El Anuario Estadístico de Educación muestra el crecimiento relativo de la matrícula en establecimientos de gestión privada, pasando del 22,7 % en el 2003 al 25,7 % en 2011. Por su parte, el mercado educativo privado ha estado atento a los cambios sociales y educativos, registrando las búsquedas de las familias según el origen social y elaborando respuestas institucionales variadas para los distintos sectores sociales (Del Cueto, 2004/Svampa, 2005). El cuadro de situación se completa con el accionar del Estado: “Las subvenciones (fondos públicos transferidos a escuelas privadas para financiar parte o todo el gasto en sueldos docentes) alcanzan en la actualidad al 68 % de las primarias privadas del país” (Bottinelli, 2013).

Varias son las hipótesis de los autores para explicar estos datos. Desde nuestra línea de investigación en desigualdades sociales y educativas abordamos la relación entre familias, escuelas y políticas educativas en establecimientos que recibían a distintos sectores sociales. Reconocimos que los padres de sectores populares “eligen” la escuela primaria atendiendo a la cercanía al domicilio y, si bien aceptan la oferta pública de educación, cuestionan sus falencias. Las familias de sectores medios que en algún momento ocuparon posiciones sociales con prestigio y reconocimiento social (profesionales y pequeños propietarios) buscan asegurar una reproducción exitosa del capital cultural familiar. Las familias de sectores medios-altos buscan instituciones que garanticen a sus hijos la socialización entre iguales y el desarrollo personal. Luego, focalizamos la investigación en escuelas a la que asisten las poblaciones “de los extremos de la estructura económica” (o casi) de la ciudad de Mendoza. Encontramos que las búsquedas son orientadas a cubrir necesidades tipificadas como semejantes pero con contenidos y condiciones materiales totalmente desiguales y que generan subjetividades distintas. Mientras que para algunos la inseguridad es que “no lo baleen en el barrio”, en otras es que “no me secuestren a mi niño”; mientras que para unos el tema de la educación pasa por “aprender”, en los otros pasa por conocimientos para poder competir y lograr la “distinción”; mientras que para unos es “sobrevivir en un espacio protegido y salir del encierro social”, para otros es la posibilidad de “un cierre social”. Ambos buscan solucionar el problema de cuidado y alimentación con jornadas extendidas, pero para unos están los “comedores escolares” y para otros los “restaurantes”.

Mientras los sectores populares dependen fuertemente de las ofertas de las escuelas públicas y programas sociales, los sectores medios y altos lo hacen potenciando los rasgos del estilo de vida privilegiados, propiciando sus valores, una red de refuerzo entre lo que requiere la familia, lo que proponen las escuelas privadas y, en algunos casos, contando con el subsidio público. Las familias “leen” la realidad con las posibilidades o límites culturales y económicos de que disponen y comienzan la búsqueda de escuela para sus hijos en el marco de un sistema educativo desigual, pulverizado en “fragmentos”. Aquí es donde el rol del Estado es central. Registramos que la llamada “integración social/democratización” que operó hasta promediar la década del 80 quedó eliminada del discurso y la utopía educativa, mientras que la “inclusión de los excluidos” en las instituciones escolares se transformó en la nueva formulación que naturaliza la desigualdad. Pareciera que el Estado se posicionara como simple semáforo que permite y facilita que los caminos escolares se fragmenten y paralelicen cada vez más entre las clases sociales.