es un país laico porque nuestra carta magna, en su art. 75 (inc. 22), adhiere expresamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuatro tratados internacionales de primerísimo orden que consagran de manera categórica los principios de libertad de pensamiento y conciencia, la igualdad de trato y la no discriminación; garantías fundamentales que son, a todas luces, incompatibles con el confesionalismo”. 

La recreación de la historia argentina desde una concepción nacionalista católica ha sido exitosa a tal punto que, para muchas personas, la diferencia entre lo religioso y lo público se vuelve invisible y se naturaliza el hecho de que lo católico tenga un lugar de privilegio sobre otras religiones, en un país que no solo nació con la impronta liberal ya referida, sino que además se fue nutriendo, a lo largo de su historia, de las diferentes cosmovisiones aportadas por pueblos originarios y corrientes migrantes.

Dos elementos siguen gravitando en la vigencia de este privilegio religioso. Uno es la confusa redacción del artículo 2 de la Constitución Nacional, que no fue alterado en las sucesivas reformas. Explican desde el ELM: “Y aunque es lamentablemente cierto que nuestra carta magna, en su art. 2, prescribe que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, tanto la doctrina constitucional en su mayor parte (…), como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…), han interpretado dicha prescripción (…) como mero subvencionamiento, tirando por tierra, de esa forma, las retrógradas pretensiones de juridicidad del integrismo católico”.

El otro obstáculo a una laicidad que respete la pluralidad y la libertad religiosas como un asunto privado, ajeno al espacio público y a la vida política, es el peso de la tradición. Tal como sostienen desde el ELM: “El catolicismo romano –con independencia de la valoración personal que se tenga de él– ha incidido, y mucho, en la conformación histórica de la cultura y la identidad argentinas. (…) muchas antiguas tradiciones de este país tienen su origen en creencias y prácticas de dicha religión. 

"Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es si la «tradicionalidad» de una práctica cultural –es decir, su antigüedad o raigambre histórica– es razón suficiente para mantenerla en el presente. Pensamos que no. El integrismo católico, en su afán de justificar la persistencia del confesionalismo en la Argentina, suele apelar a lo que en lógica se designa argumentum ad antiquitatem («argumento de antigüedad»), falacia medular del pensamiento conservador que consiste en afirmar –como hiciera el británico Edmund Burke, el célebre crítico de la Revolución Francesa– que todo aquello que es tradicional o viene de antiguo es intrínsecamente bueno y debe ser preservado. 

"¿Cuál es el problema con este argumento? Que si se lo da por válido, habría que aceptar innumerables violaciones a los derechos humanos: el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la tortura, el imperialismo, la violencia de género, el terrorismo de Estado, la esclavitud, el genocidio, etc., dado que todas estas prácticas culturales tienen tras de sí una dilatada trayectoria histórica. (…) Se impone por lo tanto, a fin de no caer en el «vale todo» del relativismo cultural, la necesidad de discernir entre tradiciones deseables e indeseables, entre tradiciones compatibles con la civilidad y la convivencia democrática, y tradiciones que no lo son (…) mediante una reflexión ética racional de amplias miras humanísticas”.

Federico Mare es uno de los referentes del ELM y critica especialmente el lugar de privilegio que la Dirección General de Escuelas (DGE) ha dado nuevamente, en el calendario 2013, a ciertas celebraciones católicas. “Sería bueno, por ejemplo, que la DGE consultara al respecto al constitucionalista Carlos Lombardi, profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho (UNCuyo). Si lo hiciera, se daría cuenta de cuán desacertada ha sido la confección del calendario escolar 2013, en el que han incluido por enésima vez, entre los actos escolares (hablo de colegios de gestión estatal), los días del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo. 

"La laicidad no se reduce a la ausencia de catequesis en el diseño curricular de la educación pública. Tiene que ver también con aspectos varios que hacen a la cultura escolar del sistema educativo público: la no presencia de símbolos religiosos en las aulas y los patios, la no reproducción de prácticas confesionales (como el rezo de acción de gracias durante los refrigerios) y también, como dije, la no celebración de festividades del santoral católico”.




No se trata de una persecución al catolicismo sino de la necesidad de garantizar una vida política alejada de las confesiones y, a la vez, el respeto igualitario a las distintas religiones que se practican en Argentina (judaísmo, islamismo, protestantismo, budismo, confucianismo, taoísmo, etcétera) así como a los posicionamientos irreligiosos (indiferentismo, deísmo, agnosticismo, ateísmo). Concluye Mare: “El Estado argentino es laico y no debe privilegiar a ningún credo, sea mayoritario o no. Laicidad no es solamente libertad de conciencia, como afirman interesadamente los sectores integristas, sino también igualdad de trato”.